Proteger la salud y la vida en el trabajo por encima de la productividad y la ganancia | Mauricio Torres-Tovar[1]
En homenaje a las víctimas, tanto vivas como muertas, de un sistema de producción que tritura los cuerpos y los espíritus de quienes producen la riqueza de la nación[2]
Las noticias de muertes de origen laboral son hechos comunes y cotidianos en Colombia, lo cual las naturaliza e insensibiliza a la sociedad frente a este tipo de tragedias.
Basta mencionar unos últimos casos, de una enorme lista tragedias laborales: la muerte de 21 obreros de la construcción ocurrida en Cartagena el 27 de abril de este 2017, producto del colapso del edificio que estaban construyendo; la muerte de 13 mineros por la explosión en una mina de carbón ubicada en el municipio de Cucunubá del departamento de Cundinamarca el día 24 de junio igualmente de este año.
Las cifras hablan
Las cifras con que se cuentan en materia de riesgos laborales en Colombia, que solo hacen referencia a la dinámica que ocurre en la economía formal[3], refieren a una situación de desprotección en materia de salud y seguridad en el trabajo, lo cual se refleja en indicadores de accidentalidad, enfermedad, discapacidad y muerte producto de las condiciones en que se labora.
La tasa de enfermedad laboral pasó de 24,9 x 100.000 trabajadores afiliados en el año 2000 a 127,9 en el 2008; la tasa de accidentes de trabajo pasó de 3,78 x 100.000 trabajadores afiliados en el año 1994 a 7,62 en el 2011. Así mismo, en 2015 se reportaron 723.836 accidentes en el trabajo, es decir 2.050 por día, y dos personas murieron al día por enfermedades o accidentes laborales[4].
Al analizar el comportamiento de esta situación en el periodo de 2005 a 2016 se identifica que se diagnosticaron 94.280 enfermedades de origen laboral y que ocurrieron 6.281.340 de accidentes de trabajo, de los cuales 7.458 fueron letales, lo que ha significado un promedio de 621 muertes al año por causa de las condiciones en que se labora[5].
Adicional a esta problemática se encuentra otra, asociada al hecho que muchos de estos eventos no son calificados de origen laboral. ¿Qué hace un trabajador que se ha accidentado o enfermado producto de su trabajo, que ha perdido su capacidad para laborar y al cual no se le reconoce esta patología, ni se le protege en sus aspectos económicos, laborales y de derechos a su salud y seguridad social? ¿Qué hace un trabajador que ha quedado con incapacidades permanente importantes y pierde su trabajo? ¿Quién va a contratarlo de nuevo? ¿En qué condiciones de vulnerabilidad quedan las familias de estos trabajadores con discapacidad o de los que mueren?
Esta situación de no reconocimiento del origen laboral de estos eventos en salud se ha profundizado en Colombia y ha llevado a la aparición desde el año 2006 de un conjunto de asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos por el trabajo que reclaman sus derechos laborales, de salud y seguridad social. A la fecha son 16 las asociaciones de este tipo las existentes en el país.
Desprotección de la salud y la vida en el trabajo
Estas cifras de eventos de salud de origen laboral, son solo la punta del iceberg, que reflejan la falta de políticas y mecanismos en el trabajo, que efectivamente protejan la salud y la vida de las y los trabajadores.
Se puede decir, que son dos lógicas en lo fundamental, la base de este iceberg de la desprotección de la salud en el trabajo.
De un lado, la lógica empresarial de la productividad. Al empresariado la variable central que le interesa es la de la productividad, entendida como producción de mayores unidades de producto o actividades en menor tiempo. Claro, esto porque ahí está la fuente central de la acumulación y la ganancia, a través de un mayor despojo de trabajo. Y se hace en condiciones laborales precarizadas y altos ritmos de trabajo, lo cual lleva a deteriorar, accidentar, enfermar y morir al trabajador. Es decir, la lógica de la productividad subordina la lógica del cuidado de la salud de los trabajadores.
La otra, es la lógica del sistema de protección que tiene el país en riesgos laborales (que se denomina Sistema General de Riesgos Laborales) en donde lo central es que los trabajadores estén afiliados, sin importar que realmente se impulsen acciones de promoción de la salud en el trabajo y de prevención de accidentes y enfermedades laborales. Acá la lógica también está orientada por el interés de acumulación y ganancia. Entre más afiliados haya, más dinero le entran a las aseguradoras de riesgos laborales (ARL), pero sin una inversión importante en promoción y prevención, pero si en dispositivos y procesos que lleven a negar el origen laboral de estos eventos. Es decir, la lógica del aseguramiento privado subordina la lógica del cuidado de la salud de los trabajadores.
¿Cómo avanzar en una real protección de la salud en el mundo del trabajo?
En Colombia el revertir esta desprotección de la salud en el mundo del trabajo debe ser un propósito ético de la sociedad y una responsabilidad indelegable de los sectores directamente involucrados con el trabajo
La sociedad debe desnaturalizar el hecho de la muerte y la accidentalidad en el trabajo. La sociedad no puede aceptar, por ejemplo, que es normal que mineros o trabajadores de la construcción mueran por sus labores.
Los propios trabajadores y trabajadoras deben ser los actores protagónicos de la defensa de su propia salud y vida en el trabajo, lo que les demanda avanzar en procesos de educación e investigación en esta materia, que permita fortalecer los procesos de organización y acción, que les de capacidad política para revertir las relaciones de poder que impiden que se desarrollen plenamente los mecanismo de protección de la salud en el mundo del trabajo.
La institucionalidad gubernamental debe desarrollar políticas públicas que efectivamente pongan el énfasis en la promoción y prevención y no en el aseguramiento de los trabajadores en riesgos laborales. Esto hace urgente, que la orientación de la política pública retorne a un enfoque de salud pública en materia de salud laboral, que permita atender al conjunto de la población laboral, tanto formal como informal.
Y por su lado el empresariado, que es actor responsable en esta materia, tendría que ser puestos en cintura, tanto por la acción de los trabajadores, como de la institucionalidad pública, para que desarrollen una gerencia y una política empresarial que efectivamente proteja la salud en el trabajo. El empresariado no puede seguir impune frente a sus responsabilidades en la muerte y discapacidad de las y los trabajadores.
Se requiere de muchos cambios
El Sistema General de Riesgos Laborales lleva en el país en operación 23 años y muestra sus enormes limitaciones en cobertura[6] y en materia de evitar la aparición de accidentes, enfermedad y muerte en el trabajo, lo que demanda enorme cambios en múltiples esferas. Solo mencionare acá, de manera muy taquigráfica las que me parecen más relevantes:
Se requiere un sistema de información, serio, consolidado, de carácter público manejado por el Ministerio de Trabajo (no por el gremio de las ARL que lo hace privado), que dé cuenta lo que pasa en materia de salud laboral con toda la población trabajadora, formal e informal y que oriente las decisiones en materia de investigación, de políticas públicas y empresariales y de la acción sindical.
Una real inspección, vigilancia y control de los sitios de trabajo, que debe tener como actor principal a los propios trabajadores/as, no de otra forma es posible hacer esta labor en todos los sitios en donde se labora (el país cuanta con 1.000 inspectores de trabajo para 650.000 empresas). La figura de delegados sindicales en salud y seguridad industrial, implementada en varios países, puede ser muy útil.
Una formación médica en el pregrado que le de herramientas suficientes al médico/a general para que identifique y diagnostique la enfermedad laboral; y en el posgrado generar escenarios de formación de médicos del trabajo, que no existe en el país. Y una amplia formación a la población laboral en materia de protección de su salud.
Impulso a procesos de ciencia, innovación y tecnología que atiendan los diversos problemas de exposiciones que generan los procesos laborales que contaminan y enferman tanto a los trabajadores como a las comunidades. Para esto se requiere que efectivamente en la Universidades hayan recursos que les posibiliten desarrollar investigación en este campo de la relación entre trabajo, salud y ambiente (un ejemplo es la necesidad de investigar en Colombia cómo impactan la salud de los trabajadores y de las comunidades la presencia de mercurio, plomo, cromo, asbestos o benceno en los procesos industriales o el uso de agroquímicos en la labor agraria).
La regulación de los procesos de diagnóstico y de calificación del origen de los eventos de salud y pérdida de capacidad laboral, para que las no se den a favor de los intereses de las ARL, ni de los empresarios, guardando el debido nivel ético en las decisiones.
Impulso a reales sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo en todas las empresas y sitos de trabajo, que vayan más allá del papel y que de manera seria y comprometida generen condiciones de trabajo que no deterioren la salud de los trabajadores y si por el contrario potencien al trabajador y le generen bienestar.
Eliminar la diferencia absurda en el tipo de tratamiento entres el evento de salud de origen común y el de origen laboral, en tanto para una persona las consecuencias en su salud son las mismas independiente del origen del evento. Esto demanda un sistema de salud y protección integrado, que atienda a toda la población laboral, formal e informal, urbana y campesina, afro e indígena y que la proteja en los planos laborales, económicos, de salud y seguridad social en igualdad de condiciones.
Por último, el actual contexto de acuerdos de paz debe permitir subsanar la deuda histórica que se tiene con la población del campo y uno de los aspectos a desarrollar debe ser una política real de protección de la salud y la vida de los campesinos en su ejercicio de cultivo de la tierra, a través de un nuevo modelo de desarrollo agrario que permita dignificar sus condiciones de trabajo y que torne seguras y sanas las formas de cultivar, para evitar que el sector agrario siga siendo uno de los sectores con más mortalidad laboral en Colombia.
Réquiem
Esta fecha del 28 de julio no debe convertirse en una fecha más de esas que terminan siendo vacías y pierden su sentido original. Rendir homenaje a los trabajadores que perdieron la vida en la tragedia del Guavio, implica parar el rosario de muertes de trabajadores que se sigue dando en el país, asunto que solo será posible cuando los trabajadores efectivamente se movilicen en la defensa de su salud y conminen a la institucionalidad gubernamental y al empresariado a que desarrollen políticas públicas y empresariales que efectivamente coloquen el acento en la vida y la salud y no en la acumulación y ganancia.
- [1] Médico, Especialista en Salud Ocupacional, Master en Salud Pública. Profesor Asistente, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.
- [2] El 28 de julio fue declarado como el día nacional de la salud y la seguridad en el mundo del trabajo como homenaje póstumo a los 200 trabajadores que murieron en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Guavio el 28 de Julio de 1983 y como llamado para que este tipo de tragedias no se siguieran repitiendo en Colombia.
- [3] Esto en tanto el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia solo afilia a los trabajadores formales e independientes, dejando excluidos a los trabajadores informales que son el 60% de la población económicamente activa del país.
- [4] Torres-Tovar M; Luna-García JE. Enfermedades y accidentes laborales, pandemia oculta. UNPeriódico, edición No. 208, abril de 2017.
http://www.unperiodico.unal. edu.co/dper/article/ enfermedades-y-accidentes- laborales-pandemia-oculta.html - [5] Cifras consolidadas por el colega, Doctor Juan Vicente Conde, Médico del Trabajo, a partir de información del Ministerio del Trabajo, quien gentilmente me las compartió.
- [6] Cubre cerca de 10 millones de trabajadores, de 22 millones que son la población económicamente activa. Es decir, excluyo 12 millones de trabajadores de este mecanismo de protección de los riesgos laborales.
