COMUNICADO DE LA CAMPAÑA MIGRAR NO ES DELITO

El gobierno de Mauricio Macri sigue atacando a los más débiles, no le bastó con atacar a lxs jubiladxs, ahora viene por lxs migrantes. El macrismo, tras iniciativa del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió a defender la medida de ajuste en materia de salud pública. Desde el gobierno avalaron la iniciativa convocando a un debate nacional. Así, el diputado por el radicalismo Luis Petri, parte del bloque oficialista de Cambiemos presentó un proyecto de ley que restringe los derechos de lxs migrantes en materia de salud y educación. Tras la presión y conciencia de parte del pueblo Argentino la iniciativa dio paso atrás. Este tipo de políticas son caminos directos hacia la privatización de la salud y la educación. El proyecto de ley que exige el cobro de aranceles a extranjeras y extranjeros por la educación universitaria y la atención en hospitales públicos es el primer paso en la aplicación de estas medidas al resto de la ciudadanía argentina. Un anticipo de la Cobertura Universal de Salud, CUS. El pedido de “reciprocidad” a los países de la región no contempla las diferencias entre los sistemas públicos de salud y educación de cada uno ellos. Si en la Argentina se garantiza constitucionalmente el acceso gratuito a la salud y la educación, este derecho debería extenderse al resto de países de América del Sur. No al revés. Considerar “merecedorxs” del acceso a la salud y educación públicas solamente a las y los migrantes que lograron obtener su DNI permanente, implica ignorar los procesos, requerimientos y obstáculos posibles para el acceso a esta documentación. Procesos que dependen de normas y disposiciones estatales, y no de un mayor o menor interés por parte de estas personas por «habitar el país” en forma permanente. El proyecto presentado por el diputado Luis Petri separa a lxs migrantes del resto de la sociedad argentina. Activa la xenofobia. Desde esta perspectiva, lxs argentinxs pagan con sus impuestos los gastos de lxs migrantes. Sin embargo, lxs ciudadanxs extranjerxs pertenecemos a esta sociedad. Contribuimos impositivamente al Estado argentino. Somos parte de la fuerza productiva de este país. Pero el proyecto va más allá. Escinde también a la colectividad migrante según su estado migratorio, pues afecta de forma directa a quienes no residen permanentemente en la Argentina o están en proceso de regularización. Desde la campaña “Migrar no es delito” ya fuimos testigos y victimas del Decreto 70/2017 presentado por el ejecutivo para agilizar la expulsión de migrantes. Ahora, se reviven los mitos de la escasez de recursos a partir de este proyecto. Lo repudiamos porque se trata de una política discriminatoria, inconstitucional y regresiva en materia de derechos, que desconoce el aporte de lxs migrantes, y desvía el debate social de las reales problemáticas que vive hoy la Argentina. Según datos de la Universidad Tres de Febrero, lxs migrantes en la Argentina aportamos entre 1000 y 1500 millones de pesos de IVA al año. Por tanto, sí nosotrxs aportamos día a día en la construcción del país. Vale preguntarse entonces ¿En qué aporta la bicicleta financiera de los grandes capitales transnacionales; el pago constante de la deuda externa; el recorte a las jubilados; las tierras regaladas en el sur a Lewis y Benneton, el gran gasto del Estado nacional en call-centers y trolls? Claramente, el problema está allá arriba y no acá abajo. Desde la campaña “Migrar no es delito” convocamos a sumarse y participar para defender de conjunto los derechos de lxs migrantes y el pueblo argentino en general. ¡Qué no nos mientan! ¡La pelea no es entre nosotrxs! ¡La lucha es contra quienes administran la miseria!

Lunes 5 de marzo,

12:00hs, Conferencia de prensa en la Legislatura Porteña.

15:00hs ¡Migrantazo! frente al Congreso de la Nación Argentina. ¡Migrar es un derecho humano! ¡La educación y la salud también! ¡Migrar no es delito! #NoEsReciprocidadEsXenofobia