Exigimos un Plan Provincial de Salud Mental, aumento del presupuesto para el área y rechazamos el ajuste y la precarización laboral
Los trabajadores de ATE Salud Mental de Entre Ríos impulsamos la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones y solicitamos la urgente puesta en marcha de los dispositivos que en toda la provincia sustituyan las prácticas basadas en el modelo manicomial, un modelo de atención que desde diciembre de 2010 es, además de ilegítimo, ilegal.
El presente documento constituye un escrito diagnóstico que efectuamos los trabajadores nucleados en el Departamento de Salud Mental de ATE Entre Ríos. Los miembros de este colectivo trabajamos en diferentes instituciones y dispositivos de salud mental de la provincia con diferentes realidades que en algunos casos se asemejan y en otros no; nuestro análisis intenta trascender la suma de cada uno de ellos. Procura construir una lectura integral de la política en salud mental tensando nuestras propias experiencias de trabajo con, nuestra mirada de las políticas públicas.
Conformación del Órgano de Revisión local
Una vez más, manifestamos nuestro agrado frente a la conformación del Órgano de Revisión local, hoy anfitrión de este Primer Encuentro Nacional de Órganos de Revisión, lo cual es un orgullo para todos los que transitamos la Salud Mental y bregamos por la conformación del mismo.
Nuestro escrito, intenta ser respetuoso de las diferentes realidades que hacen a los contextos de trabajo en cada institución y dispositivos de Salud Mental de esta provincia, por lo cual pretende tomar los atravesamientos comunes, pero también los singulares. No por ello cayendo en una generalidad o experiencias particulares, sino más bien, pensando en una lectura integral, en clave de Política Pública en Salud en general y Salud Mental en particular.
Derechos históricamente vulnerados y precarización laboral
Cada experiencia de trabajo en la comunidad es un paso en la adquisición de los derechos históricamente vulnerados a las personas con padecimiento mental y como nuestra situación de precarización laboral incide en los mismos. El funcionamiento de los diferentes circuitos de asistencia se sostiene fundamentalmente con la voluntad y la clínica artesanal de los trabajadores y el acompañamiento de estudiantes avanzados. Figuras como residentes, contratos de obra, concurrentes, adscriptos, pasantes, prácticas académicas, son los que sostienen asistencia que no puede continuarse en el tiempo. Lo cual obtura la calidad y continuidad de todas las prácticas para los usuarios.
Por esto pensamos en los siguientes aportes; consideramos que para defender los derechos de los usuarios e implementar plenamente la Ley de Salud Mental vigente, es necesario mejorar las condiciones laborales de trabajadores, brindar capacitación adecuada, garantizar los insumos necesarios, establecer una agenda políticas claras del área, para que estas se traduzcan en condiciones dignas de asistencia.
Bajo presupuesto para salud mental
Conocemos que menos del 10% del presupuesto de Salud Pública está destinado para salud Mental, lo que impide en muchos casos la concreción de diversas estrategias de abordaje. No se puede pensar que los derechos del usuario no son vulnerados, cuando los derechos de los trabajadores lo son. Como lo son situaciones de inequidad entre los profesionales médicos y aquellos que no lo son.
Las condiciones laborales en nuestra provincia son muy precarias en varios sentidos: salariales, contractuales, de salud, de insumos básicos, pero fundamentalmente la precariedad más importante radica en el modo en que tal o cual dispositivo se inserta, o no, en la red de salud y en la estructura administrativa de la cual depende. Al ser cada vez más escasos, por el cierre de varios dispositivos en nuestra región, trabajadores a los cuales no se les renueva el contrato dependiente de programas Nacionales y al estar tan condicionados por esta precariedad el resultado de sus intervenciones y el acceso de los usuarios y sus familias a éstos es muy reducida.
Atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva
La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 en noviembre de 2010, cristaliza décadas de lucha sostenida por diversos sectores de la sociedad civil (Usuarios y sus familias, trabajadores del campo de la salud, organizaciones sociales, de derechos humanos, ámbitos profesionales y académicos, entre otros) por terminar con un modelo manicomial discriminador y estigmatizante que arrasa con los derechos de quien padece y atenta contra su subjetividad, legitimando en su lugar “…la atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva” planteado en la Declaración de Caracas- OMS – 1990. En orden a esta Norma, recientemente adoptada por la provincia de Entre Ríos, solicitamos una política pública de Salud Mental que tenga desarrollo provincial y avance decididamente en la transformación genuina de las instituciones involucradas en todos los niveles y sectores.
Tenemos una rica historia de una Salud Mental alejada de los intereses corporativos y comprometida con las necesidades de la comunidad de la que se sabe parte, y se cuentan por cientos las experiencias de trabajadores que han construido y siguen construyendo alternativas acordes con la letra y el espíritu de la ley, mucho antes de que ésta fuera sancionada. Este es nuestro capital simbólico y experiencial en el que la implementación de la Ley puede y debe apoyarse.
Pedimos la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, y la urgente puesta en marcha de los dispositivos que en toda la provincia sustituyan las prácticas basadas en el modelo manicomial. Modelo que desde diciembre de 2010 es, además de ilegítimo, ilegal.
Por todo lo expuesto hasta aquí, nos constituimos como colectivo y proponemos:
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Ampliar la partida presupuestaria destinada para el área de Salud Mental. Acorde a los principios antes mencionados, donde los trabajadores en cualquier rol y función sean reivindicados, respetados y valorados.
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Exigimos un Plan Provincial de Salud Mental. Con lineamientos de políticas claras y especificas en esta área.
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Rechazar procesos de ajuste y reducción de Personal que signifiquen despidos y/o falta de atención a la comunidad, así como des-jerarquización y enfermedad.
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La necesidad de la conformación y aprobación de orgánicas de los diversos efectores públicos, que reflejen el real funcionamiento. Esto significaría visibilizar la transformación de las prácticas (el trabajo territorial, extra muros, comunitario, intersectorial), del Recurso Humano que lleva a cabo esas prácticas (adecuar su situación laboral, ya que en muchos casos se encuentra flexibilizada y precaria) y por ende será necesario un aumento de recursos y reasignación del presupuesto.
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Capacitación continúa para todos los trabajadores desde el ingreso.
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Demandamos de manera perentoria la creación de una Mesa interministerial, para brindar un abordaje integral en la resolución de los problemas de salud que afectan a las personas con padecimiento mental y a sus trabajadores. A la cual le depositamos la responsabilidad de la construcción colectiva y ejecución de políticas públicas que garanticen condiciones dignas para los usuarios.
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Además, solicitamos la pronta creación del Consejo Consultivo, donde organizaciones sociales como la Asociación de Trabajadores del Estado pueda participar activamente en el Órgano de Revisión local.
Consideramos que estas reivindicaciones que se han vuelto históricas por la falta de respuestas de los sucesivos gobiernos, constituyen un eje central, por el cual deberá transitar la transformación de las instituciones que pretendan mejorar la calidad de atención a los usuarios.
Desde la Asociación Trabajadores de Estado tenemos la firme convicción que el fortalecimiento, organización y reconocimiento de los trabajadores garantiza un mejor sistema de Salud Pública y por ende una mejor calidad de vida de nuestros usuarios.
Paraná, 16 de Marzo de 2018.
Informe: Departamento de Salud Mental ATE Entre Ríos
