Escribe: Lic. Ángel Barraco*
Con el advenimiento de la Ley Nacional de Salud Mental se generaron evidentes muestras de rechazo, resistencias y obstaculizaciones a su implementación, a partir del accionar corporativo de algunas asociaciones profesionales y gremiales representativas del sector médico-psiquiátrico. Frente al cambio de paradigma que propone la ley para superar el modelo asilar y custodial y dar lugar a otro, de plenos derechos y abordaje interdisciplinario, estas asociaciones consideran que de aplicarse la norma, se verían afectados algunos de sus exclusivos intereses, algunos compartidos con la poderosa industria farmacéutica. Como complemento y agravante del avance corporativo, debe sumarse la nefasta política que se está instrumentando desde el actual gobierno nacional que, desde su concepción neoliberal, propicia en todo el país un ajuste y achicamiento del sector público de la salud/salud mental, de la mano de su proyecto denominado, Cobertura Universal de Salud (CUS).
Con la sanción en el año 2010 dela Ley Nacional de Salud Mental N°26.657, nuestro país se posiciona en un lugar de vanguardia respecto de establecer lineamientos precisos para transformar el histórico modelo manicomial, que lamentablemente aún sigue vigente en el ámbito del sistema de atención de la salud mental pública y privada.
En ese mismo año 2010, según un relevamiento realizado por el Ministerio de Salud de Nación, sólo en el sector público se registraban 21.000 personas internadas por problemáticas de salud mental, 14.000 en colonias y 7.000 en hospitales monovalentes. De las colonias, una es de jurisdicción nacional (Colonia Montes de Oca) y dependiendo del área provincial, se contabilizan once colonias y cuarenta y dos hospitales monovalentes (más conocidos como neuropsiquiátricos).
Manicomios de lujo
Pese a no contarse con datos oficiales, se presumía que la cantidad de personas internadas en el sector privado (clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas), registraba un número similar a la del sector público-estatal. Este no es un dato menor, en tanto y sugestivamente, por un lado, sólo se conoce y se denuncia a los manicomios de gestión estatal (a los cuales podemos acceder, en tanto instituciones abiertas) y por otro, se oculta lo que sucede en el marco de las instituciones privadas, algunas de las cuales, son consideradas categoría“cinco estrellas” y funcionan como manicomios de lujo. Estas instituciones regidas por la lógica del mercado, producen una alta tasa de rentabilidad, en tanto absorben la demanda de un sector de la población que cuenta con recursos económicos y la cobertura de empresas pre-pagas y de la seguridad social.
Rechazo corporativo a la Ley de Salud Mental
Con el advenimiento de la Ley Nacional de Salud Mentalse generaronevidentes muestras de rechazo, resistencias y obstaculizaciones a su implementación, a partir del accionar corporativo de algunas asociaciones profesionales y gremiales representativas del sector médico-psiquiátrico. Frente al cambio de paradigma que propone la ley para superar el modelo asilar y custodial y dar lugar a otro, de plenos derechos y de atención interdisciplinaria, estas asociaciones consideran que, de aplicarse la norma, se verían afectados algunos de sus exclusivos intereses, entre ellos y particularmente, la conducción de instituciones, servicios y dispositivos asistenciales, y así también, la centralidad y hegemonía del saber psiquiátrico por sobre otras disciplinas y prácticas.Este posicionamiento, en parte es fomentado (y financiado) por los intereses de la industria farmacéutica.
En realidad, esta reacción corporativa no hace más que poner en evidencia la defensa de un histórico posicionamiento hegemónico, frente a otras prácticas y saberes que confluyen en la atención y el abordaje interdisciplinario de los padecimientos mentales. Así también, se manifiesta el intento de darle continuidad a las colonias y hospitales neuropsiquiátricos, que son grandes unidades de internaciones compulsivas y crónicas, comprobadamente obsoletas y en las cuales se transgreden abiertamente los derechos humanos de las personas internadas, en tanto responsabilidad del Estado.La férrea decisión de mantener vigentes estas instituciones manicomiales públicas, en realidad encubre que no se afecte la continuidad de las clínicas privadas con internación, que de acuerdo a la reglamentación de la Ley 26.657, también deberían ser sustituidas antes del año 2020.
Industria farmacéutica y medicalización de las poblaciones a gran escala
No debemos obviar, en el marco de los intereses que defienden estos sectores corporativos médicos-psiquiátricos, su inequívoca relación con la poderosa industria farmacéutica, lanzada a un universal proyecto de medicalización de las poblaciones a gran escala y que, particularmente en la salud mental, crece con la venta incontrolada de psicofármacos. De la mano del “tecnocapitalismo” y las neurociencias, se intenta imponer el criterio de que el origen de los padecimientos mentales se debeexclusivamente a aspectosbiológicos y genéticos. Las denuncias sobre el “armado” del famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, más conocido como DSM V, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, ya resulta un escándalo mundial, al comprobarse la relación y financiamiento por parte de los laboratorios, que impulsan el “invento” de síndromes y trastornos mentales, para adecuarlos a su producción de moléculas químicas. Sin embargo, aquí en nuestro país, las asociaciones psiquiátricas lo siguen utilizando para sus diagnósticos y estudios epidemiólogicos.
Esta repudiable postura corporativa, debe ser considerada muy responsablemente, en tanto vale recordar el antecedente registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual se ha impedido hasta la fecha la plena aplicación de la Ley de Salud Mental N°448 (que inspiró fuertemente a la ley nacional) y que fuera sancionada hace ya dieciocho años…Esta circunstanciase observa también respecto de leyes sancionadas en otras jurisdicciones, en particular, las provincias de Córdoba y Santa Fe, que están vigentes y resultan complementarias a los alcances de la Ley 26.657.
Incumplimiento de la implementación y hegemonía corporativa
En el marco de un análisis político de esta grave situación que implica el incumplimiento en la implementación de las leyes de salud mental vigentes, surge en forma evidente, que los obstáculos y frenos impuestos por el sector corporativo denunciado, no tendría eficacia y persistencia de no mediar en mayor o menor medida, unacomplicidad gubernamental. Dicha complicidad se concreta,al delegar las gestiones del área de salud-salud mental en estos sectores corporativos, cuestión que les permite así, sostener su histórica hegemonía, a partirdel manejo arbitrario e interesado del poder delegado.
Este curso de los acontecimientos, que da cuenta del anudamiento de poderes corporativos y gubernamentales, que operan contrariamente a la efectiva aplicación de las leyes de salud mental y muy particularmente a la ley nacional, encuentra en estos momentos un mayor agravamiento, considerando el acceso al poder de un gobierno nacionalde neto corte neoliberal y que tiene entre sus objetivos minimizar las funciones del Estado garante, como mecanismo compensador de las desigualdades sociales y económicas. Esta concepción, basada en la arbitraria y nefastaintervención del Mercado, como único regulador de los intercambios materiales y simbólicos en la sociedad, sólo tiene reservado para el Estado la función de ejercerel poder represivo-punitivo, que no sólo se remite a la cuestión de la seguridad ciudadana, sino que, como ya se ha observado, se ha habilitado a la policía y fuerzas de seguridad para intervenir en el marco de reprimir la protesta social, generada por la brutal inequidad en el reparto de la riqueza.
Esto es también parte de las problemáticas de salud mental, que no debe escindirse (como pretenden algunas concepciones de disciplinas insertas en el campo de la salud mental) de los aspectos clínicos-terapéuticos.No debe sustraerse en los avatares de una persona, la incidenciade los determinantes sociales, políticos y económicos, que atraviesan su existencia. La desocupación y precarización laboral alarmante, las expresiones de los diferentes tipos de violencia y abusos, por nombrar algunas, están asociadas a la emergencia de padecimientos subjetivos, como ser, los síntomas depresivosy el creciente avance del consumo de sustancias psicoactivas (esta problemática desatendida desde el Estado, por injerencia de intereses privados, sin dudas, se está convirtiendo en un nuevo proceso de “manicomialización” de la población afectada, en particular de los sectores más vulnerables).
Política de ajuste y el proyecto privatizador
Ante esta coyuntura social-política-económica, el destino presente y futuro de la atención pública de la salud y la salud mental se encuentra ante un inminente y grave riesgo, que debemos considerar desde una doble perspectiva.
Por un lado, la ya denunciada capacidad corporativa médico-psiquiátrica hegemónica (que aclaramos debidamente, no representa el pensar y actuar de muchos médicos psiquiatras), respecto de frenar los avances propuestos en la LNSM. Como referencia concreta, vale recordarque casi a fines del año pasadose operó fuertemente con un intento de cambiar la reglamentación de la ley (Resolución 603/13), para desvirtuarlaimpunemente y favorecer así sus intereses sectoriales “amenazados”. Intento que, por ahora, ha podido ser desbaratado gracias a la respuesta inmediata y movilizadora de los trabajadores, pacientes y familiares, organizaciones y asociaciones (profesionales, académicas, gremiales y políticas), relacionadas con la salud mental y comprometidas con la ley.
Por otro, el avance gubernamental neoliberal que, con sus políticas de ajuste acordadas con los organismos financieros internacionales, apunta a la reducción de los servicios de salud y salud mental, disminuyendo las prestaciones y dejando abierta la posibilidad de reducir las plantas de trabajadores de los sistemas sanitarios provinciales y nacional. Esta reconocida política de achicamiento es además orientada para derivar masivamente la atención en el sector privado, generando un pasaje de los recursos públicos estatales, hacia la voracidad del sector empresarial de la salud. Aquí se nos presenta el vínculo notorio entre la política de ajuste y el proyecto privatizador del gobierno nacional, para imponer un seguro de salud conocido como la “Cobertura Universal de Salud”(CUS), cuya implementación es el objetivo primordial delegado en el actual funcionario a cargo del Ministerio de Salud de la Nación.Este proyecto que apunta a restringir las prestaciones del sistema público de salud (nacional, provincial y municipal) a un nivel básico, arancelando niveles de gradual complejidad, afectará también de sobremanera la atención en salud mental.
Otra consecuencia quizá inédita del avance gubernamental neoliberal, es el negocio anexo al achicamiento del sistema público, que como ejemplo,puede observarse en la Ciudad Autónoma de Bs As. y consiste en disponer de forma inconstitucional de los terrenos pertenecientes a hospitales y centros de salud mental, a los efectos de desarrollar emprendimientos inmobiliarios (vale recordar la terrible y repudiable represión policial acaecida en el Hospital Borda, el 26 de abril del 2013, cuando se intentaba tomar parte de su terreno para llevar a cabo el proyecto “Distrito Gubernamental”. Este intento, pese a la destrucción del dispositivo Taller Protegido N°19, fue finalmente impedido por la gran resistencia y unidad de trabajadores, profesionales, usuarios y legisladores.
El panorama desolador y la defensa irrestricta del sistema de salud público estatal
En el marco de este panorama desolador que se presenta, urge reflexionar y articular mecanismos de resistencia,lo que implica un posicionamiento general frente a la defensa irrestricta del sistema de salud público estatal, y en particular dada su especificidad, de la Salud Mental y sus precarios sistemas de atención. Defensa que también debe expresarse respecto de la vigencia y la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental.
En el marco de las resistencias, vale considerar como experiencia el surgimiento de movimientos, asambleas y redes sociales, que tienen expresión en diversas ciudades de nuestro país y fueron parte activa en lograr el retroceso del intento en modificar la reglamentación de la ley. Debe considerarse, que la ley es sólo un punto de partida y sin el involucramiento de los usuarios y familiares, la comunidad y en particular de los trabajadores de la salud mental, el destino de la ley corre el riesgo de ser sólo una mera expresión de deseos.
En el avance de una reforma estructural del sistema de atención de salud mental, corresponde aclarar, que no sólo implica avanzar en procesos inmediatos de desmanicomialización, sino que también debe considerarse la constitución de un sistema integral de salud/salud mental, en el cual se contemple la atención de un cada vez más amplio espectro de padecimientos y sufrimientos mentales, resultante de los modos de existencia y adaptación, a los requerimientos de un sistema económico y social, que históricamente genera desigualdad e in-equidad.
Sustituir lógicas manicomiales y atender las necesidades implícitas en un nuevo paradigma de atención para la salud mental
Frente a estos momentos de avasallamiento, es que debemos avanzar trabajando con el conjunto de los trabajadores de la salud mental pública, mediante el intercambio de información y opinión, a los efectos de lograr la convicción de que los lineamientos expresados en la LNSM, son en primer lugar, el aseguramiento de los derechos que les asisten a las personas internadas y tratadas en el conjunto de las instituciones públicas y privadas. Para ello, debemos bregar por la puesta en funcionamiento de los diversos dispositivos previstos para sustituir lógicas manicomiales, entre ellos: internaciones breves en hospitales generales, centros de salud mental, casas de medio camino, guardias interdisciplinarias, dispositivos de atención domiciliaria y emprendimientos sociales. En segundo término, también debe contemplarse el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesionales y trabajadores, que no deben ser parte de ningún trato indigno, impuesto por la inacción y desresponsabilización del Estado.
Esto implica también y fundamentalmente, interpelar la formación y capacitación de los trabajadores y profesionales, a los efectos de poder integrarlos en el marco de las necesidades implícitasen un nuevo paradigma de atención para la salud mental de base comunitaria.
Si coincidimos con los objetivos previstos en la Ley Nacional de Salud Mental, ciertamente estamos convocados a una luchahistórica que debe avanzar en un marco de unidad en la diversidad, plural y abierto, que nos permita el acceso irrestricto al conjunto de derechos, qué como usuarios, trabajadores y ciudadanos, nos asisten. Ante la crítica situación social, política y económica que atravesamos,tal vez resulta oportuno recordar a ese gran prócer cubano, José Martí, quien lúcidamente expresaba: “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”.
*Referencias académicas y profesionales del Licenciado Ángel Barraco
– Licenciado en Psicología
– Asesor de Planta de la Comisión de Salud – Legislatura de la Ciudad Aut. de Bs. As.
– Co-redactor de la Ley N° 448 de Salud Mental (CABA).
– Posgrado Carrera de Especialización en Política y Gestión de Salud Mental (UBA).
– Miembro del Consejo Consultivo Honorario – Ley Nacional de Salud Mental N°26.657
– Miembro del Consejo General de Salud Mental – C.A.B.A.
– Integrante del Movimiento en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental.
– Co-coordinador del Foro Topia de Salud Mental y Cultura en la web.
