En todos los ámbitos donde se discute el derecho a la Salud, no sólo aquí en Argentina sino en la mayoría de los países, el acceso a medicamentos forma parte del núcleo de las principales preocupaciones.

En nuestro país, nombrar medicamentos inevitablemente remite a situaciones trascendentales de nuestra historia contemporánea. Perón y Carrillo con la Empresa de Medicamentos del Estado Argentino (EMESTA) por el lado de la producción estatal, y más recientemente Illia y Oñativia por el lado del control de precios y publicidad, fueron quizá los puntos excluyentes de decisiones de política pública para resolver las polémicas que plantea el medicamento y su acceso por parte de las mayorías populares.

Aproximadamente el 6,3% del gasto mensual de los hogares corresponde a salud, siendo los medicamentos el item que representa el mayor desembolso (29%) por parte de las familias, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta erogación, es llamada pago directo de bolsillo, y corresponde a los pagos directos provenientes de las personas en el momento que utilizan alguna prestación de salud; cuando este traspasa cierto umbral (30% o 40%) respecto de la capacidad de pago del hogar, se produce el «Gasto Catastrófico en Salud». El segundo desembolso corresponde a la consulta médica, seguida por la dental”,

La economía de la Salud y la economía de los medicamentos, han pasado a ser variables que se interrelacionan entre sí, y con las economias familiares. Muchas veces se genera un fenomeno de «manta corta», que deriva en tener que optar entre comprar un medicamento o pagar un estudio o cualquier otro gasto necesario en las familias.

En los hogares con menores recursos. esta carga se torna critica, y muchas veces define la posibilidad de acceso a bienes y servicios por parte de las personas, y genera un escalonamiento y segmentación según el poder adquisitivo individual o familiar: esto es, el acceso según cuánto dinero se tenga y en qué momento.

El mercado de los medicamentos se instituyó en la Argentina, al compás de la medicalización de la práctica asistencial, la liberalización de una maquinaria publicitaria de la industria que influye sobre las conductas de consumo de las personas, la desregulación en la formación y evolución de precios, y la ausencia del Estado en la Producción de soberanía técnico científica en el área, componiendo un escenario de profunda irracionalidad sanitaria y de utilización de recursos.

Esta tensión entre una actividad productiva privada (afectado por patentes, royalties, costos productivos y de fuerza laboral, insumos y materias primas) que factura anualmente más de 6 mil millones de dólares y genera unos 163 mil puestos de trabajo -contando directos e indirectos por un lado, y el acceso al medicamento entendido como bien esencial para garantizar un derecho humano como es la salud, no parece tener sosiego a lo largo de la historia reciente, y en toda vez nos remite a la dicotomia más estructurante respecto de si la salud es un bien público o un bien de mercado.

Es de vital importancia para las Organizaciones Populares, generar dispositivos que problematicen el amplio y complejo tema de los Medicamentos, como parte de la construcción de nuevos paradigmas al interior del Campo de la Salud, que prioricen el derecho por sobre la especulación.

Se pretende constituir un proceso continuo y permanente de seguimiento y análisis del Campo y el Mercado de los Medicamentos en la Argentina.

Para ello, se irán construyendo categorías de análisis para profundizar en procesos o ámbitos específicos, por ejemplo: