La resolución dice que es “imprescindible proporcionar protección física a las instalaciones de las plantas de explotación de hidrocarburos ubicadas en la formación geológica Vaca Muerta, situada en la Cuenca neuquina, que comprende parte de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, a fin de asegurar los intereses económicos vitales del Estado Nacional”.
El Gobierno envió a la Gendarmería nacional a custodiar el yacimiento de Vaca Muerta, para reforzar la seguridad del predio y «garantizar el suministro de bienes e insumos indispensables para el correcto desarrollo de la actividad de explotación de hidrocarburos». La decisión fue tomada en medio de un conflicto gremial por la suspensión de más de mil puestos de trabajo en el sector y la advertencia del sindicato de petroleros que se declaró “en estado de alerta y movilización permanente”.
La medida fue repudiada por organismos, trabajadorxs, poblaciones y organizaciones
Neuquén se opone a la llegada de Gendarmería a Vaca Muerta
La provincia rechazó la medida del Ministerio de Seguridad. Lo consideran una intromisión a sus fronteras y una acción institucional.
El gobierno de Gutiérrez afirmó que el plan de Bullrich es «Es una nueva intromisión en las autonomías provinciales, un avasallamiento al régimen federal a través del dictado de una norma que involucra competencias que no le son propias», afirmó esta tarde la ministra de Trabajo, Seguridad y Desarrollo Social neuquina, Vanina Merlo.
La funcionaria neuquina argumentó que Nación se atribuyó facultades que «son de las provincias, o del Congreso de la Nación o tan solo pueden ser dispuestas por una orden judicial ante una situación concreta». «Todos estamos de acuerdo en proteger a Vaca Muerta como recurso estratégico sostenible, pero ello no puede ser garantizado a través de intromisiones con apariencia de legalidad que terminan generando el efecto opuesto: inseguridad jurídica», completó.
Además de la crítica pública, la fiscalía de Estado neuquina está analizando la resolución para avanzar en el ámbito judicial. «Extiende de manera inconstitucional las áreas de actuación de Gendarmería», dijo la ministra, lo que da pistas sobre los pasos a seguir del gobierno. Fuente: La Política on line
«Desde la ASAMBLEA SOCIO AMBIENTAL DE CIPOLLETTI, RIO NEGRO, expresamos nuestro repudio, alerta y preocupación, respecto a la Resolución nro. 768/2019 de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,la cual dispone extender la jurisdicción de Gendarmeria Nacional, dentro del espacio geográfico de Vaca Muerta, que comprende las Provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Se avanza así, nuevamente, contra las Comunidades preexistentes, avasallando sus Derechos, militarizando y custodiando inversiones extranjeras de una industria que nos deja precarización laboral, saqueo, devastamiento ambiental y muertes.»
Jorge Nawel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, manifestó el rechazo a esta decisión del gobierno nacional. «Nuestra posición mapuche respecto a la intervención de Bullrich con la Gendarmería en Vaca Muerta es de absoluto rechazo. De alguna manera viene a profundizar el estado de criminalización y de persecución que hay relacionado a la demanda de derechos en Vaca Muerta».
Sobre las consecuencias de la presencia de una fuerza tan cuestionada como la Gendarmería, Nawel dijo que «nos trae la imagen del accionar de Gendarmería reprimiendo y generando la muerte de Santiago Maldonado. Recordemos que otra fuerza, también comandada por Bullrich, fue responsable del fusilamiento por la espalda a Rafita Nahuel. Es de las peores soluciones que pretendan resolver y dar seguridad jurídica a Vaca Muerta con una fuerza asesina».
La necesidad de controlar la conflictividad en Vaca Muerta es un objetivo. Sobre esto el referente mapuche sostiene que como pueblo no van a parar con sus demandas de justicia y de derechos. «Va a generar un estado de tensión permanente y de alguna manera va a seguir provocándole la ilegalidad de la explotación de Vaca Muerta ya que no cuenta ni con el aval normativo del derecho indígena ni siquiera con la legitimidad social. Lo estamos rechazando de todas las formas por las consecuencias nefastas que está trayendo sobre nuestra vida, de destrucción de nuestra tierra, de contaminación al aire, al agua y los accidentes frecuentes que se están repitiendo«.
POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL, GENDARMERÍA NACIONAL
A través de la resolución 768/2019 , publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad extendió la jurisdicción de la mencionada fuerza al «espacio geográfico de la formación geológica Vaca Muerta situada en la Cuenca Neuquina que comprende parte de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza».
La decisión fue tomada en medio de un conflicto gremial por la suspensión de más de mil puestos de trabajo en el sector y la advertencia del sindicato de petroleros que se declaró “en estado de alerta y movilización permanente”.
Según la justificación oficial, la medida fue adoptada para «brindar las condiciones de seguridad necesarias que garanticen la correcta explotación de hidrocarburos y el suministro de bienes e insumos indispensables para el correcto desarrollo de dicha actividad en esa zona». La decisión se tomó después de que se registrara un intenso incendio en uno de los pozos donde se exploran nuevas vetas. Ayer también se conoció un ataque con drones reivindicado por rebeldes yemeníes contra dos refinerías petroleras en Arabia Saudita.
Sin embargo, la medida apuntaría a evitar que las protestas de gremios petroleros puedan paralizar la actividad en Vaca Muerta. Ante la suspensión de alrededor de mil trabajadores del sector en los últimos días, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa se declaró en «estado de alerta y movilización permanente» y facultó a la Comisión Directiva a «tomar todas las medidas gremiales necesarias».
La resolución remarcó que «resulta imprescindible proporcionar protección física a las instalaciones de las plantas de explotación de hidrocarburos» ubicadas en el megayacimiento patagónico, «a fin de asegurar los intereses económicos vitales del Estado Nacional».
De acuerdo al texto oficial, la Gendarmería estará «a disposición de las autoridades judiciales locales», pero «sólo en lo que respecta a cuestiones que afecten o tuvieren incidencia directa en las condiciones de seguridad imprescindibles para el desarrollo de la explotación de hidrocarburos».
Desde el Observatorio Petrolero Sur advierten, denuncian e informan desde el 2008 las severas implicancias del fracking. Recordemos que Argentina comenzó a proyectar la extracción no convencional en la patagonia promocionando a la empresa Chevron/Texaco ni bien fue expulsada de Ecuador por los gravísimos daños ocasionados.
En la publicación del 12 de Septiembre, Ser como Texas, el Observatorio hace alusión a un informe de Plataform London y considera que «Los dos proyectos que la agencia para el desarrollo OPIC está considerando financiar con un monto total de US$800 millones amenazan con:
- Asegurar la extracción de 8,5 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales que potencialmente pueden liberarse a la atmósfera durante los próximos diecisiete años, a través de un nuevo gasoducto que conecta los yacimientos de Vaca Muerta inicialmente con el uso industrial y la exportación
- Hacer posible la extracción de 11,1 millones de toneladas de CO2 al año en 110 pozos de fracking perforados por Vista Oil & Gas
Hasta el momento, Vista no ha consultado a las comunidades indígenas que pueden verse afectadas por el proyecto (lo que supone una violación del derecho al consentimiento libre, previo e informado), no se ha puesto en contacto con otras comunidades locales ni miembros de la sociedad civil ni ha proporcionado información sobre algunos de los riesgos más graves del proyecto, incluidas la contaminación del aire y el agua.
La combinación de estos esfuerzos diplomáticos y financieros crea una influencia oscura e impenetrable en la gobernanza energética argentina y suponen un impulso para liberar una de las “bombas de carbono” más grandes del mundo.»
Cuatro días después el observatorio publica « Vaca Muerta: El incendio reinstala la necesidad de terminar con las zonas liberadas al fracking»
La fuga en el pozo exploratorio LLLO X-2 comenzó el sábado y en la madrugada del domingo se declaró el incendio. La situación recuerda a lo sucedido en 2013 en la localidad de Plottier, cuando ardió un pozo de gas ubicado a poco metros de un plan de viviendas. En aquella oportunidad tardaron cinco días en controlar las llamas, también intervinieron especialistas llegados desde Estados Unidos. Si bien en el caso de Loma La Lata Oeste no se trata de una zona urbana, como se ha enfatizado en algunos ámbitos para restarle gravedad al hecho, cabe destacar que el pozo se ubica a menos de dos kilómetros del lago Los Barreales, que funciona como “cisterna” para el aprovisionamiento de gran parte de quienes viven en el conglomerado urbano más importante de la Patagonia Norte.
Producto de políticas públicas se amplían las áreas de exploración y explotación y la actividad hidrocarburífera se expande y intensifica en centenares de kilómetros cuadrados y se incorpora a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo. Cuando se produjo el incendio en Plottier se abrió un fugaz debate, o al menos una catarata de declaraciones de funcionarios públicos, sobre los riesgos que genera la actividad hidrocarburífera en zonas urbanas y periurbanas y la necesidad de ponerle un freno a través de la creación de “zonas de exclusión”. Controladas las llamas, la necesidad de limitar el avance extractivista desapareció de la agenda gubernamental – tanto a nivel municipal como provincial.
Materiales relacionados
Las luchas contra el extractivismo depredador | una identidad de clase
