El problema más grave de salud pública que enfrentamos lxs argentinxs son las políticas de este gobierno que nos exponen todos los días a la muerte.
Hospitales desfinanciados, laboratorios desfinanciados, escuelas y universidades desfinanciadas, poblaciones empobrecidas y expuestas a fumigaciones tóxicas que enferman y matan, fórmulas químicas contaminantes para explotar recursos naturales, nuestros bienes comunes… presupuestos exorbitantes en armamento y «seguridad» ? De qué seguridad habla este gobierno si ir a trabajar a la escuela te cuesta la vida?
El desfinanciamiento del Estado, las transferencias de fondos públicos a manos privadas, las políticas cambiarias, el endeudamiento, el vaciamiento del sector público argentino… lo único que garantiza es el poder en manos de grupos económicos y la ausencia de derechos para todxs los ciudadanos que habiten nuestro suelo.
Ayer en Moreno, provincia de Buenos Aires, para Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y portero de la escuela N° 49 Nicolás Avellaneda, ir a trabajar fue ir a morir; la tragedia no fue mayor porque lxs alumnos todavía no habían ingresado a la escuela «No fue una masacre masiva por milagro» expresó un profesor de la orquesta que funcionó en la escuela durante años
El gobierno es responsable.
Redacción Canal Abierto | Esta mañana explotó una garrafa en la escuela 49 Nicolás Avellaneda de Moreno, tan sólo minutos antes de que docenas de chicos lleguen a clase. Producto del siniestro, fallecieron la vicedirectora Sandra Calamaro y el auxiliar de la educación Rubén Rodríguez. El hecho ocurrió por la acumulación de gas en una de las salas del colegio, aparentemente, por pérdidas en uno de los artefactos.
“Los responsables de esta situación son la gobernadora María Eugenia Vidal, el ex titular de educación provincial y su actual reemplazante, Alejandro Finocchiaro y Gabriel Sánchez Zinny, sumado al responsable de infraestructura escolar Mateo Nicholson. Todos ellos son los gestores de esta tragedia, ya que no mejoraron el estado edilicio y las condiciones de trabajos de docentes y auxiliares”, señaló Oscar de Isasi, secretario general de ATE y la CTA Autónoma.
oscar de isasi@oscardeisasi“Esto es un hecho de negligencia trágica y no es más que el resultado del desprecio con el cual se maneja el gobierno provincial en cuanto a las condiciones de seguridad laboral»
Los bonaerenses conocen bien la crítica situación edilicia que atraviesa la provincia en educación: colegios que se caen a pedazos, en muchos casos sin las más mínimas condiciones de salubridad, calefacción insuficiente y accesos escasos. Sin lugar a dudas, son todas condiciones producto de un proceso de desinversión y ajuste que, aunque hoy se profundice, ya lleva décadas.
Sin embargo, los chicos concurren a clase regularmente, en buena medida gracias a la labor de docentes y no docentes que ponen el pecho a la difícil realidad de cada día. Hoy atravesados por esta lamentable tragedia, Sandra Calamaro y Rubén Rodríguez son tan sólo dos casos de esa labor.
Deuda Vs. Educación: Vidal ya eligió
La otra cara de esta historia es que, en línea con el gobierno nacional, desde 2016 la provincia de Buenos Aires lleva un proceso de endeudamiento público vertiginoso. De acuerdo a la información publicada por la Contaduría General bonaerense, al 31 de diciembre de 2017 el stock de deuda pública había ascendido a $245.971 millones, un 108,6% superior a la registrada en 2015. Esto implica que de los $14.304 de deuda pública por cada bonaerense, $7.448 se generaron en la mitad del mandato de la gobernadora María Eugenia Vidal.
De acuerdo al presupuesto provincial para 2018 (aun sin considerar el impacto de la devaluación de mayo), para el corriente año se preveían destinar $28.476 millones al pago de intereses de la deuda, un 70,7% de lo presupuestado en salud y un 174,0% del gasto previsto en desarrollo social.
Es más, debido a la creciente gravitación del endeudamiento externo en la provincia más poblada del país, la reciente corrida cambiaria que llevó el valor del dólar a valores en torno a $29,0 incrementó la deuda pública bonaerense en $99.352 millones (+40,4%). Es decir, un 55,9% de lo destinado a Educación y cultura ($177.650), y muy superior a lo correspondiente a Salud, Promoción y asistencia social, Vivienda y urbanismo, Asuntos laborales, Ciencia y técnica y Promoción del medio ambiente y Agua potable juntos ($81.306 millones).
Si bien no hay datos oficiales sobre ejecución presupuestaria de la provincia en este 2018, la oposición y los gremios denunciaron la subejecución destinada a las obras para infraestructura escolar, previsto en el Fondo Educativo. “Del presupuesto 2018 no se ejecutó anda, ni siquiera están llamando a licitación. Y para 2017 el municipio tenía asignados 80 millones de pesos para obras en 38 escuelas, y sólo a comienzos de este año se habían ejecutado en cinco escuelas, que representa el 15%. Y ninguna está continuando porque las cooperativas dicen que el municipio cortó el pago”, sostuvo en mayo de este año Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA La Plata, en declaraciones al Diario Contexto. Y añadió: “para la limpieza de las escuelas, el Consejo Escolar tiene asignados sólo 147 pesos por establecimiento por mes”.
En este sentido, De Isasi indicó que: “esto es un hecho de negligencia trágica y no es más que el resultado del desprecio con el cual se maneja el gobierno provincial en cuanto a las condiciones de seguridad laboral en las que desarrollan su tarea los trabajadores estatales y en especial los trabajadores de la educación”.
“Sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos”
A mediados de junio pasado se filtró un audio donde el Director de Infraestructura Escolar bonaerense, Mateo Nicholson, ordenaba “inflar” presupuestos destinados a la compra de cocinas.
“Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas, que yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan”, dice la voz que se escucha en la grabación y que se atribuye al funcionario. “Ponele el monto que calculás por metro. Obviamente que no de un número redondo, no sé un millón cero cincuenta y cuatro. Después si se modifica en el presupuesto real no importa. Pero mañana si podes pásame las 79 cocinas con los montos, que de alrededor de 80 millones”, agrega.
Tras el escándalo la gobernadora pidió al funcionario que se tomara una licencia “a efectos de permitir los controles administrativos y judiciales correspondientes”. Sin embargo, las denuncias penales al respecto fueron desestimadas por la justicia y Nicholson continuó en el cargo.
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