Por Gabriela Calotti
“Las cárceles no pueden ser depósitos humanos”, denunció el lunes Adolfo Pérez Esquivel al presentar en el Colegios de Abogados de La Plata el Informe Anual 2013 de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que una vez más pone al descubierto la perversidad del sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires, donde están recluidas 28.297 personas y el anquilosamiento del Poder Judicial, pues de esa cifra, sólo 8.800 han sido condenadas.
Según el diagnóstico de la CPM elaborado en función del trabajo de campo efectuado en 2012 y contenido en el informe titulado “El sistema de la crueldad VIII”, en los lugares de detención bonaerenses existen la “tortura como práctica sistematica”, un “hacinamiento crítico”, “condiciones inhumanas de detención”, “corrupción estructural” y un “sistema judicial que no ve y no investiga”.
“Lo importante es el día después” a la presentación de este informe pues “esperamos que las autoridades lo tengan en cuenta (…) porque las cárceles no pueden ser depósitos humanos”, sostuvo Pérez Esquivel acompañado, entre otros, por el ex fiscal Hugo Cañón, ambos en calidad de presidentes de la CPM.
De los 28.297 presos –de los cuales 1.431 son mujeres y 130 son niños menores de cinco años- 15.093 están con prisión preventiva y 8.800 condenados , pero de éstos sólo 929 tienen sentencia firme, subraya el documento, divulgado al cumplirse 10 años de la creación del Comité Contra la Tortura (CCT), organismo dependiente de la CPM destinado a monitorear los lugares de detención, prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de personas privadas de su libertad en cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos.
“Para nosotros la realidad del encierro es lo que los presos dicen que es. Nosotros creemos en su palabra”, sostuvo Roberto Cipriano García, integrante hasta hace poco tiempo de la CPM donde impulsó el sistema de monitoreo que en una década efectuó 18.000 entrevistas en lugares de detención bonaerenses.
Esa cifra “significa que en alguna oportunidad estas personas detenidas se comunicaron con el Comité dando cuenta de violaciones de derechos”, afirma el informe anual.
Según Cipriano García, miembro actualmente de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), en esta década “hubo avances pero también grandes retrocesos”. El responsable fue tajante al afirmar que en las cárceles bonaerenses “no hay lugares de no tortura”.
Los institutos de menores
El informe anual de la CPM describe un panorama aterrador en lo que se refiere a la situación de los detenidos en institutos de menores al precisar que “8 de cada 10 jóvenes entrevistados pasaron alguna vez por una comisaría”. De ellos el “55% fue golpeado durante la detención. El 57% fue golpeado en la comisaría luego de la detención”, afirma el documento.
Según esta encuesta específica elaborada junto con otros organismos, Como el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la UBA, “al 64% de los jóvenes ni jueces, ni fiscales ni defensores les preguntaron nada sobre malos tratos durante su detención”.
“El 40% de los jóvenes” vio a su defensor “sólo 1 o 2 veces” desde su detención.
¿Y la salud?
Al referirse a otro capítulo del informe durante su presentación ante un auditorio colmado, Alicia Romero, directora de Inspecciones de la CPM puso el acento en las “123 muertes” ocurridas en la cárcel en 2012 “la mayoría de ellas por falta de atención médica”, sostuvo.
Al hablar brevemente sobre la situación de las 1.431 mujeres en situación de encierro en la provincia y de los 130 niños que viven con sus madres en la cárcel (según datos de 2012 del SPB) Romero criticó la “falta de perspectiva de género en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en la Dirección de Salud”.
“Recomendamos al ministerio de Justicia que deje en manos del ministerio de Salud la atención de los detenidos en la provincia de Buenos Aires”, subrayó Romero que identificó como principales patologías causantes de muerte en las cárceles al cáncer, la diabetes y el VIH Sida.
La CPM fue creada en 1999 para generar un espacio de reflexión y transmisión sobre las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente de nuestro país. A poco de cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida por primera vez en la historia argentina, la CPM considera justamente que “la consolidación de la democracia tiene deudas pendientes”.
“La perduración de políticas y discursos basados en la antinomia seguridad versus respeto por los derechos humanos no sólo presupone la reasunción de posibles formas represivas desde el Estado (…) sino que subraya un profundo distanciamiento con las políticas sociales y distributivas”, sostiene el informe presentado junto a una campaña impulsada por la CPM.
“La cárcel es tortura. Basta de impunidad. Más igualdad”, reza la consigna de esa campaña que retoma el título de aquel primer informe sobre la desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar publicado en 1984 . “A 30 años de democracia, tortura Nunca Más”.
