Gonzalo Basile
Presidente Honor y Coordinación regional América Latina y el Caribe de Médicos del Mundo
Una cuestión social recurrente en el campo de la salud, no sólo a nivel nacional sino regional y global, es hasta qué punto la industria médico-farmacológica con su poder y diversificaciones de mercado (producen medicamentos-vacunas, tecnología, pero también agroquímicos, negocios financieros, otros) puede ser regulada-controlada recuperando soberanía sanitaria pública por los Estados. Este es la cuestión emergente que plantea el precio de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, en particular en el caso del Sofosbuvir, cuyo monopolio ostenta el laboratorio Gilead. Este último comercializa 12 semanas de este medicamento a un precio exorbitante –el precio de la terapia combinada es superior a los 40 mil euros en Francia, Alemania, Reino Unido o España– y llega los 80 mil dólares en Estados Unidos.
Hoy el 32% del gasto total en salud en Argentina (10% del PBI) es en medicamentos. Asumir este debate estratégico para la salud internacional en la construcción de políticas públicas sobre la fijación de los precios de los medicamentos y su impacto en los sistemas de salud pública radica en una cuestión clave para garantizar el derecho a la salud de nuestros pueblos. India rechazó la patente del Sofosbuvir, planteando que su producción en el país podría bajar en diez veces su valor. En el marco de la cooperación Sur-Sur en Salud, la Unasur planteó la creación de un «Fondo para la Negociación de Adquisiciones de Nuevos Medicamentos contra la Hepatitis C», pensando en la negociación y regulación al mercado de ganancias extraordinarias farmacéuticas y junto al ISAG-Unasur está implementando un banco de precios de medicamentos regionales y mapeando las capacidades para la producción pública de medicamentos esenciales en Latinoamérica. En la Argentina a partir de la reglamentación de la Ley nacional de Producción Pública de Medicamentos N° 26.688 junto a la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (existen unos 40 Laboratorios públicos), cuenta con las capacidades de ciencia y tecnología potenciando la red de laboratorios públicos para producir una plataforma estratégica de desarrollo y construcción de soberanía sanitaria pública para reducir progresivamente las dependencias externas y garantizar el acceso universal a los medicamentos como bien social y derecho de ciudadanía.
Fuente: Tiempo Argentino – ECO
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