La adhesión del Ministerio de Salud de la pcia de BsAs a la guia de atención de la interrupción legal del embarazo (ile) del Ministerio Nacional


ile“Decodificando una medida necesaria pero no suficiente en el contexto de ajuste y desmantelamiento del Estado”

Octubre 2016

En la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, el aborto representa la primera y segunda causa de muerte materna. Son las mujeres pobres las que sufren sus consecuencias, poniendo en riesgo su salud y su vida al no acceder a abortos seguros.

La adhesión del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a la Guia de Atención de ILE del Ministerio Nacional, es una medida auspiciosa en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero que, que merece un análisis en marco de las actuales políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri.

Las políticas de salud sexual y reproductiva en Argentina tienen una historia reciente. Si bien el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se crea en el año 2003, es recién a fines del año 2007 que el Ministerio de Salud de la Nación elabora la Guía Técnica para la atención de los Abortos No Punibles, con el propósito de garantizar el acceso al aborto en las condiciones que establece el art. 86 incisos 1 y 2 del Código Penal Argentino (1920).

El avance de las políticas públicas en la materia debe tender a lograr los estándares más altos en términos de garantías de los derechos sexuales y reproductivos de la población conforme a lo establecido por los Tratados Internacionales.  En este sentido, el Protocolo Nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) representa una guía de actuación sanitaria de buenas prácticas que instrumenta el fallo F.A.L. y que expresa con lenguaje claro y sencillo la implementación de los permisos legales que establece el Código Penal con una perspectiva basada en la ética de la salud, del cuidado, respetando la autonomía y los principios de justicia, de beneficencia y de transparencia activa. También nos habla del rol de los equipos de salud, que no es el de denunciar a las mujeres sino de darles una atención integral para el acceso al aborto legal y efectivo cumplimiento en los servicios de salud.

ILE
en la Provincia de Buenos Aires:

En términos normativos, el Protocolo Nacional no se estableció por resolución ministerial lo que le ha quitado legitimidad en los equipos de salud.

Por el contrario, la Provincia de Buenos Aires fue pionera en el establecimiento de medidas para garantizar los abortos no punibles.

En el año 2007, crea el primer Protocolo de Atención Integral de los Abortos no Punibles por una Resolución Ministerial Nro 304 con el fin de garantizar el acceso a la práctica en el sistema de salud. En el año 2012 el Protocolo provincial fue adecuado y actualizado a partir de lo establecido por el Fallo FAL mediante la resolución Ministerial Nro. 1425. En esa etapa, se realiza la capacitación a los jefes y jefas de servicios de hospitales donde se observan las mayores resistencias.

Luego de esta medida, la Provincia de Buenos Aires, a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, realiza un trabajo con los equipos de salud para garantizar la ILE en el primer nivel de atención. La evidencia muestra que no se requiere un mayor nivel de complejidad para atender los abortos no punibles, salvo por complicaciones (OMS, 2012).

En la provincia existen equipos que ya vienen trabajando en la atención de mujeres en situación de aborto, con un recorrido previo en las consejerías en reducción de riesgos y dañosdel modelo uruguayo; tal es el caso del Municipio de Morón, o  del Centro 10 de San Martín.

La estrategia aplicada en esos centros fue la de garantizar la atención ILE a través de los médicos generales y obstétricas capacitados en técnica AMEU (aspiración manual endouterina) como opción de tratamiento del aborto.

Como resultado de esta experiencia, se logró un aumento significativo y un claro avance en la resolución de los casos de ILE desde el primer nivel que conjuntamente con la aplicación del Protocolo en el segundo nivel de atención, logró reducir en más del 50% la mortalidad materna por aborto en la provincia de Buenos Aires.

La actual medida de adhesión del Ministerio de Salud de la Provincia a la Guía Nacional de ILE viene a acompañar una práctica que ya se venía desarrollando en el sistema de salud provincial y que se encuentra garantizada desde el primer nivel de atención, no así en los hospitales.

La excesiva objeción de conciencia y las negativas por parte de jefas y jefes de servicio de los hospitales de llevar adelante los abortos no punibles es una realidad que vulnera los derechos de las mujeres;  en este contexto, la medida representa una nueva oportunidad para establecer las obligaciones de los profesionales y los jefes y jefas de servicio de garantizar esta práctica.

Por lo tanto, tal como lo demuestra la experiencia, la existencia de un Protocolo de Atención de ILE es importante como política pública para el acceso a la ILE aunque su mera existencia no es garantía suficiente para el cumplimiento efectivo de dicho derecho.

Mujeres y Derechos en la “Era Macri”:

El Protocolo y la ILE no puede leerse en el vacío histórico ni descontextualizado de las prácticas y condiciones en que se desarrollan los equipos de salud. Fueron necesarios muchos años de lucha de los movimientos de mujeres, y la confluencia de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, para darle mayor visibilidad a las demandas sociales por una mayor igualdad hacia las mujeres.

La garantía al ejercicio y el respeto de derechos de las Mujeres no están en el ADN del gobierno de MACRI

El caso Belén, o lo ocurrido con cuestiones como la del cartel aparecido en el Centro de Salud Spríngolo, en Morón, donde se indicaba a los médicos que hicieran la denuncia cuando llegaran mujeres en situación de aborto, la represión ocurrida en el 31 Encuentro Nacional de Mujeres como así también la violencia recrudecida que derivó en un reclamo multitudinario como el del pasado miércoles negro, nos habla de un contexto que no está ofreciendo garantías respecto a los derechos de las Mujeres.

La creciente precarización laboral de las mujeres y los despidos tanto en el sector publico como en el privado, la ausencia de paritarias, no son hechos aislados sino que responden a una misma lógica de mercado y achicamiento del Estado. El desfinanciamiento y desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y del Programa de Educación Sexual Integral, la eliminación (en paralelo a la Marcha negra) de la fiscalía que se ocupa de los femicidios, son más que indicadores de que a este Gobierno no les interesa que las mujeres sigamos vivas y mucho menos, que luchemos por nuestros derechos.

Más bien, lo que quiere este gobierno y sus aparatos represivos es intimidar a las mujeres, disciplinarlas para que no vayan a pedir ayuda en los casos de violación. Y esta lectura, es la que también se impone en esta necesidad de establecer el Protocolo en la Provincia de Buenos Aires: el pedido de denuncia a las mujeres en situación de aborto de algunos Municipios como es el caso del Municipio que lleva adelante Tagliaferro, ex esposo de la Gobernadora Vidal.

Sobre todo, porque en ese territorio se encuentra uno de los equipos pioneros Sobre todo porque en ese territorio se encuentra uno de los equipos pioneros, que históricamente garantizó el acceso al aborto y a la información. Denunciamos a los médicos que rompen el secreto profesional pero también a los funcionarios públicos que incitan a las y los profesionales de la salud a cometer un delito.

Hoy con las políticas de ajuste de MACRI se impone más que nunca el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Libre y Gratuito:

EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.

ÁREA DE SALUD del INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE ESTADO Y PARTICIPACIÓN (IDEP SALUD)ATE ARGENTINA

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