Aborto legal, seguro y gratuito: un debate impostergable
por Lic. Marisa Gisela Matía (Docente e Investigadora UNAJ)
EL 6 de Marzo se presentará el Proyecto de despenalización del aborto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La intención es que se debate el día del 8 M en el recinto de Diputados en coincidencia con el Paro Internacional de Mujeres.
Más allá de las lecturas que podemos realizar en torno a las especulaciones políticas de gobierno de Cambiemos por desviar la mirada de la protesta social o como estrategia de marketing político, lo cierto es que se abrió una ventana de oportunidad histórica para avanzar en el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo.
Sin dudas que este hecho representa un triunfo de las organizaciones de mujeres, lesbianas y trans que, año tras año, han intentado poner en la agenda legislativa la discusión en torno a la despenalización del aborto, un debate postergado sistemáticamente a lo largo de las sucesivas presentaciones que tuvo el proyecto y que no logró discutirse. Hoy se presentará por sexta vez, y el debate está instalado en la sociedad, en las redes y a partir del fenómeno de Ni Una Menos, otorgándole una base de legitimidad muy importante para poder pensar que esta vez el proyecto se convierta en una realidad.
Desde hace varios años el aborto representa en nuestro país un problema de salud pública y de justicia social. El aborto es la primera y segunda causa de muerte materna en la Argentina. Son las mujeres pobres las que sufren las consecuencias de la clandestinidad del aborto en su vida y su salud, siendo un indicador de las desigualdades sociales.
La tasa de mortalidad materna (embarazo, parto o puerperio) en Argentina es de 3,4 muertes cada 10.000 nacimientos, según cifras del 2016, del Ministerio de Salud de la Nación. Argentina se había comprometido, en el 2000, en la firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de Naciones Unidas, a bajar la tasa a 1,3 cada 10.000 nacimientos en el 2015. Sin embargo, los actuales indicadores son tres veces más altos que los que se habían firmado como meta.
A su vez, si analizamos este fenómeno a la luz de las políticas sanitarias implementadas por el gobierno de Cambiemos en los últimos años, el panorama en relación a la temática del aborto ha sido de grandes retrocesos.
El gobierno de Cambiemos tiene una amplia trayectoria en la negación del derecho de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito.
Ya en el 2012 el entonces Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri, vetó el protocolo para el acceso al aborto no punible coartando así el derecho de las mujeres a acceder a un aborto seguro y gratuito en el sistema público de salud en las situaciones que establece el art. 86 del Código Penal de la Nación.
Más tarde, en el año 2015 el saliente Ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, dejó sin efecto el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, al tiempo que despidió a más de la mitad de los y las trabajadoras que conformaban el plantel de trabajo del Programa Nacional.
Nuevamente fueron las mujeres organizadas las que lograron que dicha medida quedara sin efecto y a las 48 horas el Protocolo volvió a verse en la web del Ministerio Nacional.
En la Provincia de Buenos Aires se replicaron las mismas medidas de retroceso que caracterizaron al gobierno de Cambiemos en la temática del aborto.
En el año 2016 la Gobernadora Eugenia Vidal vetó la resolución ministerial de adhesión a la Guía Nacional de ILE en los efectores públicos provinciales, y se produjo un verdadero retroceso en el trabajo que se venía realizando desde hacía varios años con los equipos de salud comprometidos en la atención de mujeres en situación de aborto y el trabajo con organizaciones sociales para el acceso al aborto en la Provincia.
Hoy asistimos a una oportunidad histórica para reducir las brechas de desigualdad y poner fin a las consecuencias por la falta de acceso al aborto legal en la salud de las mujeres. La evidencia internacional muestra como en los países donde el aborto es legal, se ha reducido la mortalidad materna, tal como lo demuestra la experiencia de Uruguay donde no se ha registrado ninguna muerte por aborto.
El derecho al aborto legal constituye una herramienta fundamental para defender la vida y la salud de las mujeres.
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