En una decisión inédita, impulsada por docentes y alumnos, la Facultad de Agronomía de la UBA rescindió el convenio con la multinacional italiana, dueña de la estancia Leleque (donde desapareció Santiago Maldonado) y denunciada por comunidades mapuches.
No fue el gobierno de Chubut. No fue el gobierno nacional. Tampoco el Poder Judicial. Mucho menos los grandes medios de comunicación. Benetton, multinacional que es la mayor dueña de tierras de Argentina (un millón de hectáreas), recibió un cuestionamiento tan inesperado como simbólico: la Facultad de Agronomía de la Universidad e Buenos Aires (Fauba) canceló el convenio de cooperación con la empresa.
La respuesta a una pregunta
La desaparición de Santiago Maldonado en terrenos de Benetton se dio en el marco de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. El caso repercutió en la agenda social, mediática y política. “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, se transformó en campaña nacional. Organismos de derechos humanos y comunidad indígenas (entre otros actores) de un lado. El Gobierno Nacional, con la ministra Patricia Bullrich al frente, respaldaron a la Gendarmería y su represión.
La Fauba no estuvo ajena a la desaparición de Maldonado. Hubo charlas, manifestaciones, pedidos de justicia. En ese marco, la fuerza estudiantil Abriendo Caminos denunció que la Facultad mantenía un convenio de cooperación con la multinacional, que en Argentina opera con la figura legal de Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA) y cuenta con siete estancias, 900 mil hectáreas distribuidas en cuatro provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Benetton es el mayor propietario privado de la Argentina.
MU accedió al contrato en diciembre pasado. “Convenio específico de asistencia técnica entre Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires”, es el título formal de expediente, de seis carillas, donde firman Diego Eduardo Perazzo (directivo de la empresa) y el decano Rodolfo Golluscio. La cláusula primera establece el objetivo del contrato: “Se planea llevar a cabo una evaluación sistemática de la disponibilidad de recursos forrajeros a los largo del año y proponer un plan de manejo de pastoreo de pastizales patagónicos (…) Se buscará mejorar la cantidad y la calidad de a producción ganadera”. Específica que “la evaluación de los recursos se basará en el procesamiento de imágenes digitales provistas por distintos tipos de satélites”.
Precisa que los productos finales serán tres informes con la descripción del “estado de los recursos y detalles del plan de manejo” que se entregarán luego de las tres visitas a los campos de Benetton (meses estimados de enero, abril y septiembre).
El segundo punto señala que la Facultad brindará capacitación a personal de la empresa y contempla la posibilidad de pasantías con estudiantes de grado y postgrado. La tercera cláusula señala que el responsable técnico del proyecto es el mismo decano de la Fauba, Rodolfo Golluscio, “quien deberá entregar un informe final de actividades y resultados”.
La empresa abonó 96.000 pesos en tres cuotas de 32.000. Autoridades de la Fauba argumentan que los montos bajos (96.000 pesos) serían prueba de que los convenios no condicionan a la Facultad. Pero otros sectores lo interpretan de forma opuesta: hasta por poca plata se dejan condicionar. El fondo del asunto es la universidad pública y su relación con el sector privado. Y un hecho objetivo: trabajar junto a una multinacional denunciada por violar derechos indígenas.
El contrato con Benetton fue muy cuestionado por la agrupación estudiantil Abriendo Caminos, también (aunque más diplomáticamente) por el Frente Amplio por una Nueva Agronomía (FANA).
Resistencias académicas
El Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom (GET-Qom) de la Fauba, conformado por docentes y estudiantes de la Facultad, solicitó formalmente en febrero la suspensión del convenio entre la Facultad y Benetton. El GET-Qom trabaja hace años junto a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa.
En un carta dirigida al decano Rodolfo Golluscio cuestionaron que “los convenios entre la Fauba y la CTSA del grupo Benetton se desarrollan sin ningún tipo de cuestionamiento, histórico, social ni político, reproduciendo una formación acrítica de sus estudiantes de grado y posgrado sobre los alcances de las acciones, investigaciones y publicaciones que se generan, avalando de esta forma una historia de genocidio, despojo e injusticia que se mantiene en el tiempo”.
El pedido de rescisión se basó en fundamentos histórico-políticos respecto al despojo del territorio mapuche. Citan la investigación del historiador Ramón Minieri (libro “Ese ajeno sur”) donde aporta pruebas de la ilegitimidad del título original de esas tierras (adquirido en 1991 por Benetton).
También recuerdan la vigencia de legislación que debiera proteger a los pueblos indígenas. Desde la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), hasta la Ley 26160 (freno a los desalojos) y el Convenio 169 de la OIT.
“Los convenios de Fauba-Benetton implican el desconocimiento de los antecedentes históricos y de la legislación existente, vulnerando de ese modo derechos de los pueblos indígenas en cuanto al acceso a los territorios ancestrales y a sus recursos naturales, así como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De manera que se es partícipe voluntario o involuntario, de la disgregación de un pueblo originario, de la pérdida de sus territorios, de su cultura, de su lengua y de sus prácticas ancestrales dificultando la reproducción de su vida cotidiana”, resalta el escrito presentado ante las autoridades de la UBA.
Los integrantes de el GET-Qom afirmaron que la universidad pública tiene como misión y obligación que los frutos de su investigación y extensión estén, en primer lugar, al servicio de los sectores más vulnerables, excluidos, como lo son los pueblos indígenas y los pequeños campesinos, y no al servicio de las grandes compañías que vulneran los derechos de los sectores populares del campo.
Valorizaron que durante la gestión de Golluscio se apoyó el trabajo de docentes junto a comunidad indígenas y campesinas, y por ese mismo motivo consideraron coherente la necesidad de que la Fauba no trabaje junto a Benetton y otras empresas denunciadas por la violación de derechos indígenas.
El escrito, de cuatro páginas, finalizaba: “Solicitamos que se rescinda en forma inmediata el convenio con la CTSA (Benetton) y no se vuelvan a establecer nuevos convenios o vínculos en tanto se mantengan la causas que fundamentan la actual solicitud. Lo hacemos con el convencimiento de que esta acción será un aporte valioso en el camino de reparación de tantos años de injusticia, despojos e invisibilización de los pueblos indígenas”.
El debate
El Consejo Directivo emitió dos dictámenes. Uno de mayoría, presentado por los consejeros profesores de la gestión (encabezado por Golluscio) que proponía renovar el convenio. Otro, de minoría, presentado por consejeras representantes de graduados (de la lista llamada “Integración”) y que pidió la rescisión.
Sobre dieciséis integrantes, sólo tres votos se inclinaban por la cancelación del contrato (consejeros de graduados y estudiantil -por el FANA-).
Desde el GET-Qom ya consideraron un triunfo que la Fauba debata, por primera vez, el accionar de una empresa denunciada por pueblos indígenas. Y comenzaron a buscar apoyos extra universidad. De inmediato se sumaron entidades que trabajan junto a pueblos indígenas, investigadores y organismos de derechos humanos: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Grupo d Apoyo Jurídico al Acceso a la Tierra (Gajat), Grupo de Filosofía de la Biología (UBA) y el Instituto de Ciencias Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), entre otros.
El tratamiento del convenio en el Consejo Directivo de la Fauba comenzó a hacer cada vez más ruido. La sesiones son abiertas y las críticos prometían llenar la sala. Dos adhesiones terminaron por inclinar la balanza: el Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta pidiendo la suspensión del convenio. Y, el último día, Verónica Heredia (abogada de la familia Maldonado) avisó que Sergio (hermano de Santiago) también apoyaba el pedido de cancelar el convenio.
El martes 5 de junio fue el día de sesiones. La flamante decana, Marcela Gally, informó la situación y, sobre tablas, presentó un tercer dictamen. Planteó una fundamentación pro empresaria: “El valor académico del convenio ha sido sumamente valioso desde el punto de vista de generación de conocimiento científico, así como en la formación de recursos humanos”. Defendió el trabajo junto a Benetton.
El dictamen de la decana excusó a la Facultad en su accionar, pero también pidió la no renovación del contrato.
Fue votado por unanimidad (el Grupo GET-Qom rechazó la fundamentación).
Pro-Empresa
-El decano saliente y responsable técnico del convenio, Rodolfo Golluscio, reconoció que ya había avanzado en la renovación del contrato (aún sabiendo que se debía aprobar en el Consejo Directivo). Lamentó que se haya votado la cancelación y pidió que no se diera publicidad a la decisión.
-La consejera estudiantil por la agrupación Línea de Agronomía Independiente (LAI, de derecha) cuestionó con enojo que la sociedad opine sobre el accionar de la Facultad y, más enojada aún, rechazó que la universidad pública tome decisiones según lo que sucede fuera de la isla universitaria.
-La vicedecana, Adriana Kantolic, se expresó en contra de la cancelación del convenio. Incluso acusó a los solicitantes de haber tergiversado información para obtener el apoyo de Pérez Esquivel y de organizaciones indígenas. Kantolic, defensora del modelo transgénico, es la responsable técnica de otros convenios con empresas, entre ellas la cuestionada Monsanto.
Pequeño gran triunfo
Monsanto, Syngenta, Bayer, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) son algunas de las empresas del agronegocio que tienen convenios (y financiamiento) con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), tal cual se reveló en distintas notas en la revista MU. Las compañías impulsan un modelo con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Desde la Ley de Educación Superior, sancionada durante el menemismo, la educación pública quedó permeable al sector privado.
La cancelación del convenio con Benetton es inédita en la Fauba. Es un triunfo de docentes, graduados y estudiantes, que también cuestionan los vínculos de la Facultad con compañías transgéncias, y le pusieron así un freno a autoridades y docentes pro-empresas.
