La adhesión al protocolo la firmaron los ministros de Salud Daniel Gollán junto a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz, en la ciudad de La Plata.
De este modo, en la provincia de Buenos Aires rige el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), tras la decisión del presidente Alberto Fernández para que el Ministerio de Salud de la Nación -a cargo de Ginés González García– pusiera en vigencia el protocolo que había sido derogado por el ex presidente Mauricio Macri.
El protocolo establece el derecho a la interrupción legal del embarazo cuando es producto de una violación (una relación no consentida o bajo presión, incluso dentro del noviazgo o matrimonio), cuando pone en riesgo la salud física, psíquica y/o social y también cuando pone en riesgo la vida. Esta práctica se denomina Aborto no punible o Interrupción legal del embarazo (ILE). Ante estas situaciones es un deber de todos los servicios de salud, ya sean públicos, privados o de obras sociales, a garantizar rapidez en la atención y en el procedimiento de interrupción del embarazo, resguardando la confidencialidad y la privacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la ILE del mismo modo que todas las demás.
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó que «con las herramientas legales que den certeza a los equipos de salud, la gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria.» Asimismo, destacó la necesidad de «preservar a la mujer porque lo peor de esto es que a veces los casos terminan mediatizados» y remarcó que «el Estado debe dar respuestas».
Gollán resaltó que «las artífices de que hoy esto pueda hacerse realidad son las mujeres» e indicó que «estar debatiendo esto -que debería ser normal porque ya está regido como legal-, es tedioso.» Además, anticipo que cuando el Congreso Nacional «debata la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendremos también las herramientas que nos permiten avanzar en otros derechos que hoy nos siguen costando innecesariamente la vida de mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro».
Por su parte, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, expresó que «la guía legisla sobre el procedimiento sanitario para atender las excepciones de aborto que contempla el Código Penal en su artículo 86 inciso 1 y 2, una legislación de 1921. No estamos innovando sino que establece qué procedimiento hay cuando el aborto conlleva un problema para la salud o la vida de la mujer o en los casos de una violación. La provincia tiene un protocolo desde 2007, lo reformó en 2012, pero era restrictivo y colocaba requisitos y obstáculos que no establece la ley. Esta guía es precisa, actualizada, toma indicaciones de la OMS y busca acceder a un derecho a la salud legal.»
Además, la Ministra explicó que los profesionales de la salud pueden hacer uso del derecho de la objeción de conciencia pero de modo «individual» ya que «las instituciones de salud pública deben garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo.»
