En el comunicado exigen que se monitoree su aplicación en Misiones, además de otros reclamos sobre salud sexual y reproductiva.
El Colectivo de Mujeres y Disidencias, del que forman parte la CTA Autónoma y ATE, presentó una nota al ministro de Salud de la Nación Ginés González García, con una serie de reclamos en torno la salud sexual y reproductiva, con especial énfasis en la necesidad de que se monitoree el cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todos los hospitales y centros de salud públicos y privados.
Según Mónica Gurina, dirigente de la CTA-A provincial, con el espacio conformado por organizaciones sociales, sindicales, políticas y feministas, están “exigiendo formación y sensibilización” de profesionales para que se garantice el acceso al aborto legal para las víctimas de violación, en particular, las niñas. “Queremos que los trabajadores estén formados, que se ponga en marcha la ESI (Educación Sexual Integral), y una de las cosas centrales que se denuncia, es la gran cantidad de casos (de niñas violadas obligadas a gestar) que hay en Misiones”, señaló.
El pedido concreto a la cartera nacional es que monitoree la implementación del Protocolo ILE, proporcionando los insumos, personal y/o acciones necesarios para poder llevarlo a cabo, además de garantizar la formación del personal interviniente en cuanto a la ejecución de todas las leyes vigentes en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, violencias contra las mujeres y protección de la niñez. Y es muy necesario un trabajo articulado con los demás ministerios, como el de Educación.
“Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública de Misiones, correspondientes a los embarazos registrados en la provincia, durante el año 2017, 201 niñas de entre 10 y 14 años fueron obligadas a parir y en el año 2018, la cifra se mantuvo, con 198 casos. Del mismo modo, las tasas de embarazo adolescente en la provincia de Misiones superan ampliamente la media nacional pese a que el protocolo se encuentra vigente desde el año 2010. Junto con Formosa y Chaco son las 3 provincias con mayor índice de embarazo y maternidad en la adolescencia. Cada día 7 niñas menores de 15 años entran a una sala de partos. Son niñas, no madres”, remarca la nota.
Dentro del sistema sanitario de la provincia, a pesar de haber adherido al protocolo, hay fuertes resistencias para su efectiva implementación, dilatando y/o obstaculizando el acceso a este derecho de las niñas, forzándolas así a seguir las gestaciones y a parir.
“Para la ley Argentina, la ILE es un derecho garantizado para las niñas y adolescentes menores de 15 años, encuadrándose tanto en la causal violación como en la causal salud, dado el alto riesgo que implica continuar las gestaciones a edades tempranas. Sin embargo, las cifras demuestran que en nuestra provincia la ILE es de difícil o casi imposible acceso”, se remarca en el texto que pudo ser entregado hoy al ministro minutos después de su arribo a la provincia.
Desde este colectivo de organizaciones se remarca la necesidad de impulsar e instrumentar “medidas de corto plazo con el fin de brindar información y sensibilización a la población, y en particular hacia funcionarios/as, agentes y demás personal, responsables de intervenir en los casos que requieran ILE, en el sentido de garantizar este derecho humano fundamental. También es urgente el acceso fácil y gratuito a distintos métodos anticonceptivos, que en la actualidad se encuentran en falta o discontinuados en el sistema de salud provincial”.
Parto humanizado y ESI
Al incumplimiento del protocolo de ILE se suma además la violencia obstétrica en los principales hospitales de área con cifras alarmantes, según advierten “creemos de gran importancia que se aplique y controle de manera rigurosa el ejercicio de la ley de Parto Humanizado en los hospitales públicos y privados, siendo el parto un momento donde muchísimas mujeres y niñes son vulnerades innecesariamente, sufriendo inmensas pérdidas”.
El reclamo se extiende además a la implementación en todo el sistema educativo de la Ley de Educación Sexual Integral “en los establecimientos educativos de todos los niveles, como herramienta fundamental para prevenir diversas problemáticas sociales, entre ellas las relacionadas con el desarrollo pleno de la sexualidad. En cuanto a la ESI, a pesar de los esfuerzos del programa provincial, las escuelas aún se resisten a llevar adelante la efectiva implementación de la misma, en especial aquellas católicas y cristianas. Por esta razón, es de suma importancia el diseño de estrategias de seguimiento y control coordinado entre docentes/ no docentes y actores locales, provinciales y nacionales, con el fin de registrar los casos en que se obstaculice la implementación del programa y así aplicar medidas específicas para cada establecimiento”.
Fuente: Prensa ATE Misiones
