Desde IDEP Salud ATE Argentina repudiamos la sostenida violencia ejercida por el Estado Argentino sobre comunidades Mapuches y nos solidarizamos con la Lof Lafken Winkul Mapu y sus habitantes que sufrieron un operativo de desalojo con intervención conjunta de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria que movilizó a más de 250 efectivos y a la prensa para desalojar a la comunidad asentada en las inmediaciones de Lago Mascardi, en la provincia de Río Negro.
Diferentes comunidades Mapuches, organizaciones sociales y de derechos humanos se encuentran movilizadas por las personas que resultaron heridas y por la libertad de las personas detenidas.
Compartimos la publicación del 1° de noviembre 2021 de Damián Andrada, que problematiza y profundiza sobre
«El rol de la prensa argentina en la criminalización del pueblo Mapuche»
Lejos de desarrollar la complejidad de la disputa territorial, los principales medios de comunicación construyen miradas racistas del conflicto y promueven la militarización del territorio. Detrás de estas coberturas y encuadres, se encuentran los intereses del poder económico: las inmobiliarias, los terratenientes y la minería se relamen por apropiarse de estas tierras. La pacificación no está en la represión, sino en más y mejor política.
En este momento, el Congreso de la Nación de Argentina discute una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena N° 26.160 que en 2016 estableció la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras que los pueblos indígenas tradicionalmente ocupan. La ley había sido sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue prorrogada en dos oportunidades durante la gestión Cristina Kirchner y una vez más durante la presidencia de Mauricio Macri. Quince años más tarde, esta cuarta prórroga revela el lugar marginal que ocupan las comunidades originarias en las políticas públicas del Estado argentino.
En este contexto, la disputa de territorios en la Patagonia y una serie de incendios intencionales en la provincia de Río Negro (cuyos autores aún son desconocidos) ha ocupado el centro de la agenda mediática: “conflicto mapuche”, “violencia mapuche” o “indios al ataque” son algunas de las narrativas que las grandes medios de comunicación han intentado instalar en el debate público.
En lugar de difundir encuadres interculturales, poner en diálogo al pueblo Mapuche con la sociedad no indígena o describir un conflicto territorial complejo que lleva más de un siglo sin ser resuelto, los ataques de un sector del periodismo argentino buscan que la opinión pública se incline hacia la militarización del territorio y la represión de las comunidades indígenas en resistencia. Qué comunicar y cómo comunicarlo es el recurso que tiene el poder económico para incidir en el debate social.
Los ataques de un sector del periodismo argentino buscan que la opinión pública se incline hacia la militarización del territorio y la represión de las comunidades indígenas en resistencia. Foto: Telam
Establishment periodístico, racismo y criminalización
Lejos de profundizar en la complejidad del conflicto, la prensa argentina volvió a posicionarse del lado de las inmobiliarias, los terratenientes y la minería al generalizar un reclamo aislado: no se trataba de pequeños grupos radicalizados, sino de todo el pueblo Mapuche. La generalización siempre ha sido una falacia argumentativa para estigmatizar o criminalizar a una nación o a una cultura. Veamos algunos titulares y sus bajadas:
– Mapuches violentos: sus nexos con una ministra, ex montoneros y La Cámpora
Los vínculos de los usurpadores de tierras con movimientos pro-kurdos y pro-palestinos. Insólitos apoyos de organismos públicos a la violencia.
– La violencia mapuche y su peligrosa cercanía con los años 70
Disfrazada de un reclamo social por justicia, los violentos ataques de la RAM en el sur evocan el inicio de la actividad guerrillera de los años 70. No cuentan, como entonces, con el apoyo social que también tuvo la violencia estatal de la dictadura, pero aparecen amparados por el Estado, por funcionarios y por agrupaciones oficialistas. Tal vez sea hora de hablar con seriedad sobre la violencia política en el país.
– Mapuchismo
La reivindicación violenta de quienes se llaman originarios es reaccionaria -el regreso a un pasado ideal- y racista.
Los clásicos titulares a los que la prensa argentina nos tiene acostumbrados, se vieron superados por un informe del programa Periodismo Para Todos (PPT): “Indios al ataque: mapuches, terrorismo y complicidad estatal”. Una burda generalización, estigmatización, música de guerra y racismo son los condimentos de una pieza de 14 minutos que vale la pena estudiar en las escuelas de periodismo y comunicación.
Tras recoger los testimonios del intendente de la localidad patagónica de El Bolsón que califica el incendio de un club y la vandalización de una iglesia como “terrorismo”, un dron muestra un pequeño acampe Mapuche y los movimientos de una mujer. Desde lejos, un micrófono toma los dichos de la lideresa Romina Jones Huala: “Yo estudié periodismo y lo que hacen ustedes no es periodismo”.
El pueblo Mapuche aún recuerda las coberturas racistas del programa en 2017, cuando replicaba el discurso del gobierno de Mauricio Macri durante la desaparición de Santiago Maldonado y luego legitimaba la represión que terminó con el asesinato de un tiro por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel. Tras ligar durante todo el informe a la violencia con el pueblo Mapuche, un periodista concluye: “No está claro quién cometió ahora los atentados de El Bolsón, pero está claro que fueron atentados muy planificados con conocimiento de técnicas de explosivos”.
El pueblo Mapuche aún recuerda las coberturas racistas de Periodismo Para Todos en 2017, cuando legitimaba la represión que terminó con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel. Imagen: PPT
Cuando el periodismo le da espacio a las voces indígenas
Si bien las corporaciones mediáticas manejan encuadres que criminalizan al pueblo Mapuche, en los últimos años una nueva generación de periodistas y de medios ha comenzado a disputar las agendas del establishment periodístico. De este modo, lentamente la mirada y los testimonios de los líderes indígenas comienzan a llegar a los medios de la Ciudad de Buenos Aires.
– Mauro Millán: “La inmensa mayoría del pueblo mapuche no incendia, sino que construye” (Santiago Rey en El Diario Ar).
Mauro Millán es lonko (jefe) de la comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut. Hace 21 años participó de esa recuperación territorial. Hoy acompaña procesos similares en distintos puntos de la Patagonia. Dice que “las recuperaciones no se van detener con un final represivo a las comunidades” y que “la inmensa mayoría del pueblo mapuche no participa de ataques”.
– Lef Nawel: “Esta ciudadanía argentina nos ha sido impuesta a través de un genocidio” (Entrevista al referente Mapuche en Radio Con Vos).
Del mismo modo que cuestionamos las coberturas racistas, también es necesario señalar estos ejemplos de pluralidad de voces, interculturalidad y esfuerzos de una nueva generación de periodistas por comprender una realidad compleja. Es falso que todos los comunicadores son trabajadores a sueldo. En esta puja por la producción de sentido, es necesario valorar y destacar a quienes realizan su trabajo con un fuerte compromiso por los derechos humanos.
Lentamente la mirada y los testimonios de los líderes indígenas comienzan a llegar a los medios de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Telam
Herramientas frente a la criminalización
El establishment periodístico que promueve la indignación invocando la ley y el orden, olvida, ignora u oculta que los pueblos indígenas cuentan con un amplio abanico de herramientas jurídicas para defender su derecho a los territorios que tradicionalmente ocupan. No solo en la legislación argentina, sino también en el derecho internacional.
En primer lugar, el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional es más que claro sobre la propiedad indígena tradicional: “(…) reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (…)”.
Es necesario visibilizar la apropiación de la Patagonia por terratenientes extranjeros. ¿Cuántas ciudades de Buenos Aires entran en el casi millón de hectáreas que posee Carlo Benetton? ¿Cuántos lagos se esconden en la hacienda de Joe Lewis?
A nivel internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Argentina, señala el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada. Además de promover la participación política en la toma de decisiones públicas, el convenio eleva los estándares de exigencia y cumplimiento de los derechos indígenas.
Por fuera del ámbito jurídico, es necesario visibilizar la apropiación de la Patagonia por grandes terratenientes extranjeros. ¿Cuántas ciudades de Buenos Aires entran en el casi millón de hectáreas que posee Carlo Benetton? ¿Cómo hizo para apropiarse de tantas tierras un millonario italiano? ¿Cuántos lagos se esconden en la hacienda de Joe Lewis? ¿Cuáles son los vínculos de Lewis con la política argentina y la estructura económica del país?
Mientras criminalizan al pueblo Mapuche, los medios argentinos no informan la cantidad de tierras de la familia Benetton. Mapa: El País
Más y mejor política
Es muy cierto lo que señala el profesor Marcelo Munsante en la nota Marcar, reprimir, privatizar: “Los principales medios se esfuerzan por instalar el miedo al ‘terrorismo mapuche’ y advierten del ‘peligro de perder la Patagonia’. El periodismo estigmatiza y el Estado adquiere legitimidad para reprimir. En silencio, los sectores empresarios se frotan las manos y esperan la resolución del “problema indígena” para apropiarse de los territorios en disputa”.
Una vez más, el establishment periodístico argentino ha decidido ubicarse del lado del poder económico que saquea los recursos de la Patagonia. Cuando criminaliza al pueblo Mapuche, está intentando construir una corriente de opinión que reclame represión. O, por lo menos, que haga la vista gorda si las fuerzas de seguridad reprimen. Cuando los medios de comunicación generan encuadres racistas contra los pueblos indígenas, en el fondo, están invisibilizando cómo los terratenientes, el turismo, la minería y la actividad petrolera usurpan sus territorios. Eso es lo que debemos visibilizar.
Mientras un sector del periodismo reclama represión y sangre, es necesario insistir en que la solución no está en las balas, sino en más y mejor política. Es necesario aprender de la experiencia chilena. La radicalización del conflicto se encuentra en la falta de diálogo. Los Estados latinoamericanos modernos del siglo XXI deben hacer frente a los problemas irresueltos del siglo XIX. La plurinacionalidad y el reconocimiento de derechos territoriales son el único camino posible a la pacificación.
Damián Andrada es editor general de Debates Indígenas, Magíster en Ciencia Política y Sociología y compilador de “Hacia un periodismo indígena”.
Fuente: https://debatesindigenas.org/notas/138-rol-de-la-prensa-argentina-pueblo-mapuche.html
