Una nueva estafa a los trabajadores y jubilados


Ante el anuncio presidencial sobre el Plan de Viviendas

por Lidia Meza,  Secretaria de Previsión Social de la CTA

En su origen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público (FGS) fue creado, por el Decreto 897/2007, con la finalidad de preservar el régimen previsional público del impacto negativo de las variables económicas y sociales.

Atender insuficiencias del financiamiento del sistema preservando la cuantía de las prestaciones previsionales; constituir un fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los superávits garantizando el carácter previsional de los mismos.

Con la eliminación de las AFJP el Fondo se vio sustancialmente aumentado por el ingreso de la totalidad de los aportes que los trabajadores habían hecho al sistema privado, desde su creación, en 1994, hasta su eliminación, en el 2008.

En ese momento mediante el decreto 2103/2008 se incorpora un inciso al decreto 897/07 que autoriza el uso de los recursos para el desarrollo sustentable de la economía nacional.

Desde esa fecha se empiezan a utilizar los recursos sin límite alguno, para distintos emprendimientos públicos y privados que en su mayoría no guardan relación alguna con la finalidad de preservar el régimen previsional y pagar correctamente las prestaciones previsionales.

El Fondo tiene un activo de $ 209.103 millones, de los cuales el 59,1% está invertido en títulos públicos y obligaciones negociables, el 13,8% en proyectos productivos, el 10,2% en plazos fijos, el 8,7% en disponibilidades y otros y el 8,1% en acciones. Ahora el Poder Ejecutivo anuncia un plan de créditos para la construcción de viviendas financiado, en parte con fondos jubilatorios. Se informa a través del propio ANSES que está en marcha el otorgamiento de 100.000 créditos para la vivienda, préstamos a 30 años, a un interés del 2 al 14% anual.

En la propia página de ANSES se dice que el Fondo fue constituido para garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones frente a contingencias que sufra el sistema previsional. Nada de eso ocurre.

Estamos en presencia de un verdadero fraude no solo a los jubilados, que no se les paga un haber jubilatorio digno, no se actualizan sus haberes y las deudas originadas conforme los fallos de la Corte, sino al conjunto de la clase trabajadora poniéndose en riesgo la sostenibilidad en el tiempo del sistema previsional.

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha tenido respuesta satisfactoria de la ANSES sobre el destino de los recursos. Acaba de pedir un nuevo informe en el que exige que el organismo brinde datos sobre una litigiosidad creciente, cantidad de juicios y sentencias no pagadas y sobre los recursos para el 2012 y 2013 y los pagos de los haberes de los regímenes especiales.

En lugar de destinar los recursos propios para actualizar las prestaciones previsionales en particular el mínimo jubilatorio y pagar a todos los jubilados la actualización del haber ordenado por la Corte, en distintos fallos judiciales, se destinan sus recursos a objetivos que no son previsionales.

En la práctica funciona el sistema previsional como un régimen de capitalización, invirtiendo los recursos de los trabajadores para otros fines.

Mientras en la mayoría de los países de América Latina los sistemas constitucionales garantizan mediante normas expresas la preservación de los recursos previsionales para fines específicos y no se autorizan inversiones de riesgo, en nuestro país el gobierno actúa desnaturalizando el sistema, manejando discrecionalmente y en forma arbitraria los recursos previsionales. No cumple con los principios constitucionales del 14 bis que establecen la autonomía económica y financiera de los sistemas de seguridad social y su administración por los interesados, con participación del Estado.

Denunciamos que el Gobierno lo hace fuera del orden constitucional poniendo en peligro cierto los recursos del sistema previsional, desviando los fondos a fines distintos al pago de las prestaciones previsionales, y desnaturaliza la función de un sistema previsional de reparto solidario.

Experiencias similares en nuestro país llevaron al desfinanciamiento del sistema previsional y al actual régimen de mínimos asistenciales, que no garantiza el pago de prestaciones proporcionales y sustitutivas del salario.

Denunciamos un nuevo fraude al conjunto de la clase trabajadora que conlleva la destrucción del sistema previsional público de reparto solidario, que se transforma en un Fondo de préstamos al Estado y a privados que, rápidamente, verá licuado sus recursos.

Denunciamos a este Gobierno sediento de aplausos que el dinero para las futuras viviendas no es mérito propio, es el aporte de los jubilados pobres para los trabajadores pobres.

Notas relacionadas