Con un auditorio lleno, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) presentó el informe anual “El sistema de la crueldad”, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. En ese marco realizó un crítico diagnóstico sobre el cuadro que se registra en los penales e Institutos de Niñez.
La CPM hizo especial hincapié en que no puede tolerarse la tortura en una democracia madura como ésta, pidió la pronta aprobación del proyecto de Policía Judicial y tomó el caso de Luciano Arruga como paradigma de la arbitrariedad policial y la inacción judicial e informó que en 2011 se produjeron 126 muertes en las cárceles, lo que representa un promedio de 10 personas cada mes.
En ese contexto, el co presidente de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel, destacó que “me preocupa el día después de la presentación del informe, no es una presentación más de un libro, es algo que hace a toda la sociedad, a la conciencia colectiva y a la responsabilidad de las autoridades de la Provincia y de la Nación”.
“Los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles: si se violan los derechos humanos las democracias se debilitan”, agregó y dijo que “algunos ejes perviven y nos preocupan: las torturas, la situación de los niños, de los menores”.
En tanto, Roberto Cipriano García, director de Promoción y Protección de Derechos, evaluó que “el informe es una nueva luz de alerta que se enciende frente a las graves violaciones de los derechos humanos que se registran en los lugares de detención y a manos de las fuerzas de seguridad”.
Al cierre, el Dr. Hugo Cañón, co presidente de la CPM, dijo: “El aparato de poder de exterminio como tal ya no existe pero la impronta de la dictadura subyace en el sistema vigente en nuestra provincia y esa es la base de nuestro trabajo” y se preguntó si “ ¿Hay pactos de gobernabilidad que consienten que la tortura exista?”
La presentación contó con la presencia del vicegobernador. Gabriel Mariotto y a los presidentes de bloques de la legislatura bonaerense FAP, UCR, EDE y FPV.
La Comisión Provincial por la Memoria está integrada por Adolfo Pérez Esquivel – Hugo Cañón – Laura Conte – Aldo Etchegoyen – Alejandro Mosquera – Victor Mendibil – Elisa Carca – Mauricio Tenembaum – Roberto Tito Cossa – Daniel Goldman – Mempo Giardinelli – Elizabeth Rivas – Martha Pelloni – Víctor De Gennaro – Emilce Moler – Fortunato Mallimaci – Susana Méndez – Luis Lima – Verónica Piccone – Carlos Sánchez Viamonte
Además de los citados, se encontraban presentes el secretario adjunto de ATE Nación, Hugo Godoy, el titular de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Blasco, y el secretario general de la CTA La Plata-Ensenada, Carlos Leavi
El Informe
Analizar la situación de las políticas de seguridad pública, de la vigencia de los derechos humanos de las personas detenidas, de la violencia institucional sobre los cuerpos y almas de niños y niñas de la provincia de Buenos Aires es hablar del conjunto de nuestra sociedad, del rol del Estado, de las capacidades y debilidades de la democracia que hemos construido. Las asignaturas pendientes dan cuenta del valor de las transformaciones realizadas y también de las dificultades para superar el neoliberalismo en el poder, en la cultura, y en los prejuicios presentes en los discursos dominantes.
Una concepción de la construcción pacifica y participativa de los derechos humanos de todos es clave no sólo para más justicia en un país que tuvo tanta impunidad, sino para más democracia: más democracia política, más democracia económica, más democracia redistributiva, más democracia del conocimiento.
Tal como lo describimos en este séptimo informe y en los que lo anteceden, el funcionamiento del sistema de la crueldad tiene como correlato la cristalización de la violencia institucional en miembros de las agencias estatales que detentan el uso de la fuerza. En este escenario, la violencia y la arbitrariedad policial y penitenciaria no deben ser abordadas como trasgresiones individuales y esporádicas sino como prácticas ilegales y sistemáticas, aprendidas e incorporadas en el devenir cotidiano de las rutinas institucionales y amparadas por la estructura judicial y diferentes modos de legitimación política, social y cultural.
En sintonía con el diagnóstico que propone este informe, las propuestas deben inscribirse en tres niveles: reformas institucionales y culturales estructurales; limitación del impacto de la violencia institucional a corto y mediano plazo; creación de otro sentido común que dispute el paradigma punitivo dominante en el conjunto de la sociedad. Aquí presentaremos las que consideramos con capacidad de incidir estructuralmente en el sistema e impulsar el cambio de paradigma.
• Reorientación de la política criminal (derogación de la ley antiterrorista; creación de una comisión nacional para la reforma, actualización e integración del Código Penal; reordenamiento del Código Procesal Penal y profundización del sistema acusatorio).
• Transformación de la institución policial en clave democratizadora.
• Modificación de las políticas penitenciarias y transformación del Servicio Penitenciario Bonaerense, transformándolo en una fuerza civil (desmilitarizada) de cuidado y seguridad de las personas detenidas.
• Necesidad de superar la distancia entre los cambios parlamentarios positivos en las políticas de niñez y las prácticas en un contexto de violación de los derechos de niñas y niños.
La CPM no sólo controla, denuncia y propone; pretende también intervenir de forma directa en la transformación de las condiciones generales de la sociedad para que la perspectiva de los derechos humanos sea parte de esa cultura que moldea las formas del vivir juntos, y que sea por tanto constitutiva de las expectativas políticas de la sociedad.
El informe se divide en tres capítulos: políticas penitenciarias, políticas de seguridad y políticas de niñez.
Políticas penitenciarias
Los problemas del sistema penitenciario hay que encuadrarlos en el marco de un sistema mayor al que denominamos el sistema de la crueldad, concepto que explica su raíz estructural y las relaciones interpoderes que lo hacen posible. Señalamos cuatro núcleos fundamentales:
-la tortura como práctica sistemática,
-la sobrepoblación en la totalidad del sistema con nichos de hacinamiento crítico,
-condiciones inhumanas de detención violatorias de toda la normativa vigente
-la corrupción estructural en la administración penitenciaria.
Sostenemos que en la trama que sostiene al sistema está la responsabilidad de la mayoría del Poder Judicial que no investiga los hechos y consagra la impunidad.
Muertes en contextos de encierro
En el año 2011 se produjeron 126 muertes en 39 de las 54 unidades del servicio penitenciario bonaerense, lo que representa un promedio de diez personas cada mes. El SPB clasificó 47 de ellas como muertes traumáticas y 75 como no traumáticas. De estas últimas, 18 fueron por VIH-Sida, 4 no especifican causal y en 25 casos sólo se consignó paro no traumático sin especificar las causales de base y las mediatas.
Torturas
En el año 2011 la CPM realizó -a través del equipo CCT- 2.371 presentaciones judiciales entre habeas corpus, informes urgentes y denuncias penales que incluyeron la denuncia de un total de 7.089 hechos de distintas violaciones de derechos humanos, que constituyen torturas o maltratos. Los principales tipos fueron: falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, aislamiento, condiciones materiales de infraestructura, problemas de alimentación y golpes. Concentraron el 47% de las denuncias las unidades penales 2, 1, 9, 30, 17, 28 y 15.
En 2011 se registraron 10.458 hechos violentos informados por el servicio penitenciario (un promedio de 28,6 hechos por día), lo que representa un incremento del 31% respecto de 2010. La clasificación de hechos que realiza el SPB no contempla la violencia de los agentes penitenciarios sobre las personas detenidas. Por esta razón no se informan agresiones o amenazas padecidas por los detenidos. En 8 de cada 10 casos (5.164 personas) de estos hechos se lesiona el cuerpo de los detenidos. Las lesiones graves y las muertes registran incrementos en 2011, siendo que la mortalidad en el marco de hechos violentos creció el 30% en el último periodo interanual.
Una de las herramientas utilizadas para el diagnóstico que se presenta es el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, que se implementa junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios en Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la UBA. Durante su primer año de implementación, 2011, se recogieron testimonios de 235 víctimas que habían sufrido en promedio casi 6 tipos de tortura cada una, en los últimos dos meses. Fueron registrados, entre otros, los testimonios de: 124 víctimas de agresiones físicas; 196 víctimas de aislamiento; 85 víctimas de traslados constantes; 207 víctimas de gravosas condiciones materiales de detención; 171 víctimas de falta o deficiente alimentación; 60 víctimas de robo de pertenencias.
El Ministerio Público remitió información sobre 2.635 causas contra funcionarios públicos iniciadas en el año 2011 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ello representa un promedio de casi 220 denuncias por mes, es decir, más de 7 denuncias diarias. Siguiendo la tendencia histórica, los delitos imputados con mayor frecuencia en este tipo de causas son apremios ilegales, severidades y vejaciones, con una participación de casi el 80% en los registros del Ministerio Público. Preocupa la baja proporción de causas caratuladas como tortura, delito imputado en 12 causas (0,5%).
Hacinamiento
Más del 45 % de la población encarcelada en Argentina se aloja en las 60 cárceles y alcaidías penitenciarias de la PBA. Al 29 de diciembre de 2011, 27.991 detenidos se alojaban en las 18.640 plazas con que contaba el sistema provincial de encierro. Más allá de las diferencias entre unidades, en ningún caso se respetan los estándares internacionales que prevén 7 m2 por cada detenido.
Mujeres
El SPB aloja 1.205 mujeres en un sistema carcelario diseñado, pensado, desarrollado y controlado por y para hombres. De estas mujeres detenidas, 17 estaban embarazadas, 74 estaban detenidas con sus hijos/as, y 91 chicos/as se encontraban detenidos/as con sus madres. A la violencia inherente a las instituciones penitenciarias, se le suma la violencia de género como una forma de la tortura específica, ejercida tanto por personal femenino como masculino. Durante el año 2011 se incrementaron los hechos de violencia informados por el SPB: de 254 registrados en 2010 a 419 en 2011.
Las personas trans que adoptaron una identidad de género femenina son las más vulnerables dentro de las unidades penales. No hay espacios de detención pensados para alojarlas, por lo que son obligadas a permanecer en unidades penales masculinas. Los únicos pabellones destinados para el alojamiento de personas trans son los denominados de “homosexuales”, donde conviven con homosexuales y personas con causas vinculadas a delitos contra la integridad sexual, primando el criterio de desviaciones sexuales. Esta población es constantemente discriminada por tener una construcción identitaria diferente a la heteronormatividad.
Salud
El funcionamiento de la salud penitenciaria presenta graves falencias. Durante el año 2011 las muertes por enfermedad fueron la primera causa de muerte en la población privada de libertad, encabezando el VIH y los suicidios. Sin embargo, a pesar de los numerosos protocolos estadísticos, establecidos nacional e internacionalmente, en el registro de muerte de 25 personas no se especifican debidamente las causas, ocluyendo el análisis integral de la situación.
Presentaciones judiciales del Comité contra la Tortura por problemas de salud: 1.040 por detenidos sin atención médica, y 206 casos por atención médica deficiente. Los principales:
-306 por lesiones,
-155 por VIH,
-127 por lesiones traumatológicas,
-91 por aparato digestivo,
-71 por enfermedades neurológicas,
-68 por oftalmológicas, y
-59 por adicciones.
Como se puede deducir, los problemas de salud denunciados guardan estrecha relación con las principales causas de muerte. Las unidades penales psiquiátricas de la provincia de Buenos Aires se enmarcan dentro de una doble lógica: la lógica general para la salud mental -estigmatización, abandono, encierro, maltrato- y la lógica del sistema penitenciario -desidia, tortura y represión.
Condiciones de detención
Las condiciones de detención en la Provincia no se adecuan a lo previsto en la normativa constitucional e internacional vigente en nuestro país y no garantizan el respeto a la dignidad de las personas.
Las unidades penales provinciales padecen deficiencias edilicias estructurales: unidades muy antiguas o bien nuevas pero construidas con materiales de baja calidad y diseñadas para alojar menos personas que las que en la actualidad alojan. Esto produce gran cantidad de problemas, desagües cloacales colapsados y obstruidos, falta de colchones, hacinamientos en la celdas y pabellones, frío, oscuridad, falta de agua potable, etc.
El estado provincial invierte por mes $ 6.089 por detenido, cerca del 82 % se utiliza para pago de salarios y mantenimiento. El 18 % es para las erogaciones en los rubros de comida, limpieza y medicamentos. Gran parte de estas partidas se pierden en los circuitos de corrupción que están ligados a las inhumanas condiciones de detención y malos tratos o torturas que padecen los detenidos. El robo de alimentos, medicación, útiles de limpieza, etc. provoca el padecimiento de hambre, nula higiene y desatención médica. Para sostener estas condiciones se apela a la violencia institucional, tendiente a callar los reclamos y denuncias de los detenidos.
Trabajo carcelario
También se analiza el trabajo esclavo al que se somete a detenidos que cobran mínimos montos. Quienes trabajan para empresas perciben sueldos menores a los $ 1.000 y no cuentan con ART, aportes o los requisitos establecidos por las leyes laborales. Quienes realizan tareas dentro de la Unidad perciben $1.24 para el peón, $1.42 para el medio oficial o $1.61 para el oficial, por día de trabajo.
Políticas de seguridad
Los casos de Alejandro Alonso, Nahuel Orazi, Mariel Simonini, Walter Stefanetto, Carlos Valenzuela, Lautaro Bugatto, Federico Taja, la joven G.N.V., Saúl Bogado y Julio Álvarez nos permiten mostrar, desde un puto de vista cualitativo, la continuidad de prácticas policiales como la detención por averiguación de antecedentes; el armado y fraguado de causas; la adulteración o fraguado de registros policiales; el uso letal de la fuerza, el gatillo fácil y la tortura; entre otras.
Durante el año 2011 la Comisión Provincial por la Memoria creó el Programa de Justicia y Seguridad Democrática con el propósito de promover los objetivos del Acuerdo de Seguridad Democrática, profundizar los diagnósticos y debates en torno a la seguridad pública y realizar aportes orientados a la transformación democrática. En este marco se ha avanzado en dos objetivos fundamentales:
• Proyecto de implementación de la Policía Judicial para la provincia de Buenos Aires. Con el objeto de aportar al cambio de paradigma en la investigación la CPM elaboró un anteproyecto para la creación de la policía judicial. Se realizaron más de diez encuentros y jornadas de trabajo de las que participaron fiscales, defensores, jueces, académicos, referentes políticos y sindicales, colegios profesionales y organizaciones de derechos humanos, espacio que tomó el nombre de Convergencia para la democratización de la justicia. El proyecto presentado propone la creación de un organismo especializado en investigaciones complejas, profesionalizado, dotado de recursos materiales y humanos suficientes, independiente de la estructura policial y con fuerte arraigo en el respeto por los derechos humanos. La propuesta de una agencia especializada en delitos complejos tiene por objeto constituir una herramienta que incida en la reorientación hacia la investigación de circuitos delictivos y que, de manera transversal, permita desestructurar redes criminales cuyo funcionamiento requiere organización y logística sofisticada y la participación de agentes o estructuras estatales.
• La Comisión Provincial por la Memoria, jerarquizando este problema, ha creado el Observatorio de políticas de seguridad junto con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional La Plata.
Políticas de niñez
En las inspecciones a los centros de detención se ha constatado la persistencia en el uso masivo y generalizado de la prisión preventiva en la ocupación de las plazas de encierro del sistema de responsabilidad penal juvenil: el 71% de sus vacantes son ocupadas por adolescentes en calidad de procesados. Tomando sólo el 29% restante -que ya cuenta con sentencia condenatoria- en el 73% de estos casos el expediente se resolvió con la cuestionada figura de juicio abreviado, objetada en términos de su constitucionalidad así como de su pertinencia y eficacia en el pretendido proceso de responsabilidad penal juvenil.
A partir de las entrevistas efectuadas a los jóvenes en centros cerrados y de recepción se constató la persistente violencia policial y la continuidad del alojamiento en comisarías: nueve de cada diez jóvenes permanecieron detenidos en una dependencia policial luego de ser aprehendidos. Entre aquellos que estuvieron alojados dentro de comisarías, el 29% permaneció allí entre 1 y 6 horas, el 35% entre 7 y 12 horas y el 36% por 12 horas o más tiempo, alcanzando en algunos casos a permanecer en tales espacios por varios días. Dentro de las comisarías, el 40% fue golpeado y/o torturado bajo diversas modalidades, que incluyen la aplicación de fuertes cachetazos en los oídos, golpes de puño y patadas en costillas, piernas, cabeza y espalda entre varios efectivos mientras los jóvenes se encuentran inmovilizados o en clara situación de indefensión.
También reconoce sistematicidad la aplicación de torturas y malos tratos en los centros de detención de la Subsecretaría de Niñez. De un total de 116 entrevistas realizadas durante el año 2011, el 19,5 % de los jóvenes manifestó haber padecido torturas y malos tratos por parte de asistentes de minoridad.
Durante 2011 ocurrió un nuevo hecho de suicidio en el Centro Cerrado Virrey del Pino, La Matanza. Miguel tenía 19 años y se suicidó en su celda el 15 de septiembre; había sido trasladado allí poco tiempo atrás proveniente del Centro Cerrado Almafuerte. En este último lugar estudiaba computación, comunicación social y trabajaba en el horno de ladrillos, actividades que cesaron por total en el nuevo centro de detención, que lo volvió a colocar en un régimen de absoluta incapacitación. Cuentan sus compañeros que Miguel estaba deprimido por el monto de la pena que había solicitado el fiscal penal juvenil. Con este hecho el Centro suma el tercer caso de suicidio desde noviembre de 2008.
A partir de un relevamiento realizado por este Comité en la Unidad 33, que aloja la mayor cantidad de madres detenidas con niños en la provincia de Buenos Aires, se constata la absoluta falta de intervención del sistema de promoción y protección de derechos para los niños y la restricción para el acceso a la Asignación Universal por Hijo, entre otros derechos.
