Ocurrió el lunes pasado entre las 19 y las 20, cuando dos mujeres embarazadas fueron víctimas de una feroz represión con golpizas y gas pimienta por parte de 13 penitenciarios varones, en el sector de sanidad de la Unidad 33, ubicada en la localidad bonaerense de Los Hornos.
A raíz de una denuncia que fue recibida en la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM), el equipo de inspecciones del Comité Contra la Tortura se dirigió a la Unidad Penal 33 de Los Hornos, donde se encontró con dos mujeres embarazadas fuertemente golpeadas en el sector de sanidad y constataron lesiones visibles en todo el cuerpo, informaron desde ese organismo a Online-911.
Según relataron las propias víctimas, trece uniformados varones las atacaron arrojándoles gas pimienta y golpeándolas brutalmente, sabiendo que están embarazadas de 4 y 5 meses y una de ellas con un embarazo de riesgo.
Las heridas propinadas por los penitenciarios les provocaron hematomas en piernas, brazos y abdomen, y cortes en distintas partes del cuerpo, según señalaron los voceros.
Al respecto, desde el CPM, indicaron que “esta situación profundiza gravemente las condiciones de detención que ya son alarmantes: falta de atención médica, traslados constantes, torturas y malos tratos, aislamiento y castigos, son parte del relato del cotidiano de las detenidas”.
Asimismo, señalaron que “es urgente desarrollar políticas tendientes a la promoción y el respeto de los derechos de las mujeres privadas de libertad”
En ese contexto, explicaron que “una de las jóvenes golpeadas pasó en los últimos seis meses por seis cárceles ubicadas en distintos puntos de la provincia (estuvo en San Martín, Azul, Bahía Blanca, Batan, Melchor Romero y Los Hornos donde recibió esta golpiza)”.
Tras tomar conocimiento de los hechos, desde la CPM realizaron las presentaciones judiciales pertinentes a fin de que sus jueces naturales tomen la debida intervención.
Además desde la entidad manifestaron “su profunda preocupación sobre la situación de las mujeres privadas de libertad. Las políticas penitenciarias se encuentran impregnadas de la violencia de género; en las mismas se reflejan, al igual que en el conjunto social, las relaciones de poder sexo-género que vulnerabilizan aún más los derechos de las mujeres”.
La CPM informó que entre el año 2012 y la primera mitad del año 2013, la violencia contra las mujeres privadas de libertad se ha incrementado considerablemente, y durante los años 2011 y 2012 se registraron casos de pérdidas de embarazos después de las golpizas realizadas por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
“Instamos al Poder Ejecutivo a que, sin perjuicio de la investigación, adopte las medidas administrativas correspondientes con personal involucrado e intervenga para garantizar el cese inmediato de violencia ejercida contra las mujeres. Es urgente desarrollar políticas tendientes a la promoción y el respeto de los derechos de las mujeres privadas de libertad” concluyeron.
Fuente: Online 911
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