El Movimiento de Trabajadores Excluidos -MTE Rural- junto con Valeria Alonso, investigadora del Instituto Nacional de Epidemiología de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud en Mar del Plata, realizaron un informe en relación a las mujeres trabajadoras de la tierra y las problemáticas en torno al acceso a la salud vinculado con violencia laboral y de género. Esto Forma parte del proyecto de investigación «Los efectos de la pandemia de COVID-19: estrategias comunitarias y derecho a la salud desde una perspectiva interseccional».
El derecho a la salud de las mujeres rurales
Según la Declaración de Alma-Ata de 1978, el derecho a la salud se entiende como el disfrute del más alto nivel posible de salud. Luego se agregan las definiciones del derecho a la salud de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979 y de los pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT, incorporados a la Constitución Nacional de 1994. También se encuentra comprendido en el marco legislativo argentino de ampliación de derechos en salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención de la violencia contra las mujeres, identidad de género y acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
En el cordón frutihortícola de General Pueyrredón, las mujeres reconocen distintos tipos de dolencias, pero las relaciones con los centros de atención primaria de salud (CAPS) no son buenas y empeoraron luego de la pandemia. Además de las distancias de las quintas, las mujeres entrevistadas afirman que “los centros de salud no funcionan” o “hay que mendigar para un turno.” Para los casos frecuentes de asma, artrosis o calambres se puede recurrir a remedios caseros, pero los problemas de salud sexual y reproductiva de las mujeres rurales revelan condiciones de profunda inequidad.
La atención del embarazo y el parto queda supeditada a las condiciones del sistema público de salud. María Elena afirma: “es difícil en el campo, porque si estás embarazada por ahí te hacen un control, tenés que sacar un turno. Si te lo dan, si llegás temprano. Y a la hora de dar a luz, tenés que irte hasta el Materno y dejás a toda tu familia, tus otros hijos”. Johana relata con dolor: “cuando llegué a la salita con pérdidas, me bajé del auto y la enfermera me gritó de adentro de la salita. Le dijo a Lalo: ‘llevala al Materno’. Desde ahí. No salió a mirarme qué era lo que tenía, que si yo tardaba cinco minutos más me desangraba. Y cuando llegué al Materno me subieron de emergencia directo al quirófano. Tuve una pérdida de 28 semanas”.
Los derechos al cuidado del embarazo, el parto y el puerperio tampoco están garantizados, debido a las condiciones informales del trabajo hortícola y su enmascaramiento como ayuda familiar. Según relata Johana: “hay veces que en muchas quintas, apenas tenés el bebé, a los dos días tenés que salir sí o sí a trabajar: si trabajás con patrón, o sea a porcentaje”. Agrega Irma: “y te lo llevás. Yo tengo bebé y me lo llevo al campo”.
En general no se consigue trabajo en las quintas para mujeres solas, sin pareja. La dependencia con los hombres tiene efectos en las situaciones de violencia de género, porque si la mujer deja el hogar o rompe la unión conyugal, se queda sin trabajo y también sin techo. Entonces, como afirma una compañera: “sí, por ahí tenés que aguantar, porque si no, ¿quién te va a dar trabajo? Si vos trabajás de campo y aparte tenés chicos, ¿cómo hacés para ir a trabajar a la ciudad?”.
A la vulneración de derechos sexuales y reproductivos se suma la discriminación en los centros de salud: “por ser paisanos”. Según Irma, ello se explica en que “hablan medio rápido. Cuando vos venís, al principio no entendés nada. Yo cuando vine iba a cumplir 15 años. No entendía nada de lo que decían, de vuelta les preguntaba y no les gustaba”. Johana agrega: “sí, pero también hay alguna paisana que trabaja en la verdura, en el tomate, tiene la mano negra. Porque vos agarrás y por más que te lavás… Claro, y la ven con la mano así, uf”. La solución es, como afirma, María Elena: “ahora ya sabemos, usamos guantes. Por ahí, si yo tengo las manos limpias es porque uso guantes. Porque si no, antes las tenía partidas y negras. Pero ni por más que te laves con lavandina. Nosotras antes de salir nos lavamos con lavandina y cepilladas”
Género y pospandemia
El derecho a la salud fue afectado por la pandemia de COVID-19. Las condiciones de vida se deterioraron por la crisis económica y social profundizada por la emergencia sanitaria. La crisis alimentaria, la violencia de género y la restricción en el acceso a los servicios de salud modelaron las existencias en los barrios periurbanos y las zonas rurales de Argentina. Los grupos sociales resolvieron el acceso a la alimentación y la atención de la salud a través de la organización popular, y lo hicieron con la participación mayoritaria de las mujeres (Alonso et al, 2021). Los esfuerzos democráticos y sociales fueron significativos en la contención de la pandemia, pero durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio del año 2020 se observó un recrudecimiento de manifestaciones de discriminación y racismo en barrios populares y comunidades indígenas de Argentina (Mastrángelo, Hirsch y Demonte, 2021). En América Latina, la crisis económico sanitaria generó un incremento en las desigualdades de género y una mayor vulnerabilidad de las mujeres a la inseguridad alimentaria y la violencia doméstica, agravada por el aislamiento social (Sousa, Ditterich, Melgar-Quinõnez, 2021). En este artículo nos preguntamos por el derecho a la salud de las mujeres rurales que trabajan en el cordón frutihortícola de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, sus afectaciones y proyecciones para la pospandemia, así como la capacidad de organización territorial, en el marco de las dificultades de acceso a la tierra, las condiciones migratorias y las debilidades del sistema de atención primaria de la salud. Los testimonios surgen de entrevistas realizadas en abril de 2023[1] con delegadas de la Rama Rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural) de la regional Mar del Plata-Batán.
Trabajar en el cordón frutihortícola de Mar del Plata y Batán
El cordón frutihortícola del partido de General Pueyrredon es un área de 25 kilómetros que circunda a las localidades de Mar del Plata y Batán sobre las rutas provinciales 226 y 2 y la ruta nacional 88. Debido a sus condiciones agrícolas, es el segundo más importante de Argentina, luego del de La Plata. Su producción de frutas y hortalizas abastece los principales centros urbanos del país. Corresponde a la segunda actividad productiva del partido, luego de la pesca extractiva. La actividad frutihortícola es intensiva en fuerza de trabajo, uso de la tierra y capital. Se estima que 30% de las frutihorticultoras y los frutihorticultores son trabajadores migrantes de Bolivia (Belderrian, Atucha y Lacaze, 2017). Varias de las mujeres entrevistadas en 2023 llegaron con sus familias desde las tierras bajas de Tarija, y otras vienen del Noroeste y Nordeste Argentino. Ninguna reconoce una ascendencia indígena, aun cuando algunas manifiestan comprender el idioma guaraní.
Si bien en 2011 se sancionó la Ley 26.727 que aprobó el régimen de trabajo agrario en Argentina y prohíbe las relaciones laborales conocidas como mediería, la mayoría de la producción se obtiene de relaciones de porcentaje entre las familias horticultoras y los dueños de la tierra y las herramientas. Según explica Irma: “la mayoría de la gente se tiene que meter a porcentaje, porque no les alcanza para invertir, para poder independizarse. Entonces comenzamos trabajando como porcentajeros. Así nos vamos haciendo casa, vamos ahorrando, tratando de comprar la herramienta”.
Se destaca el trabajo familiar con una importante presencia femenina en las tareas agrícolas: las mujeres realizan un trabajo invisibilizado como ayuda familiar en las quintas (Bocero y Di Bona, 2013), sumado al trabajo doméstico. Como expresa María Elena: “nosotras somos el brazo derecho del hombre, trabajamos a la par de ellos y cuidamos a nuestros hijos”. Todo ello ocurre sin la garantía de un salario.
Verdurazo en Mar del Plata 2022. Foto de Pablo González.
Agroecología y acceso a la tierra
El MTE es un movimiento gremial y social que reúne a trabajadores que quedaron por fuera del sistema formal de trabajo, organizados en varias ramas: Vendedores Ambulantes, Feriantes, Trabajadores de la Construcción, Cuida Coches, Recicladores y Recuperadores Urbanos, Trabajadores Rurales, entre otras. La Rama Rural busca organizar a compañeros y compañeras productores del cordón frutihortícola de Mar del Plata y Batán. Trabaja con la agricultura familiar en la formación en derechos, pero también actúa para la conquista de derechos no reconocidos, generando espacios de producción colectiva en formas cooperativas, sanas y justas, pensando en la salud de los trabajadores y las trabajadoras, como así también de toda la comunidad, a la hora de consumir alimentos frescos y libres de agrotóxicos. El MTE Rural lleva cinco años en General Pueyrredón. Tuvo su origen en la zona de Batán. La mayoría de quienes participan en él son mujeres, y casi todas las delegadas son compañeras.
Con la emergencia provocada por la pandemia, la organización generó diversas actividades que dieron respuesta a necesidades coyunturales de las familias rurales. Algunos proyectos tuvieron continuidad en la pospandemia. Por ejemplo, los gallineros de ponedoras en Colonia Barragán y Sierra de los Padres; el comedor comunitario de Laguna de Los Padres; la sala de valor agregado y la plantinera en Batán; y el proyecto de producción agroecológica de Chapadmalal. Varios de estos proyectos surgieron del área de género y son llevados adelante por mujeres.
El proyecto de producción agroecológica propone integrar la dimensión humana y comunitaria del acto de producir, reposicionando a productores y consumidores de alimentos como actores conscientes de la casa común que representa la naturaleza y del legado que tenemos para las generaciones futuras; garantizando el acceso a la tierra de las familias rurales, asegurando la soberanía alimentaria, evitando la exposición de las trabajadoras y los trabajadores hortícolas a los agrotóxicos, y produciendo alimentos sanos para quienes los consumen. Se trata de 140 hectáreas cedidas en comodato por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La de Chapadmalal es la primera experiencia colectiva de acceso a la tierra, vinculada con la salud de compañeras y compañeros que podrán producir y alimentarse de manera saludable, sin tóxicos. La producción agroecológica abastecerá la red de comedores del MTE, que son 20 en General Pueyrredón, que mejorarán su calidad nutricional. A ello se suma la cuestión cultural: cómo se prepara la comida, con quiénes se comparte. Se invitará a compañeras que estén en situación de violencia y deseen trabajar la tierra, con la generación de espacios de cuidado personales y para nuestros hijos e hijas.
Las transformaciones ocurridas en la década de 1990 en el ámbito rural en Argentina, caracterizadas por la profundización del modelo agroindustrial, generaron mayor concentración de la actividad agrícola, así como la marginalización de la agricultura familiar. Estos procesos, junto a reidentificaciones étnicas en algunos casos, reactualizan los conflictos por el acceso a la tierra. Las Ligas Agrarias o Campesinas de Argentina, originadas en las juventudes católicas y las organizaciones cooperativistas durante las décadas de 1960 y 1970, se organizaron contra el latifundio y los monopolios (Barbetta y Domínguez, 2016). La reivindicación “La tierra para quien la trabaja” resuena hoy en los movimientos rurales como el del MTE, que incorporan la agroecología y la soberanía alimentaria. El acceso a la tierra, amparado por la Ley 27.118 de Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en Argentina, contiene el derecho a la salud, puesto que recupera los territorios campesinos e indígenas en sus dimensiones productivas, culturales, alimentarias e identitarias.
Fuente: Valeria Alonso y Soledad Dalmonico
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