Informe del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)
1. Introducción
La cuarentena ya ha cumplido su primer mes. Si bien todavía es prematuro realizar un análisis exhaustivo sobre sus consecuencias, no menos cierto es que dicha medida parece haber sido idónea a los fines de priorizar la salud del conjunto de la población. El Gobierno Nacional adoptó decisiones drásticas y la sociedad en su conjunto ha dado muestras de acompañar este proceso.
El impacto de esta crisis sobre los trabajadores y trabajadoras está siendo muy importante y se suma a los enormes desafíos que enfrentaba nuestro país producto de la caída de la actividad económica durante los últimos cuatro años -el PBI per cápita se redujo un 8% entre el cuarto trimestre de 2015 y el mismo período de 2019- y su correlato en el mercado de trabajo: durante los últimos cuatro años la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado se redujo un 3,7% y el salario real promedio se redujo un 23,3% en el sector público y un 19,3% en el sector privado; como contracara de ello, entre 2016 y 2019 la cantidad de ocupados por cuenta propia creció un 16,5% y la cantidad de asalariados no registrados lo hizo un 15,3%.
Este contexto de precarización creciente de la estructura ocupacional es previo a la emergencia sanitaria y no sólo da cuenta de la situación crítica que por entonces atravesaban los sectores populares, sino que también permite observar algunos obstáculos y dificultades con los que se encontraron las respuestas institucionales que fue implementando el Gobierno Nacional durante este mes de cuarentena tendientes a matizar el impacto de la caída de la actividad económica sobre los sectores de menores ingresos. La enumeración exhaustiva de estas medidas excede el marco de este trabajo, pero entre ellas pueden destacarse la creación del “Ingreso Familiar de Emergencia”, la prohibición por 60 días de despidos y suspensiones sin causa o por falta de trabajo o fuerza mayor y la creación del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”. A su vez, durante las últimas semanas ha ido ampliando el listado de actividades exceptuadas de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en un intento por compatibilizar los requerimientos de la política sanitaria con la necesidad de ir generando un mayor nivel de actividad económica allí donde sea posible. Por su parte, los trabajadores y las trabajadoras no solo han demostrado un respeto muy importante a las restricciones a la movilidad, sino que han contribuido con fondos y recursos para tratar de paliar las consecuencias de la actividad económica. En efecto, una parte del financiamiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional proviene de los fondos del sistema de seguridad social, al tiempo que todas las organizaciones sindicales han puesto al servicio del sistema de salud pública su infraestructura edilicia y sanitaria.
Como veremos a lo largo de este documento, el esfuerzo realizado por el conjunto de la población y por el sector público no ha sido acompañado por las grandes empresas, quienes en términos generales han impulsado estrategias para descargar rápidamente el costo de la caída de la actividad económica sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras. Ello se ha plasmado no solo en la existencia de despidos, suspensiones, falta de pago de las remuneraciones, sino también en la exigencia de trabajar en condiciones deficitarias de seguridad e higiene que
incrementan notablemente el riesgo sobre la salud y la vida. Esta reacción no se ha reducido a pequeñas empresas que previsiblemente han sido las más afectadas por la retracción de la actividad económica. Por el contrario, en muchos casos han sido algunas de las empresas de mayor tamaño del país, y por ende con mayor capacidad de soportar financiera y económicamente la situación actual, quienes han recurrido a todos los mecanismos a su
disposición para reducir sus costos a expensas de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No había pasado siquiera un mes de la cuarentena cuando dichas empresa ya estaban implementando estrategias de ajuste en la cantidad de trabajo requerido, mediante despidos y/o suspensiones, o en el precio de la fuerza laboral, mediante reducciones salariales o a través de su transformación en sumas no remunerativas. En paralelo, en aquellas actividades que continúan funcionando durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchos
empleadores se han negado a reforzar las medidas de seguridad sanitaria, incrementando el riesgo no solo de sus dependientes sino del conjunto de la sociedad.
En tal sentido, la respuesta estatal frente a estas conductas patronales debería ser más contundente aún, a fin de garantizar no solo la efectividad de la política sanitaria sino también de impedir que los empleadores desnaturalicen los mecanismos de protección que el propio
Estado ha ido impulsando desde la declaración de la emergencia.
Finalmente, cabe señalar que en este documento solo analizamos algunas de las estrategias que los empleadores han utilizado para descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y las trabajadoras. Este abordaje presupone la existencia de un vínculo trabajador – empleador que está lejos de abarcar a la totalidad de la clase trabajadora. En efecto, quienes más sufren el impacto derivado de la emergencia sanitaria y de la retracción de la actividad económica son aquellos que no cuentan con una red de protección social o laboral, cuya subsistencia suele depender de la actividad que realizan a diario. Desocupados, trabajadores y trabajadoras en la economía informal, cuentapropistas, son todas categorías que han experimentado un fuerte
crecimiento en los últimos años y que a su vez forman parte de una tendencia general que ha sido la regla en las últimas décadas del funcionamiento del mercado de trabajo en nuestro país.
Como señalamos, el foco de este trabajo está puesto en las reacciones de los empleadores para con sus trabajadores en relación de depedencia, por lo que estas últimas modalidades ocupacionales quedarán fuera de nuestro análisis. Por cierto que deberían ser una de las prioridades al momento de pensar los desafíos presentes y futuros que se desprenderán de la situación que atravesamos en la actualidad.
2.3 Situación de los trabajadores del sistema de salud
El sector de la salud requiere un desarrollo pormenorizado, en primer lugar por ser sus trabajadoras y trabajadores lxs más expuestos al contagio, en segundo lugar porque resultan ser lxs más activos respecto a los reclamos. En líneas generales reclaman la contratación de mayor personal, la regularización de aquellos contratados bajo formatos precarios (en términos generales las organizaciones sindicales estiman en un 30% del total bajo modalidades precarias de contratación) y la creación de comités de crisis para dar respuesta a los requerimientos que implica la situación de emergencia. Asimismo, también han denunciado la falta de entrega de equipos de protección personal que los expone a un mayor riesgo, así como la falta de insumos básicos y el cumplimiento de las medidas de seguridad, tales como la clasificación de lxs pacientes según la urgencia de atención, para de esta forma categorizar la complejidad y reducir los riesgos en las salas y emergencia. En muchos casos los equipos de protección personal han
sido adquiridos por los propios trabajadores y trabajadoras, o por las organizaciones sindicales que han resuelto utilizar sus propios recursos para comprar dichos equipos ante la falta de garantía de este tipo de elementos por parte de los empleadores. En otros, los trabajadores y trabajadoras han tenido que impulsar acciones judiciales para que se ordene a gobiernos locales a sumistrar dichos elementos de protección. Finalmente, en las últimas semanas se han agregado denuncias sobre el ocultamiento dentro de hospitales y clínicas de casos positivos en el personal, por parte de directivos o dueños con el aumento de riesgo que se desprende.
En la mayoría de los hospitales del país, lxs trabajadorxs de la salud alertan sobre la falta de elementos de protección personal y de insumos para la atención, destacando que ello se profundizará cuando llegue al pico de la pandemia. En el sector público se han registrado reclamos en instituciones tales como el Hospital Ramos Mejía, el Hospital Pirovano, el Hospital Alvear, el Hospital Fernández, el SAME, el Hospital Garrahan, el Hospital Borda, Hospital Eva Perón, Hospital San Martín de La Plata, el Durán y en diferentes estructuras provinciales y municipales de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Chaco, Córdoba, Misiones, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, La Rioja, San Luis y Santa Cruz.
En el ámbito privado, lxs trabajadorxs denuncian falta de insumos y ocultamiento de casos de infección entre el personal. Algunos de los casos en los que se han detectado reclamos son el Hospital Italiano, el Sanatorio Dupuytren, el Otamendi, el Sanatorio Güemes, la Clínica Finochietto, Fleni, Bazterrica, Fleming, el Hospital Alemán, el Hospital Español, el Centro Gallego, Hospital del Milagro entre otros. También se realizaron reclamos por parte de lxs trabajadorxs de Emergencias SA.
En las últimas semanas, y con el avance de la pandemia se ha encendido una nueva alarma en el sector debido a la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud contagiados de covid19 y las pocas acciones por parte de las autoridades de hospitales y clínicas para enfrentar la propagación. Uno de los casos más publicitados fue el de los contagios masivos en la Clínica Providencia por negligencia patronal, pero no fue el único. Lo mismo sucedió en la Clínica Agüero donde luego de detectar casos de covid entre el personal, demoraron la aplicación del protocolo
para «cuidar la imagen de la empresa» y cuando los trabajadores quisieron aplicarlo fueron amenazados con despidos. El Hospital Italiano ya cuenta con 22 trabajadores/as de la salud contagiados con covid19 con fuertes denuncias de negligencia realizadas por la comisión gremial interna. En el Hospital Belgrano de San Martín se detectaron 18 casos de covid19 entre el personal que los trabajadores adjudicaron al ocultamiento y la llegada tardía de medidas de aislamiento ante la situación. En el Hospital Piñero, por dar otro ejemplo, ante la presencia de un caso entre el personal no se aplicó el aislamiento preventivo para el resto de los trabajadores ni se realizaron los test correspondientes para evitar la propagación del virus de forma intrahospitalaria.
Más recientemente, la Federación de Profesionales de la Salud denunció que 120.000 trabajadores de las 6.000 unidades sanitarias fueron excluidos del cobro del bono de $ 5.000 para el sector decidido por el Gobierno Nacional, y reclamó que dicho error se subsane a la brevedad.
Los trabajadores y trabajadoras de la salud están doble y triplemente expuestos. Por un lado, se enfrentan a las restricciones que alcanzan al conjunto de la población; en segundo lugar, se exponen a mayores riesgos derivados de la deficitaria respuesta que ofrecen los empleadores principalmente en materia de provisión de elementos de protección personal; y finalmente, dado que son considerados personal esencial, sufren mayores límites y en algunos casos les son exigidas actitudes heroicas y rayanas con lo inhumano. Tan solo por citar un ejemplo, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó una medida cautelar solicitada por una enfermera del Hospital Penna, quien solicitaba una licencia por ser la única responsable del cuidado de su hija de 5 años. Los jueces intervinientes le plantearon que debía recurrir entre enviarla a un Centro de Atención Temporaria durante la semana o aceptar el cuidado a través del programa de acompañantes hospitalarios y terapéuticos que posee el gobierno local.
