La Secretaría de Género de CTA-A junto al Departamento de Género de ATE Nacional elaboraron un documento imprescindible en tiempos de emergencia.
La colectiva de trabajo de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Autónoma Nacional, junto al Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional, elaboraron el documento “Emergencia(s) en tiempos de Covid19: una mirada con perspectiva de género”.
Con el aporte de las compañeras secretarias y responsables de Género de la CTAA de todo el país, el texto aporta un enfoque de género para analizar el contexto de emergencia sanitaria + emergencia social y económica, desde tres ejes centrales: la profundización de las precariedades y la desigualdad, la exposición al riesgo sanitario, y las violencias de género –psíquica, económica y física.
En ese marco, da cuenta “de qué les pasa a las mujeres y personas LGTBI+ en relación al impacto del Aislamiento Social Obligatorio (ASO), el impacto de la crisis económica, las condiciones de los servicios de atención, la declaración de esencialidad del trabajo de sectores altamente feminizados y precarizados, y el trabajo de cuidado como dimensiones fundamentales en tanto vectores reproductores de pobreza, desigualdad y violencia”.
Asimismo, analiza los límites de la política pública para dar respuestas eficaces contra la violencia de género y su recrudecimiento en tiempos de pandemia.
El informe aborda de forma profunda y con perspectiva de género el impacto de la emergencia en el mundo del trabajo. En este caso, compartimos algunos análisis y propuestas referidos a la situación particular de las y les trabajadores del Estado.
Escenciales y precarizadas
Les y las trabajadoras del Estado están hoy en la primera línea de atención del COVID19, muchas de ellas en condiciones precarias, con salarios por debajo de la canasta y con condiciones laborales de riesgo, falta de reconocimiento y maltrato. Las mujeres están sobre-representadas en estos sectores precarios.
El sector salud, declarado esencial por el Poder Ejecutivo Nacional, es un sector “feminizado” (conformado en un 70% por mujeres), “donde el proceso de trabajo de cuidados en salud ocasiona un desgaste laboral crónico, dinámico y progresivo de pérdida de capacidades y habilidades”.
A esto se añade “la degradación y desfinanciamiento dejada por la gestión macrista, que dejó un sistema público de salud con falta de personal, de insumos de protección personal, salarios hasta por debajo de la línea de pobreza, una marcada precariedad laboral que afecta más a las mujeres y se siente más fuertemente en los sectores más alejados de las grandes ciudades”.
“Volver a jerarquizar el sistema de salud es uno de los compromisos asumidos por el actual Gobierno y, en este contexto, se ha priorizado una fuerte inversión de emergencia en el sector que valoramos, pero aún así la situación de las y los trabajadores es de incertidumbre y miedo frente a las posibilidades del propio cuidado al momento de enfrentar el pico más álgido y de poder dar respuestas eficientes y eficaces a la población”, manifiesta el documento donde también se advierte cómo la “esencialidad”, discrecional, es a veces utilizada para no autorizar licencias parentales de cuidado a un miembro de la familia o generar discriminación para las personas gestantes que deben tomar su licencia.
Por ello, “es fundamental garantizar la protección de las, les y los trabajadores y sus familias”, teniendo en cuenta que muchas de estas mujeres son jefas de hogar a cargo de personas adultas, niños y niñas.
Otro llamado de atención está puesto en la modalidad de tele-trabajo, que se ha extendido y se recomienda en tiempos de cuarentena. “En sectores de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a áreas no consideradas como esenciales se han forzado situaciones laborales que profundizan las situaciones de desigualdad que la propia pandemia ocasiona”, señala el documento. Concretamente, en el ámbito educativo, pretender trasladar “el aula a la casa”, en este escenario, “resulta una idea compleja que obliga a un doble trabajo, el de cuidado y acompañamiento de la escolaridad de sus hijos e hijas y el trabajo docente con escasas herramientas tecnológicas, en mucho casos, compartidas por el grupo familiar”.
La salida es con nosotras y nosotres
Luego de analizar el impacto de la crisis del COVID19 el documento avanza en una serie de propuestas de carácter urgente. En primer lugar, indica: “Es indispensable fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones de gobierno por eso es fundamental que se integren en el COMITÉ DE CRISIS NACIONAL todas las áreas de trabajo involucradas donde no pueden estar ausentes las organizaciones sociales y sindicales. Necesitamos que las líneas de acción tengan perspectiva de género para que las respuestas sean eficaces. Éstos Comité de Crisis deberían replicarse en las provincias y los municipios con las representaciones territoriales y sindicales locales. Hay que articular la tarea de los estados provinciales con los municipios y éstos con el Estado Nacional, y la coordinación con las organizaciones”.
Estas son algunas de las propuestas, referidas a la situación particular de les y las trabajadoras del Estado:
-Es necesario hacer extensivo el reconocimiento/bono otorgado para Trabajadores del Estado de las áreas de salud al resto de las y los trabajadores esenciales (auxiliares de educación, áreas de cuidado de niñas y niños y adultos mayores, áreas de atención a víctimas de violencias, mantenimiento, agentes de tránsito) para trabajadores del Estado Nacional, provinciales y municipales.
-Cuidar a quienes cuidan. Fortalecer las campañas de prevención de riesgo sanitario con piezas comunicacionales accesibles a los diversos sectores que no pueden realizar la cuarentena preventiva. Adaptar a sectores de trabajo y a contextos territoriales.
-Exigir que se garantice la licencia para preventiva para grupos de riesgo, por cuidado de las y los niños, licencias por embarazo y maternidad y la licencia por violencia de género.
-El cuidado es una responsabilidad social, las políticas de cuidado son responsabilidad del Estado. Garantizar los elementos que cuidado para trabajadores de la salud y de áreas de cuidado en esta pandemia, es de importancia central.
-El Covid 19 (y el Dengue con fuerte presencia en distintas provincias) debe ser incluido en el listado de Enfermedades Profesionales.
Violencia de género
En 2019, se produjó 1 femicidio cada 31 horas. Desde que inició el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la violencia de género se recrudeció: pasamos a tener 1 femicidio cada 29 horas.
“Estos datos dan cuenta que era anticipable que la convivencia con violentos en una situación de aislamiento obligatorio era un riesgo potencial y que podía generar condiciones para un grado de violencia extrema que se expresa en femicidios y travesticidios”, afirma el documento en relación a una situación que tanto ATE como CTA-A advirtieron y trabajaron desde el inicio del Aislamiento.
Ante esto, las respuestas del Estado no bastan. “La prevención y erradicación de la violencia de género debe ser una política de estado con presupuesto para atender esta emergencia. No hay respuesta de política pública posible sin presupuesto. Y es imprescindible que se pueda replicar y establecer como lineamiento político claro la coordinación interministerial que se propone desde el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad en todos los niveles del Estado”, afirma la declaración de las áreas de Género.
Entre las medidas más inmediatas, se propone:
-El aumento de las partidas presupuestarias.
-Asegurar un ingreso permanente que actúe como red de contención para la población más desprotegida poniendo prioridad en las mujeres y colectivo LGTBI + víctimas de violencia de género, violencia laboral, económica, habitacional; ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las poblaciones en situación de emergencia por violencia de género.
-Fortalecer y dinamizar la ejecución del programa Potenciar Trabajo (con el que se comenzaba a trabajar la inclusión laboral de la población travesti/trans).
-Abrir líneas de acompañamiento técnico y financiero a proyectos productivos que fortalezcan la autonomía de las mujeres; y encontrar criterios que no se vuelvan obstáculos para acceder a los subsidios de emergencia.
-Asegurar lugares concretos para situaciones que requieran refugiod en todo el país, y en este sentido: protocolizar el acceso a refugios existentes removiendo obstáculos burocráticos.
-Establecer y comunicar la articulación entre 911 y los servicios de atención porque no se puede demandar lo que no se conoce; reforzar la instalación de canales para denuncias de violencia institucional; reforzar el monitoreo del cumplimiento de las medidas de protección libradas por la justicia; reforzar la campaña en los medios y en vía pública; reforzar y coordinar el trabajo de las promotoras comunitarias contra la violencia; armar un registro de espacios comunitarios contra la violencia para fortalecer esas experiencias, darles mayor grado de institucionalidad y ponerlas en red con los efectores del Estado y otras organizaciones sociales.
-El freno a los desalojos debe incluir a pensiones y hoteles; garantizar el acceso y satisfacer la demanda de ILE y métodos anticonceptivos; declararse áreas esenciales las de atención a mujeres y población travesti/trans.
Una oportunidad única
“La magnitud del problema que enfrentamos deja al descubierto las desigualdades de clase y género, generadoras de múltiples violencias, que se acumulan al impacto de la grave crisis sanitaria, social y económica y que nos enfrenta a lo que es la realidad inocultable a la que asistimos”, expresa a modo de conclusión el texto.
Ante esto, desde los espacios de Género de ATE y CTA-A remarcan: “entendemos que ello pone a los gobiernos y a los sectores con distintos niveles de responsabilidad, en la oportunidad única de generar políticas económicas, sociales, laborales, productivas y distributivas tendientes a revertir la desigualdad y en el contexto de emergencia desplegar un conjunto de herramientas de políticas de Estado que puedan proteger a los sectores más vulnerables y mitigar el impacto de esta emergencia”.
Y destacan: “La perspectiva de género y el aporte desde las y les trabajadores debe ser integrado para fortalecer esta estrategia”.
