Tras 6 meses de gestiones, discusiones y roscas, a fines de junio 2024 la cámara de diputados sancionó la Ley Bases y el Paquete Fiscal. En una sesión especial de Diputados se aprobaron con 147 votos positivos frente a 107 negativas y 2 abstenciones, las modificaciones realizadas por el Senado al combo legislativo presentado por el gobierno de Milei “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y también consiguió una sanción definitiva la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y relevantes.
La aprobación de la Ley Bases genera dentro del sector energético una serie de reformas estructurales con una fuerte impronta en la desregulación del mercado hidrocarburífero.
Por un lado establece la “emergencia pública” en materia energética por el plazo de un año, por otro elimina la obligación de satisfacer con prioridad las necesidades del mercado interno, por tanto ya no es un objetivo del Estado Nacional el logro del autoabastecimiento y el desarrollo de la cadena de valor de los hidrocarburos; también agrega el concepto de “maximizar la renta” obtenida de la explotación de «los recursos», que no son solo recursos para su explotación son «bienes» comunes a todos los argentinos y argentinas, como el suelo, el aire, los ríos, mares y compromete seriamente la calidad y el acceso al agua potable.
Nuestro compañero Rodolfo Kempf, trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), científico e investigador, nos cuenta de qué se tratan algunos de los aspectos que modifica esta ley
La emergencia energética es el argumento para avanzar con los tarifazos que ya viene sufriendo nuestro pueblo, e implica profundizar lo que viene ocurriendo. A la dolarización dura de la tarifa durante el gobierno de Macri y la no reversión de esas políticas durante el gobierno de Alberto Fernández, ahora también se impondrían bajo la excusa de la emergencia pública, los impuestazos que estamos sufriendo en el consumo domiciliario y en la industria, tanto en el gas como en la energía eléctrica, esto se suma a la profunda recesión industrial y a la falta de movimiento económico para el comercio.
«El impacto desde el punto de vista domiciliario excede por largo el 10% de muchos salarios familiares, con lo cual ya se puede catalogar como pobreza energética, como está estipulado internacionalmente»
Las importaciones de gas natural quedan autorizadas sin necesidad de aprobación previa; pero las exportaciones de gas por ductos estarán sujetas a reglamentación por el PEN, aunque ya no se requerirá que las autorizaciones de exportación garanticen el abastecimiento interno.
En cuanto a las exportaciones de GNL, se podrán autorizar exportaciones en firme por hasta 30 años, “en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos”. Este plazo podrá ser ampliable por 20 años más.
También se eliminó un condicionamiento importante: el exportador no deberá hacerse cargo del sobrecosto de importar (regasificación GNL) en invierno. Tampoco será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados. Y las autorizaciones podrán cederse total o parcialmente.
«Esto profundiza el modelo iniciado en la década de los ’90, lo cual solo lleva al saqueo de recursos minerales y naturales dejando pasivos ambientales en nuestro territorio»
El Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) que plantea la ley tiene un fuerte impacto en el sector de la energía y otorga unos llamados incentivos para promover inversiones, es decir negocios, para las empresas multinacionales, las que ya están esquilmando los bienes comunes de Argentina y otros países de la región y otras empresas de gran volumen. Proyectos mineros, de infraestructura, energía eléctrica, petróleo y gas son las ofertas que ofrece este despropósito que legitima la destrucción de nuestro territorio y beneficia el saqueo para sostener el poder financiero en las mismas pocas manos de siempre
«Con el RIGI se avanza en explotación que privilegia la exportación en lugar que la soberanía energética, una palabra fuera del diccionario de este gobierno»
Asambleas frente a ley bases RIGI – Foto: Marianela Gamboa – Agencia Tierra Viva
-Los proyectos protegidos por el RIGI, que se aplicará a inversiones de al menos 200 millones de dólares por 30 años, se enmarcan en los distintos ejes del extractivismo al que vienen siendo sometidos nuestros territorios: agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. Y las formas de “protección” se basan en beneficios tributarios -como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% (en lugar de la tasa general del 35%), aduaneros -exención de derechos de importación y de exportación- y cambiarios -excepción de la obligación de liquidar y negociar en el mercado de cambios y libre disponibilidad de divisas-. https://asambleasdecomunidades.org.ar/
“Nuestros gobernantes, con estos regímenes, están condenando a la Argentina a ser un país sin derechos”, opina Zeballos y Zocchi completa: “Es entregar soberanía”. La asambleísta explica que con el RIGI hay un congelamiento y una anulación de leyes previas. «Se cancela el Estado de derecho por medio de una ley. Estamos hablando de que, una vez que estos emprendimientos tengan la posibilidad de establecerse en algún territorio, tendrán impunidad legal por 30 años”, sostiene. Agencia tierra viva
-Asambleístas de Catamarca y San Juan resumen el costo que el denominado RIGI impone a sus pueblos y territorios, donde yacimientos de cobre, oro, plata y litio son codiciados por grandes corporaciones trasnacionales. La idea encuentra justificación en casi 30 años de experiencia, desde la Ley de Inversiones Mineras de 1993. “Lo único que ha traído la megaminería es saqueo”, sostienen desde las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal, que conviven con la contaminación de agua, suelo y aire; la desaparición de ríos y el agotamiento de reservas; y las promesas incumplidas de trabajo, salud y prosperidad; pero prometen continuar organizados porque “el relato de que la única alternativa posible es la megaminería, no es así”. Latfem
Sacrificio de territorios con minería a cielo abierto. Minera Alumbrera – Foto: Nicolás Pousthomis – TIERRA VIVA
No sólo beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios recibirán las corporaciones que se adhieran al RIGI. El combo incluye un régimen judicial a medida: cualquier norma (léase, por ejemplo, Ley de Protección de Glaciares o Acuerdo de Escazú) que limite u obstaculice el cumplimiento de este régimen será declarada “nula de nulidad absoluta” y los conflictos que puedan generarse con el Estado argentino serán resueltos por tribunales extranjeros.
Cecilia Fernández Lisso – IDEP Salud ATE Argentina
