Jujuy y Salta / Las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc expulsaron dos empresas mineras y permanecen sobre la ruta para expresar el rechazo total y definitivo de la megaminería para explotar litio y otros minerales en sus territorios ancestrales. Como respuesta el gobernador Morales envío nueve camionetas de la Policía con agentes de Infantería y también llegaron efectivos de Gendarmería Nacional.
En lo que consideran un hecho histórico, el 8 de febrero miembros de las comunidades Kolla y Atacama expulsaron de su territorio ancestral a las empresas mineras Ekeko S.A. y AIS Resources Limited, proyectos de megaminería que comenzaron a operar sin brindar información, sin realizar ninguna consulta y sin el consentimiento de los habitantes originarios de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Se trata de comunidades ancestrales que conviven en armonía con el ambiente hace 11 mil años.
Desde la mañana del 14 de febrero, los pueblos originarios permanecen en el cruce de la Ruta Nacional 52 y la Ruta Provincial 79, donde informan a quienes circulan con sus vehículos sobre su rechazo a la megaminería y exigen que el gobernador Gerardo Morales anule el Concurso de Oferentes N°1/2018. En el mismo comunicado rechazan la exploración, prospección y factivilización por parte de las mineras para extraer litio y otros minerales.
Las comunidades denuncian daños medioambientales en la Laguna de Guayatayoc que han afectado “gravemente el suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna.”
El martes 12 de febrero de 2019, en Asamblea, declararon el territorio de la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como “Patrimonio Ancestral, Cultural y Natural de los pueblos originarios Kolla y Atacama.” La lucha de las comunidades contra la megaminería comenzó entre 2009 y 2010, pero son comunidades con una larga historia de resistencia pacífica ante situaciones políticas graves. En su lucha, lograron que el Relator de la ONU por los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, visitara la zona en 2011 para expresar el apoyo de la comunidad internacional a la causa de los pueblos ancestrales. De todos modos, se vieron obligados a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desentendiera de su acción de amparo y remitiera el expediente de nuevo a la justicia provincial. Sus reclamos están amparados por la legislación internacional en materia de derechos indígenas.
Las comunidades afectadas solicitan “a todos los medios de comunicación, organizaciones sociales, comunidades indígenas de otros pueblos, que difundan y se solidaricen con nuestra lucha en defensa del territorio de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, también todas las serranías de el Aguilar, el Chañi, Cobres e Incahuasi, que se ven amenazados por la gran minería por parte de empresas multinacionales, que juntamente con este gobierno, nos quieren arrebatar y saquear el agua y todo nuestros recursos naturales y minerales.”
En el mismo sentido, el 14 de febrero de 2019, emitieron el siguiente comunicado:
“Actualmente en el día de la fecha, en el cruce RN 52 y RP 79 – más de 350 personas de las comunidades indígenas del Territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc – Pueblo KOLLA, nos manifestamos pacíficamente esperando la respuesta del Sr, Gobernador Morales, al cual en el día de ayer por escrito se le solicitó formalmente que anule la licitación de oferentes y que en el territorio NO se realice ninguna exploración, prospección ni factivilizacion por parte de empresas mineras en busca de Litio y otros minerales, hasta este momento no dio respuestas, haciendo oídos sordos a la demanda de las comunidades.
Los vehículos que transitan estas rutas pasan en ambos sentidos siendo informados por las Comunidades las razones por las cual se encuentran en el lugar en pie de lucha y resistencia defendiendo el Territorio.
A horas de 19:30 se hicieron presentes nueve camionetas de la policía de la provincia de Jujuy con personal de infantería quienes ejercen el derecho constitucional, los mismos a la orden por el Sr. gobernador Morales, también se sumaron efectivos de Gendarmería Nacional para colaborar con los de infantería.
Una vez más este gobierno de Morales muestra su forma de querer mandar, gobernar y seguramente intentar reprimir a las comunidades que nos manifestamos y nos damos a conocer a toda la sociedad lo que está pasando con la usurpación de nuestro territorio indígena, que solo quiere entregarle a las grandes empresas mineras, saquear nuestros recursos y contaminar el agua y la vida de los que aquí vivimos dignamente en equilibrio con nuestra Pachamama.
Solicitamos, a los diferentes medios difundir esta situación y que nuestros gobernantes y representantes diputados y senadores, tomen medidas ante esta situación, porque gracias al pueblo y comunidades de toda de la Puna ellos están bien sentados.
Nuestra lucha seguirá durante toda la noche y mañana viernes 15 continuaremos presentes y firmes sobre la ruta 52 y 79, hasta que el gobierno nos dé respuestas. Porque nosotros decimos NO AL LITIO, NO A LA MEGAMINERIA, NO AL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS, SI AL AGUA , SI AL BUEN VIVIR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS – JALLALLA PUEBLO KOLLA.”
Estas comunidades organizadas publicaron en 2015 el documento Kachi Yupi, Huellas de la Sal, un Protocolo Comunitario, un procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Es un trabajo colectivo generado durante dos años por las propias comunidades y explicita el derecho que tienen los pueblos originarios pero que desconocen las autoridades provinciales y nacionales.
Link al pdf del documento: http://naturaljustice.org/wp-content/uploads/2015/12/Kachi-Yupi-Huellas.pdf
El 12 de febrero los pueblos ancestrales desmintieron el comunicado oficial difundido con fecha 11/02/19 por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, referente a “proyectos mineros cumplen con normas y procedimientos ambientales”. Afirman que sucedió lo contrario: “en el territorio de las Comunidades de San Miguel de Colorados y Rinconadillas no se cumplió ni se realizó el procedimiento de la consulta y consentimiento previo, libre e informado.”
PARTE DE PRENSA
— En el territorio de las Comunidades Indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, a los 12 dias del mes de febrero de 2019 reunidos en Asamblea General RECHAZAMOS y DESMENTIMOS el comunicado oficial difundido con fecha 11/02/19 por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, referente a “proyectos mineros cumplen con normas y procedimientos ambientales”. En el territorio de las Comunidades de San Miguel de Colorados y Rinconadillas no se cumplió ni se realizó el procedimiento de la consulta y consentimiento previo libre e informado.
Por lo tanto, las comunidades: San Miguel de Colorados, Rinconadillas, Alfarcito, Sausalito, Queñoalito, Tusaquillas, Casabindo, Cochagaste, Tambillos, Quera y Agua Caliente, Ayllus Abralaite (Agua de Castilla, Rio Grande y Santa Ana), Pozo Colorado, Saladillos, El Angosto, El Moreno, Lipán, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, Sianzo y Barrancas; Casa Colorada, Rangel y Cerro Negro (Salta) REAFIRMAMOS LA AUTODETERMINACION Y EL RECHAZO TOTAL Y DEFINITIVO DE TODO EMPRENDIMIENTO DE MEGAMINERIA, LITIO Y OTROS MINERALES. TAMBIEN LA NULIDAD DE TODO PEDIMENTO MINERO EN TODA LA CUENCA DE SALINAS GRANDES Y LAGUNA DE GUAYATAYOC COMO ASI MISMO EN LAS SERRANIAS DE EL AGUILAR, EL CHAÑI, COBRES E INCAHUASI.
La Asamblea reunida DECLARAMOS EL TERRITORIO PATRIMONIO ANCESTRAL CULTURAL Y NATURAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS KOLLA Y ATACAMA.
—Cruce de la ruta Provincial N° 79 y ruta Nacional N° 52.-
El Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina (4 de julio de 2012), expresa que: “El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, con el objetivo de lograr su consentimiento, está garantizado en el Convenio N.º 169 de la OIT, que forma parte del ordenamiento jurídico interno de Argentina, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que ha sido respaldada por el Gobierno argentino. Sin embargo, no existe ley o política alguna, tanto a nivel federal como provincial, que regule un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas. Las leyes sectoriales de la nación, como la Ley de Hidrocarburos y el Código de Minería tampoco se refieren a la consulta con los pueblos indígenas, aunque esta última requiere del permiso de los “propietarios” de suelo para la exploración de minerales. Del mismo modo, la Ley General del Ambiente nacional sólo se refiere en términos generales al derecho de “toda persona” a ser consultada, afirmando a la misma vez que “la opinión u objeción de los participantes no será vinculante”.
Informe completo del Relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en la Argentina: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/09/Informe-del-Relator-sobre-derechos-de-pueblos-ind%C3%ADgenas-misi%C3%B3n-a-Argentina-2012.pdf
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