Fertilización asistida: ¿un problema del Derecho o del revés?

Por Mario Borini 

Mario tiene un extenso recorrido como hombre sensitivo, profesional, pensador… fue Director del Boletín de Comunidades Aborígenes, es Médico, Metodólogo, Sanitarista, Auditor, Escritor de poesías y canciones, fue también Director de un Programa de Salud Rural en Salta, Profesor Titular Salud Pública UBA, Investigador Principal de la Salud de Veteranos de Malvinas… Agradecemos una vez más sus valiosos aportes.

LMBORINI@INTRAMED.NET 

FERTILIZACIÓN ASISTIDA: ¿un problema del Derecho o del revés?

Últimamente está cundiendo la tendencia a considerar que cada adelanto tecnológico origina un derecho. En esta nota proponemos que esta visión se cambie casi por la contraria: que la tecnología se adapte a lo que se considere desarrollo humano en términos de reproducción humana, o sea, en todo aquello que contribuya a la realización  humana y de su ambiente [2]

La fertilización asistida[3] constituye una práctica mediante la cual se trata de facilitar la concepción o su progreso hasta el parto, pero como toda práctica tiene contraindicaciones, complicaciones y efectos indeseables.

Algunos, basándose en el derecho, llegan a preferir la fertilización asistida, de manera que la asistencia se extendería incluso a parejas heterosexuales fértiles que desean tener hijos y no los procuran en la forma natural de unión sexual entre varón y mujer. No puede obviarse la potenciación negativa para el amor con la actual simbolización dominante respecto del SIDA, que siendo un síndrome engloba numerosas enfermedades y por tanto no debería relacionarse con un guión al VIH

Así, accederían a la fertilización asistida y aún más a la fecundación asistida, personas de diferente condición a la configuración matrimonial tradicional heterosexual:

• Pareja de mujeres
• Mujeres solas
• Parejas fértiles pero infecundas

Mal que les pese, quedaría afuera el matrimonio entre varones[4] y los varones solos porque requerirían el alquiler de un vientre, situación no contemplada en la legislación vigente en Argentina[5]. Para las feministas que se oponen a estas ampliaciones permisivas, la argumentación es muy simple: el alquiler de vientres vulneraría la autonomía de la mujer, dado que presumen su sometimiento para engendrar un hijo ajeno, agravado si existiere de por medio una retribución económica a la gestante[6]

Dejamos de lado la discusión en profundidad de esta última situación (la fertilización asistida a varones[7]) para ceñirnos ahora a una cuestión que nos parece fundamental:

el enfoque de derecho prevalente en la legislación y en las políticas públicas argentinas deja de lado las obligaciones personales, es reivindicativo (corrige el pasado), individual (no es relacional ni social), privatista (el Estado no es efector preferencial) y comercial (privilegia los intereses oligo-monopólicos con la excusa del mercado)

Por el contrario, nuestro enfoque de derecho incluirá obligaciones de los sujetos[8] y será también prospectivo (no sólo reivindicativo) en lo público, relacional y social

Se comprende que, pese a nuestra concepción favorable a la fertilización asistida, tengamos reservas de su extensión a todos los grupos y personas en cualquier condición de pareja, soledad, edad, número de intentos de fertilización, pruebas del problema que impide o desaconseja la concepción natural, utilización del mismo donante de semen para óvulos de distintas mujeres[9] y condición de intentos previos de fertilización de baja complejidad[10]. Pero no reservas contra su autonomía, sino contra la obligación de la sociedad civil y del Estado de financiar todas sus decisiones personalísimas

Para esta posición favorable pero crítica, nos asisten diversas razones:

• Demográfica: cualquier país debe tener una política demográfica propia que incluya migraciones, distribución poblacional y tasa de natalidad. Parece obvio que una política demográfica expansiva, como requeriría la Argentina se subordine a políticas de desarrollo productivo que aprovechen la inmigración y promocionen la fertilización “natural”, entendida como la menos farmacológica e instrumental posible[11]
• Adoptiva: es inaceptable que persistan inequidades generadoras de donaciones y abandono de hijos. La contrapartida es generar condiciones para la paternidad y maternidad plenas. Entre tanto, las políticas de adopción deberían agilizarse de un modo notable para evitar la existencia de niños asilados a raíz de trámites burocráticos que retardan o impiden la adopción
• De política sanitaria: el Estado está en retroceso desde hace más de 5 décadas[12]. Implícitamente, cualquier extensión de cobertura compleja, sin atisbos de corrección de la obsolescencia hospitalaria en alta tecnología, alimenta la sospecha de influencias industrialistas, privativas, comerciales y por tanto excluyentes de la salud para una parte de la población
• Infertilidad real: existen numerosas parejas heterosexuales con probada y dolorosa búsqueda de descendencia, que carecen de atención para lograrla

Ante esta realidad, entendemos que si hay alguna prioridad en fertilización asistida hoy, para el Estado, la constituyen estas últimas parejas, siempre y cuando las técnicas iniciales sean de baja complejidad y exhiban razones que se consideren socialmente suficientes para no adoptar. El deseo de otras personas deseosas de tener hijos se canalizaría en principio a la adopción

Puede parecer excluyente esta posición y en algún sentido lo es: el Estado debe permitir la realización privada de cualquier deseo que no dañe directamente a quienes los detentan ni a terceros. Pero, en función social, no tiene por qué estimular siempre ese deseo y mucho menos financiarlo en todos los casos

Vamos por el absurdo?: un varón sin estar en pareja, podría solicitar la fertilización asistida sin alquiler de vientre. Para eso, debería feminizar su fisiología, recibir un embrión en su peritoneo, lograr que este embrión enraíce y luego extraerlo mediante una laparotomía en un lapso que evite la prematurez. En esta ficción, que mañana podría no serlo, alegaría su derecho a ser madre, partiendo simplemente de su deseo, y la existencia de tecnología para lograrlo

Invitamos a reflexionar acerca de los alcances de una permisividad tal y más aún de un financiamiento público si tenemos en cuenta políticas demográficas, económicas, sociales y éticas. Dejamos aquí de lado, sin desmerecer su importancia, las consideraciones psicológicas para los hijos así concebidos, e incluso las de orden jurídico acerca de la figura del varón en su condición de padre y, por qué no, de madre

Aportemos más datos: cada intento de fertilización con algún paso in vitro, cuesta entre 20 y 30 mil pesos (unos U$S 6 mil). La tendencia es no limitar el número de intentos. Ni la selección de embriones. De modo que si se realiza mayoritariamente en efectores privados,  el precio y la selectividad concurrirán al reforzamiento de la desigualdad de clases sociales. Hasta se puede leer que, en función de la autonomía, el consentimiento informado se erige en una salvaguarda totalizadora, cuando apenas obraría como un contrato privado entre partes[13]

El problema no es sólo social, biológico, económico: se generan embriones sin normas éticas que indiquen pasos a seguir en caso de no implantarlos. Pero este es una tema para otra nota….

No ofrecemos ninguna oposición definitiva a una Ley de Fertilización Asistida. Incluso, una política gradualista podría cubrir más casos en el futuro. Solo llamamos la atención acerca de la falta de consideración de variables fundamentales en el tema y de la tendenciosidad privada comercial predominante, travestida de derecho

 

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