La producción Regional sobre balances de la pandemia por coronavirus, que cuenta con los aportes de IDEP Salud ATE Argentina, fue realizada para la Colección editorial Grupos de Trabajo de CLACSO y Programa de Salud Internacional FLACSO de República Dominicana. La investigación fue publicada en versión de libro digital gratuito y se titula “Epidemiología crítica del SARS-COV-2 en América Latina y el Caribe: Determinación, Dependencia y Descoordinación regional”
Este proyecto de investigación enmarcado en la temática políticas públicas y ciudadanía, fue elaborado por 21 docentes e investigadores de 7 países de Iberoamérica y compilado por Gonzalo Basile y Marinilda Rivera-Díaz. Fue producido en el periodo entre los años 2020 y 2021, con el propósito de llevar a cabo una comprensión regional crítica reubicando la especificidad de estudiar, analizar, problematizar y caracterizar en profundidad las implicancias del SARS-CoV-2 en la salud desde el Sur global -América Latina y el Caribe-.
En su desarrollo se problematizan los ejes temáticos: Epidemiología crítica del SARS-COV-2; Geopolítica de Vacunas; Casos Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, El Salvador, España, Paraguay, Puerto Rico y República Dominicana.
La parte II. ESTUDIOS DE CASOS POR PAÍS, dedicada a COVID-19 EN ARGENTINA: POLÍTICAS DE SALUD, TERRITORIOS, CUIDADO Y DESIGUALDADES, de Investigadorxs asociados al Núcleo Argentina – GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria CLACSO, contó con la participación de Daniel Godoy, Cecilia Fernández Lisso, Horacio Pereyra, María Soliedad Pavesi, Valeria Cotaimich, Pedro Oliva, Liliana Findling, Leandro Gamba y Pedro Orden
Compartimos a continuación parte del capítulo dedicado a Argentina y la versión digital completa para descargar
INTRODUCCIÓN
El presente constituye un compilado de artículos elaborados por investigadores/as que trabajan en diferentes centros, institutos y universidades de Argentina. Las dimensiones y categorías que se abordan, de manera general y/o puntual a lo largo de estos textos, son:
1) Dimensión Epidemiológica: aspectos generales considerando desigualdades sociales y perfiles de salud en Argentina; además se realizarán puntualizaciones en torno a Santiago del Estero, provincia que constituye un ejemplo representativo de la gran brecha socio-económica y política que existe entre la centralización porteña (sobre todo relacionada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el resto de las provincias, particularmente, del norte del país;
2) Sociedad y Covid-19: en todos los textos compartimos reflexiones generales que hacen a esta dimensión; además se describen algunos aspectos relacionados con: el contexto socio-político, económico y cultural en el cual se da la pandemia; protección y políticas sociales; la estructura social de cuidados/violencias y perspectiva de géneros y producción/circulación y consumo de información;
3) Estado: abordamos esta dimensión en los diferentes artículos;
4) Integración regional y cooperación Sur-Sur: compartimos recomendaciones generales y puntualizamos una estrategia que puede aportar en este sentido, considerada como promoción transdisciplinar, transnacional y transcultural de la salud, considerada como herramienta de transform(a)cción que puede contribuir a poner en agenda, de modo coordinado, el abordaje de problemas prioritarios para el sur global, vinculando universidades, instituciones públicas, organizaciones y movimientos sociales y otros sectores sociales y comunitarios. Los artículos cuentan con diferentes estilos narrativos relacionados con las trayectorias sociales y políticas de cada integrante/centro y/o instituto de investigación, y con sus experiencias de trabajo en torno a la pandemia. Nos vincula nuestra posición crítica ante la determinación social del modo de producción y subjetivación capitalista cultural, cognitivo, extractivista y colonial que viene generando profundas injusticias sociales a nivel local, nacional y transnacional. Por otra parte, adherimos al desarrollo de abordajes transdisciplinares que supongan diálogos y tensiones, así como triangulación de técnicas en la construcción/configuración de conocimientos.
También compartimos la convicción respecto del lugar preponderante que tiene el Estado y el desarrollo de políticas públicas y sociales, en relación con el proceso/salud/enfermedad/atención/cuidado.
CONTEXTO E INSTITUCIONAL
Daniel Godoy, Cecilia Fernández Lisso y Pedro Orden
La irrupción de la pandemia en la Argentina se da en el marco de una serie de circunstancias político-institucionales que generan un escenario singular. El nuevo gobierno nacional emergido en diciembre del 2019, producto de la voluntad popular que posibilitó dejar atrás la arremetida neoliberal que significó la gestión presidencial del Ingeniero Macri y su alianza con los sectores de las hegemonías de poder, se tropieza a escasos 100 días de gestión con una contingencia de tal criticidad y complejidad. El escenario de desmantelamiento de las capacidades del Estado, el agravamiento social y productivo, y de desmesurado endeudamiento externo componían un escenario de por sí extremo, para la explicitada perspectiva y voluntad del nuevo gobierno de recuperar un modelo de país con igualdad y justicia distributiva. En el marco estrictamente sanitario, al largo proceso de desestructuración y deterioro que sufrió el Sistema de Salud argentino durante décadas, se le agregó en el transcurso del último Gobierno, una aceleración del planificado acondicionamiento organizacional e ideológico del Sistema Público sanitario para entregarlo a las empresas del complejo médico industrial farmacéutico, con la aplicación de políticas surgidas del consenso regional CUS (Cobertura Universal de Salud), incluso llegando a aplicar una medida tan desmesurada como la misma desaparición del Ministerio de Salud nacional. Prolongada e ininterrumpida operación data del Consenso de Washington y de “Invertir en Salud” primero (1993), y de la Declaración de Astana “Cobertura Universal para todxs” (2018), por dictámenes geopolíticos de los Organismos de crédito supranacionales y el bloque de países hegemónicos. Desde el inicio de la aplicación de la primera ola de Reforma del Estado en la década de los 90, se comenzó a reemplazar progresivamente y pieza por pieza del Sistema de Salud inspirado en la oferta sanitaria segmentado verticalmente en subsectores, para ir modelando un rudimento empresarial, multifragmentado, biologista, médico hegemónico, productivista y segmentado según la capacidad de pago de las personas. Entonces, la pandemia llega (y debería servir) para interpelar no sólo el “no-sistema” de Salud que dejó Macri, sino el que parieron las sucesivas Reformas del Estado en la Región. Esta sinergia de procesos a inicios del nuevo gobierno, han generado un escenario de gestión de la crisis pandémica por demás complejo, donde a la calamidad sanitaria se le agrega la extrema vulneración de amplios sectores de nuestra población en pobreza estructural y los sectores de la economía informal. El avance de la pandemia en los territorios y grupos vulnerados ratificó cómo las inequidades estructurales, las condiciones de vida y el acceso a la salud de esos sectores se incrementaron durante las medidas de aislamiento dictadas por el Gobierno. Todas las investigaciones dan cuenta de un agravamiento preocupante de las variables macroeconómicas, como de la profundización de carencias previas y las condiciones materiales de vida de amplios sectores de nuestra sociedad, fundamentalmente en grupos afectados por variables de demografía (áreas de alta concentración urbana), condición social (pobreza), género/s (mujeres y diversidades) y situación laboral (precarizados y precarizadas). Además, según advierten los mismos informes, en un contexto en el que el sistema sanitario abocó todos sus recursos a la emergencia, otras problemáticas previas corren el riesgo de profundizarse en estas áreas, como la pobreza y la exclusión, un debilitamiento intenso de las fuentes de trabajo con centro en las pequeñas y medianas empresas y la economía social e informal, una profundización de la precarización laboral, y las diversas formas de violencia patriarcal y machista en el marco del encierro prolongado, son otras variables observadas en nuestro país con un incremento notorio de los femicidios. La aparición del Covid-19 y su crecimiento hasta transformarlo en Pandemia puso de relieve la situación sanitaria de los países del mundo. La Argentina no fue la excepción. La emergencia sanitaria y social que sobrevino con la pandemia radicalizó esas problemáticas pre existentes en el ámbito sanitario: falta de producción nacional de insumos y tecnologías aplicables, falta de capacidad instalada en todos los niveles de atención, escasa o nula capacidad de rectoría del Estado sobre el subsector privado, insuficiente dotación de trabajadores y trabajadoras con precarizaciones varias y salarios insuficientes, pluriempleo, insuficiencia de procesos e insumos de bioseguridad sanitarias necesarias en hospitales y centros de salud. El comportamiento cuali-cuantitativo de la pandemia en Argentina, pasó por distintas fases de mediano optimismo confinado a zonas de alta densidad demográfica, a escalar con indicadores preocupantes y extendido a medianas y pequeñas poblaciones del interior del país. Las trabajadoras y trabajadores de la salud y otros grupos de los categorizados como esenciales han sido un particular foco de incidencia de casos y fallecidos, también probablemente consecuencia de aspectos insalubres tan estructurales como crónicos de condiciones y ambiente de trabajo en salud. El liderazgo del Estado en el abordaje integral de la Pandemia, y la revalorización del concepto y la materialidad de “lo público” con la centralidad en sus trabajadores, son la señalización que deben vertebrar un debate del movimiento sanitario argentino para que, en este caso, el árbol (la pandemia) nos haga ver el bosque (el sistema). El aislamiento, las actividades remotas, la virtualización de las relaciones humanas, y las protocolizaciones, se han dado de narices con la distopía de los territorios en los que habita la pobreza extrema como producto de capas y más capas de gobernanza, y como una verdadera maquinaria de exterminio siempre silencioso, hoy inaceptable. Nada se puede hacer en el cóctel pandemia / asentamientos / hacinamiento / hambre / falta de trabajo más que proponerse erradicarlos con políticas redistributivas e inclusivas, no del carácter prebendario y asistencialista y de cortos plazos como hasta ahora. La presencia del virus ha dejado a la vista varios reclamos que la fuerza organizada de los trabajadores organizados y trabajadoras organizadas han logrado poner en agenda y transformar en decisiones de gobierno: mayor rectoría del Estado, dispositivos y elementos de protección, de protocolos sanitarios; formación de Comités de Crisis; interpelar la precarización laboral como determinación de enferme dad; estímulos salariales de excepción; inclusión de Covid como enfermedad profesional, y demás. La integración de la mirada de los y las trabajadores de salud en el marco de la crisis nos deja en un umbral para profundizar la discusión de tener un sistema de salud acorde a los paradigmas universalistas, revirtiendo la tendencia privatista de las políticas emplazadas por los Organismos de Crédito.
SOBRE CUIDADOS Y GÉNEROS EN LA ERA DE LA PANDEMIA
Liliana Findling y Cecilia Fernández Lisso
SOBRE LOS CUIDADOS
El cuidado se aborda desde diversas perspectivas como variable política y analítica para problematizar su puesta en marcha entre diversos actores y relaciones de poder –Estado, mercado, familia, sociedad civil–. Y tiene una fuerte incidencia en el análisis de las desigualdades de género, clase y etnia. El cuidado y quien lo ejerce (para sí o para otrxs) remite a un problema de ejercicio de derechos y de disminución de desigualdades como condición de una política pública (Pautassi, 2007). La provisión de cuidados tiene fuertes consecuencias para lxs que acceden a cuidados y para aquellxs que se encargan de cuidar. Analizar el cuidado tomando como punto de partida la condición humana vulnerable implica reconocer la interdependencia de todos los seres humanos (Martín, 2016). Las transiciones epidemiológicas del siglo XXI se enfrentan con un sistema sanitario que ha tenido poco en cuenta la dimensión del cuidado, sobre todo en el ámbito familiar. Los estudios sobre la organización de los cuidados permitieron echar luz sobre las necesidades de quienes cuidan como un nuevo problema social. A raíz de las profundas transformaciones sociodemográficas que afectan a las familias, las actividades de cuidado durante la pandemia afligen particularmente a las mujeres como proveedoras de asistencia en sus multifacéticos roles (Findling y López, 2015). Si bien el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) es una acción implementada para prevenir en el campo de la salud pública, su puesta en marcha complejiza la organización de los cuidados, ocasionando un notable incremento del triple rol femenino (educación de hijos e hijas a tiempo completo, trabajo productivo en el ámbito familiar, tareas domésticas y asistencia a familiares). Esta carga de trabajo no se distribuye equitativamente, no está valorada ni social ni económicamente e impacta negativamente en el trabajo remunerado y la salud de las mujeres, sobre todo en ausencia de sistemas de cuidados integrales (CIM, 2020). Los procesos de individuación se manifiestan en la mayor selectividad y énfasis en la formación de las familias, lo que conduce, con frecuencia, a una configuración de las relaciones menos consistente que en el pasado y afectan la solidaridad intergeneracional (Findling y López, 2018). La noción de desfamiliarización alude a eximir en algún grado, la responsabilidad del cuidado como exclusivo compromiso privado y femenino (Martinez, 2007). El cuidado es un campo de actuación muy dinámico en el diseño de las políticas públicas a partir del desarrollo de estrategias inclusivas e integrales, teniendo en cuenta a los segmentos poblacionales en riesgo y con elevados niveles de vulnerabilidad. Filgueira y Martínez (2019) proponen la noción de regímenes de cuidados para expresar las constelaciones de reglas, relaciones y provisiones que se ponen en juego para analizar el bienestar y la asistencia en los Estados latinoamericanos. En ese sentido, recientemente se han creado en la agenda pública dos instancias en torno al tema de los cuidados: a) la Dirección Nacional de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cuyo objetivo es lograr una redistribución más justa de las tareas de cuidado, y se propone la elaboración de un Mapa Federal de los Cuidados con el apoyo de la CEPAL y, b) la Dirección Nacional de Cuidados Integrales de la Secretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social que intenta, por un lado la profesionalización de saberes con títulos intermedios (como por ejemplo Diplomatura de cuidados de personas mayores, y Operadoras de Infancia), y por otro tender a la generación de empleo vinculada a sistemas de co-pago. La magnitud de la pandemia en las personas afectadas gravemente por la enfermedad modificó los ritmos y las prácticas de cuidado, de acompañamiento y de asistencia en las últimas horas de vida y las prácticas de ritualización de las instancias críticas de los ciclos de vida y muerte (Tripodoro, 2020). La Red de Investigadoras del CONICET y especialistas en cuidados paliativos, promueven legislaciones, protocolos y espacios multidisciplinarios de investigación, debate y formación para la humanización de la medicina, la distribución equitativa de las tareas de cuidado y sobre todo el respeto de la dignidad de las personas en el fin de vida. Desde las políticas públicas es necesario atender las formas de considerar el duelo como proceso individual, social y colectivo, que tengan en cuenta éstas y otras particularidades (CONICET, 2020). Los cuidados paliativos se proponen como un modelo ético y moral, que no se aplica sólo para el cuidado en salud ante esta pandemia. Están destinados a mejorar la calidad de vida de las/los pacientes, sus familias y sus cuidadoras/es con un enfoque interdisciplinario e integral de la salud (Tripodoro, 2020). En un país signado por un fuerte endeudamiento externo, baja productividad, elevado nivel de pobreza y marcados niveles de desempleo, la idea del cuidado como derecho está aún poco instalada.
Si se entiende al Estado como el organizador del bienestar y el garante de las condiciones de vida, debería plasmarse un cuerpo de leyes en cuyo diseño se resguarden a las familias y a las mujeres cuidadoras, ya que constituyen el vértice más afectado por la problemática del cuidado durante este Aislamiento. En ese sentido, resulta necesario que el Estado asuma un rol protagónico en la implementación de políticas que hagan viable el acceso a una mejor calidad de vida y a una muerte digna.
SOBRE GÉNEROS
El decreto de limitación de circulación que desembocó en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, aún vigente, puso en relieve la compleja trama de desigualdades estructurales que compuso el sistema patriarcal capitalista para reproducirse; y el confinamiento expuso rápidamente profundas problemáticas de calidad de vida, de acceso, control y violencias en todos los niveles de circulación y en todos los modos de organización social, cultural y económico de la clase trabajadora, de las economías populares y de las poblaciones más vulneradas. Los movimientos de mujeres, feminismos y disidencias de Argentina expusieron rápidamente las acuciantes problemáticas devenidas de las políticas de confinamiento desde una perspectiva de géneros que aún no se traduce en política de abordaje de las opresiones estructurales en mujeres, niñeces, vejeces, disidencias sexuales en las dimensiones económicas y culturales. Las políticas de abordaje sanitario unidireccional profundizaron los estigmas de acceso a la salud individual y colectiva, precarizando y oprimiendo en todos los niveles organizacionales: trabajo, vivienda, alimento, cuidados, violencias. Los femicidios cobraron especial relieve ni bien decretado el aislamiento y desnudaron una problemática estructural sin abordaje desde la agenda pública de Estado. Algo que aparece con fuerza desde este contexto Covid-19, con el Gobierno disponiendo recursos humanos, físicos y económicos para su abordaje sanitario, y la necesaria participación protagónica de la población en su conjunto, es la asociación de la figura de “pandemia” para referirse a los femicidios, figura muy resistida desde algunos activismos feministas argumentando que los femicidios no son una enfermedad, y es éste un buen señalamiento sin perder de vista que detrás de cada femicidio existen graves problemas de salud. Pero para poder abordar la problemática en salud que lleva consigo cada femicidio es necesario centrar el punto de vista en nuestras víctimas, sobre las cuales se ejercen violencias particulares y sistémicas, ya caracterizadas y conceptualizadas como patriarcales y machistas.
Una persona violentada es sometida indefectiblemente a un deterioro físico y de sus funciones y que sea asesinada es el extremo de vulneración a su acceso a la salud y a la vida. Por ello, se debe abordar el amplio espectro del proceso de deterioro de la salud que interviene en una víctima de violencias. Se visualiza como prioritaria la urgencia de la intervención de políticas públicas en la prevención de las violencias, en primer lugar, de las violencias que son responsabilidad del Estado, violencias institucionales, violencias laborales, violencias profesionales. Si el Estado habilita una prisión domiciliaria para un violador a 20 cuadras de la casa de su víctima, ¿no está el mismo Estado poniendo en riesgo y atentando contra la salud de ese niño y su entorno? Según el Observatorio Nacional Mumalá se contabilizaron 127 femicidios en Argentina a 6 meses del ASPO desde el 20 de marzo al 20 de septiembre del 2020 (entre éstos, 114 son femicidios directos, 4 son indirectos de niñas/mujeres, 7 son femicidios indirectos de niños/varones, 2 son de trans/travesticidios y 24 son muertes violentas de mujeres que se encuentran en proceso de investigación). Además, se han registrado 124 intentos de femicidios y 3 intentos de travesticidios. El 65% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o la expareja, el 71% de los femicidios fueron en la vivienda de la víctima o vivienda compartida con victimario y el 19% fueron de mujeres víctimas de #FemicidosEnPandemia que había denunciado a su agresor previamente (Observatorio Mumalá, 2020). Por otra parte, el Observatorio Adriana Marisel Zambrano informó que al 23 de julio, con 126 días de aislamiento obligatorio, se registraron 92 femicidios, 112 niñes y adolescentes quedaron sin madres. Las provincias con más casos son Buenos Aires (37), Santa Fé (12), Tucumán (7) y Misiones (6) (IDEP, 2020) Con respecto a la población trans, la discriminación, el ninguneo, la humillación y otras formas de maltrato nutren el abanico de violencias que el sistema de salud utiliza vulnerando los derechos a personas que no existen en sus planillas. Si bien, recientemente el presidente Fernández firmó un decreto en el que las personas travestis, transexuales y transgéneros argentinos tendrán derecho a un cupo laboral que no podrá ser inferior al 1% de los cargos del sector público nacional, aún queda pendiente avanzar en la garantía de derechos relacionados con el cuidado, respeto, alimentación, educación, vivienda, atención en salud y prevención de la violencia y la discriminación hacia este sector de la población. Es de vital importancia incluir redes institucionales, las articulaciones organizacionales, y barriales, para poder generar estrategias de fortalecimiento de la sociedad en general y de las poblaciones vulneradas en particular, como nutriente indispensable a la “mirada sanitarista dominante” para dar pie a pensar en nuestra mirada sanitarista planteada desde un modelo integral. Por otra parte, consideramos trascendente la circulación de la información además del valioso procesamiento según los criterios de cada Observatorio, convencidxs de que los datos de una problemática pública necesitan ser de acceso público porque cada campo de lectura es un punto de vista diverso, ampliador y amplificador.
