En el edificio anexo del Congreso Nacional y con el marco de una sala absolutamente colmada por especialistas y trabajadores del campo de todo el país, se llevó a cabo una jornada de debate sobre las leyes de semillas y modelo productivo en Argentina.
Durante el encuentro, que se extendió por más de 4 horas, se expresaron fuertes críticas tanto a la ley actual de semillas, vigente de 1973, así como al nuevo anteproyecto, que beneficia a las grandes transnacionales productoras de transgénicos.
La jornada estuvo moderada por Liliana Parada, diputada mandato cumplido (MC), representante de Unidad Popular en el Consejo Consultivo del Frente Parlamentario contra el Hambre, quién tomó la palabra para advertir que “esta ley ahora puede no entrar, pero puede haber sesiones extraordinarias y va a pasar como con el Código Civil, que se aprobó en una semana.”
También sostuvo la importancia de realizar otros encuentros similares para pensar como seguir en permanente estado de alerta. Y advirtió que “la semilla es lo último que nos queda, si la entregamos estaremos entregando la vida. Hay límites, no todo se privatiza ni se patenta. Es importante difundir lo que pasa en materia alimentaria en la Argentina, para hacer que ‘Los juegos del Hambre’ sea solo una película.”
Carla Poth, de la Campaña No a la Ley ‘Monsanto’ de semillas, responsabilizó al Estado Argentino ya que “en la época del neoliberalismo, no dejó hacer, sino que implementó una serie de modificaciones y creó instituciones concretas para implementar este modelo agropecuario, en las que nunca se abrió la posibilidad a la participación de las múltiples voces que estaban inmersas en la lógica del modelo de transformación agraria, ya sea los pequeños productores, consumidores, campesinos ni los gremios del sector. La Federación Agraria en los 90’ no tuvo nada que decir sobre los transgénicos. El modelo entró de esta forma en nuestro país con organismos como la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que se dedicó a crear regulaciones para liberar semillas modificadas genéticamente. Y de la misma manera, el SENASA creó instituciones para permitir la aprobación de agrotóxicos. En menos de 25 años, este modelo creció de forma inconmensurable, indiscriminada y sin debate sobre que hacer con las comunidades campesinas y los territorios de aquellos productores que venían produciendo para al autoconsumo o el de su región, pequeños agricultores que producían maíz, algodón y arroz. Muchos de ellos se vieron condenados a tener que arrendar o rematar sus campos. También avanzó sobre montes nativos y bosques.”
Reveladoras fueron las palabras de Damián Verceñazzi, de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, quien hizo foco en el aumento de los casos de cáncer desde que se inició el uso de pesticidas en el agro: “estamos relevando la salud en poblaciones de menos de 10 mil habitantes desde el año 2010 que han quedado todas en el medio de áreas de producción agroindustrial de elementos transgénicos dependientes de agrotóxicos y hemos visto los problemas de salud como hipertensión, diabetes, asma, patología tiroidea, trastornos neurológicos, malformaciones, abortos, gastritis, cáncer, obesidad y sobrepeso, esto último sobre todo en el 25 al 35% de los niños, problemas de salud que no eran de estas regiones y que ahora aparecen en estos lugares y que van a incrementarse en el futuro. La patología tiroidea, cuando en Argentina es del 15 por mil nosotros hemos identificado un 41,19 por mil en las regiones que hemos estado visitando, que son 19 hasta la fecha, con un total de 90 mil personas involucradas. Con la transformación de los modelos de producción, y el pasaje a ser un país productor de commodities, también cambiaron nuestras pautas culturales de alimentación. Por eso, hoy los chicos que viven en pequeñas comunidades son igual de obesos o tienen un sobrepeso como que los que viven en la ciudad y comen en McDonald’s.”
Gastón Mazzalay, de la Asamblea ‘Malvinas lucha por la Vida’, llamó a analizar los contextos políticos y económicos en el cual se trata de aprobar la nueva Ley de Semillas. Puntualizó que “sin ley de patentamiento, el 95% del mercado está manejado por 4 empresas, que sería de las semillas si a esos monopolios se les da instrumentos legales y herramientas para que sigan manteniendo el monopolio. Aún quedan algunas barreras naturales, pero nadie tuvo hasta ahora la capacidad económica de Monsanto”. También dijo que los recursos naturales son patrimonio de nuestra Nación, y que se busca que entre un puñado de dinero ahora hipotecando el alimento de esta y de las próximas generaciones de argentinos.
“Es fundamental para la vida y la alimentación de los pueblos saber quien controla las semillas”, sostuvo Marcos Filardi, Coordinador del Seminario Derecho a la Alimentación-Cátedra de soberanía Alimentaria, de la UBA. Se preguntó, además, si los Derechos Humanos pueden estar ausentes en esta discusión cuando se está enarbolando el derecho a una alimentación adecuada, y que tiene jerarquía constitucional dada por nosotros como sociedad: “y si está en nuestra norma fundamental, ¿cómo debería ser una política de semillas que fuera respetuosa de ese derecho?” agregó que “éste se ejerce cuando todos nosotros tenemos acceso físico y económico en todo momento a dicha alimentación o a los medios para obtenerla y dentro de este punto, necesitamos debatir el tema de la tierra, el agua y las semillas y garantizar el libre acceso a estos recursos.”
Rita Liempe, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA, recordó la importancia de resguardar las semillas, tradición ya respetada por pueblos originarios, como por ejemplo, el mapuche y afirmó que “esto todavía sucede. Todavía tenemos semillas sobreviviendo debajo de nuestras alfombras. Y pasan de las ancianas a otras mujeres de diferentes comunidades. Esa es nuestra forma de defender la vida y nuestro conocimiento ancestral. Sin embargo, el panorama que nos queda hoy es el de un genocidio silencioso pero expuesto, legitimado por los Estados y hoy es para toda la población. Todos ya estamos contaminados. Este no es un mensaje de muerte sino de llamamiento a hacer algo para defender la vida. A los pueblos originarios nos llaman para consultarnos y después no toman en cuenta nuestra opinión a pesar de las leyes que dicen que así debe ser.”
Las palabras más aplaudidas de la jornada fueron las de Fernando Frank, integrante de Campesinos del Valle de Conlara, San Luis y de la Campaña “No a la ley ‘Monsanto de semillas’”, que resumieron con gran claridad y sencillez la situación: “es curioso tener que demostrar después de 12 mil años de agricultura sin agrotóxicos, que es posible producir sin usarlos, pero hay gente que está un poco extraviada y parece que hay que volver a explicárselo.”
Publicado en : CTA capital
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Convocaron a esta Jornada el Bloque Unidad Popular; Campaña “No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en la Argentina” (Tierra Para Vivir en COB La Brecha; Acción por la Biodiversidad; GRAIN; Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, MULCS – Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social; RENACE; Movimiento Popular Patria Grande; Frente Popular Darío Santillán; Colectivo Aymuray – Movimiento Popular La Dignidad; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeA); Colectivo x la Igualdad en el Partido Social; Visión Sostenible; Amigos de la Tierra Argentina; Asociación Campesinos del Valle del Conlara (San Luis); Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Universidad Nac. del Comahue; Proyecto Sur (Pcia. de Buenos Aires); Movimiento 138 Colectivo de resistencia cultural; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología de la Universidad Nac. de Luján; Campaña “Plantate: La vida no se negocia”; (MAELA – Movimiento Agroecológico de Latino América y el Caribe; ACINA – Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino; BePe –Bienaventurados los Pobres; INCUPO: Instituto de Cultura Popular; RAPAL – Red de Acción contra los Plaguicidas); MST Nueva Izquierda – Red Ecosocialista, Adherente de Campaña “No Nos Patenten la Vida”. También participaron referentes de diversas organizaciones, entre ellos, Itai Hagman (Patria Grande) y el legislador Pablo Bergel (Bienes Comunes).
