Les Trabajadores despedidos de los programas territoriales dependientes de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Nación (DNSMyA) llevan más de seis meses de lucha, ya que desde febrero de 2018 no cobran sus salarios y repudian que tomaron conocimiento de la situación de despidos por un audio viralizado en Whattsapp donde se anuncia la decisión del Gobierno Nacional de dar de baja sus contratos. La semana pasada se reunieron en Resistencia, Chaco, con la diputada nacional Lucila Masin, el director del Órgano de Revisión de Salud Mental local y con diversas ONGs, militantes y organismos de Derechos Humanos y denunciaron el desmantelamiento de los equipos territoriales del Programa Nacional de Salud Mental en esas provincias.La delegada de ATE Salud Mental Chaco Claudia Trangoni explicó a IDEP SALUD que desde hace dos años les trabajadores de salud mental sufren un gran destrato, indiferencia y humillación «nosotros estamos precarizados por la tercerización de nuestro trabajo hace muchos años, pero en los últimos dos años la situación se hizo insostenible: se fueron diezmando los equipos interdisciplinarios; hace seis meses que no nos pagan los salarios y encima nos enteramos que dan de baja nuestros contratos por Whattsapp!.
Conferencia de prensa realizada en el día de ayer, publicada por ATE Chaco
La defensoría de la Justicia chaqueña rechaza los despidos en Salud Mental
La defensora oficial Alicia Alcalá rechazó el despido de trabajadores de salud mental.
Pide a las autoridades nacionales y provinciales preservar la fuente laboral y advierte que sin recursos no es posible la transformación que propone la ley del sector.
El Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial del Chaco, a través de la defensora general Alicia Alcalá y el Órgano de Revisión de Salud Mental Chaco, representado por la secretaria ejecutiva Claudia Carina Sforza, rechazó ‘el despido de trabajadores de salud mental’. Expresaron su ‘gran preocupación’ por esto y pidieron ‘a las autoridades nacionales y provinciales acciones tendientes a preservar la fuente laboral’. Además advirtieron que ‘sin recursos no es posible la transformación que propone la ley de salud mental y convenios internacionales con jerarquía constitucional’.
En un documento conjunto difundido por el Poder Judicial chaqueño se indica que los damnificados por la decisión del gobierno nacional ‘prestan actualmente servicios en diferentes efectores públicos, en el marco del convenio firmado entre los ministerios de Salud de la nación y la provincia en 2011. Dicha acta acuerdo tiene como objetivo central fortalecer las capacidades institucionales que permitan garantizar una adecuada, oportuna y continua accesibilidad a los servicios de salud’.
La ley de salud mental 26.657 y la ley provincial de adhesión 2339-G plantean ‘una modalidad de abordaje comunitario, integral, interdisciplinario e intersectorial centrado en la persona como sujeto de derecho, con base en la atención primaria de salud’ por lo que ‘requiere, necesariamente de recursos materiales y humanos, la articulación con efectores del sistema de salud que deben trabajar en red, hospitales generales, centros de día comunitarios, centros de salud, dispositivos integrados y articulados donde la persona asume un rol central como sujeto de derecho’.
Destaca más adelante que ‘esta modalidad de abordaje permite que la persona goce del derecho a una rehabilitación psicosocial’, por lo que rechaza ‘el despido de trabajadores de salud mental que actualmente prestan servicios en diferentes efectores de la provincia. Quienes con su fuerza de trabajo contribuyen a la transformación hacia el modelo comunitario garantizando el acceso a los cuidados, a la integración y al sostén de las personas con padecimientos mentales en la comunidad’.
Demanda que ‘el estado debe garantizar el derecho a la salud de toda la población; el servicio de salud debe ser adecuado, oportuno, integral y continuo, debiendo el sistema de salud dar respuestas otorgando una cobertura efectiva y garantizando el pleno ejercicio del derecho a la salud’.
Indica que ‘el inminente despido de los trabajadores de la salud mental y adicciones, deviene contrario al modelo social con base comunitaria. En atención a ello, solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales, acciones tendientes a preservar la fuente laboral. Sin recursos no es posible la transformación que propone la ley de salud mental y convenios internacionales con jerarquía constitucional’, sostienen.
En la declaración agrega que ‘para la efectiva implementación de la ley de salud mental debe fortalecerse la atención primaria de salud a través de los equipos interdisciplinarios que mejoren la calidad de atención, den respuestas a las demandas, y garanticen la continuidad de los cuidados”.
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- IDEP Salud Mental
Fuentes: IDEP Salud, ATE Chaco, C9, Diario Norte
