La DNSMyA presenta el Plan Nacional de Salud Mental anteponiendo el logo de la CUS “Cobertura Universal de Salud”, demostrando la política y orientación de salud de este Ministerio.
Un modo de esta época usado constantemente es la distorsión, como síntoma de lo social: “distorsionar es poder” (Tiburi, 2016), una forma de la deshonestidad y confusión calculada. Ciertos hechos o cuestiones circulan como verdades simplemente porque son repetidas. De este modo advertimos nuevamente y todas las veces que sea necesario acerca de la “Cobertura Universal de Salud” como falacia y engaño.
La llamada “Cobertura Universal de Salud” (CUS) decretada en agosto de 2016 por el Gobierno Nacional, instauró una peligrosa avanzada de los sectores del poder económico sobre un bien común, fundamental para todos los argentinos y argentinas: la salud pública, universal y gratuita.
Estamos ante una reforma de las llamadas “incrementales”, es decir establecen un proceso continuo de cambios sucesivos a lo largo del tiempo, coherente con la profundización de un cambio de época, nosotros decimos que estamos ante el fortalecimiento de ofertar la salud como bien de consumo, como mercancía, contrariando su estatuto de derecho.
La CUS es una estrategia y como tal se presenta cercándonos, a veces más explícita y otras mucho menos. Su propósito: intensificar condiciones para el ingreso de grandes y también pequeños actores económicos al mercado de la salud / enfermedad, interés del complejo médico-industrial y en especial la industria farmacéutica.
CUS y Salud Mental:
Convencidos que esta reforma que ubica a la salud como mercancía tiene incidencia en todas las agendas específicas (Precarización laboral, condiciones de trabajo, salario, Salud Mental, Producción Pública de Medicamentos, Salud de Género, etc.). El desafío es: defender el derecho constitucional a la salud, fortaleciendo y construyendo un sistema de salud único, público, regulado por el estado y con amplia participación del pueblo.
Por eso advertimos, como lo venimos haciendo en varios territorios provinciales respecto de esta estrategia. Desde la cartera Nacional en materia de salud mental se pregona la implementación de la ley 26657, pero:
- Se presenta Plan Nacional de Salud Mental coronado en su caratula con el logo “CUS”-Es la copia del Plan anterior, lo único nuevo son las autoridades y el sello CUS. Indicando lineamientos.
- Se anuncia en boletín Oficial de fecha 6/7/2018 el Decreto 632/2018, el fin a los convenios de asistencia técnica con las universidades, modo de contratación en la que se encuentran 7 mil agentes que sostienen desde 2011 los equipos de salud mental territoriales en Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
- Vemos con alarma el cierre de camas en los hospitales monovalentes en varios territorios provinciales. Reiteramos: “Cerrar el manicomio no es achicar el Estado”, no se han transferido recursos al territorio en el sentido de constituir una red de servicios asistenciales (espacios físicos publico estatales que permitan abordar en el territorio las problemáticas subjetivas) Lejos de esto, vemos cómo en varios territorios provinciales si se ejerce una transferencia de recursos públicos al sector privado: geriátricos, granjas, comunidades terapéuticas. Abonando a la lógica del encierro y la medicalización propios del paradigma manicomial; y simultáneamente se desmonta la precariamente sostenida salud comunitaria (punto anterior).
Esto se ilustra en el absoluto desentendimiento de las condiciones de trabajo y asistencia de los trabajadores de Chaco, Corrientes y Misiones, equipos de trabajo comunitario en Salud Mental, que surgieron luego de la sanción de la Ley Nacional, que fueron capacitados por la Dirección Nacional y que hoy son desoídos, al punto que no cobran sus salarios (adeudándose desde febrero de 20018 inclusive). Estos equipos interdisciplinarios, que surgieron como los primeros que tuvieron lugar luego de la sanción de la Ley 26657, en algunos de los territorios provinciales más empobrecidos, trabajan en perspectiva de redes comunitarias con poblaciones con múltiples padecimientos, han ido sufriendo el achicamiento propio de sus modos de contratación y luego del 2015 por las arbitrariedades de esta política de “modernización” del Estado. Hoy quienes resisten y asisten, sostienen la atención de población usuaria joven, muchos de ellos vinculados al consumo problemático.
Convencidos de que debemos estar atentos a los planteos discursivos en tanto éstos encubren privilegios de las corporaciones, consideramos necesario estar advertidos acerca de los “términos”- sabemos de la función el lenguaje- así como también de las micro gestiones que van deslizando conceptos y sentidos que hacen a las trampas que nos rodean: Vemos con alarma en este intento desarticulador y privatizador.
Defendemos lo público no tal como está, sino fortalecido en sus condiciones, para garantizar el cumplimiento de derechos.
Estamos advertidos de las trampas que de este momento, trampas del ajuste, trampas que permite la democracia. La coexistencia de paradigmas, paradigma de derechos, paradigma comunitario, y paradigma manicomial, deshumanizante. Ambos pueden convivir, sabemos de su coexistencia conflictiva por el protagonismo de quienes los habitan, usuarixs y trabajadorxs, construyendo salud, redes, prácticas de cuidado y resistencia, en conflicto con las políticas que versan derechos, formación, censo… pero permiten prácticas de abandono, desatención, abuso. Nos encontramos con políticas que por un lado ofrecen formación pero se sustentan también despidiendo trabajadores del territorio sin ningún miramiento respecto de la comunidad. Pregonan la Ley 26657, pero desarticulan los dispositivos existentes a sus trabajadores y sus redes. A sabiendas de las trampas de la democracia que permite la coexistencia de paradigmas. Es necesario y urgente que estas contradicciones se expliciten y visibilicen para ciertamente avanzar en la garantía efectiva de derechos que son el piso para a salud mental comunitaria.
Instamos a generar nuestros modos de información y transmisión a los trabajadorxs del campo de la salud, pero fundamentalmente a la comunidad. Nuestra propuesta entonces es desenmascarar, informar, resistir esta política. Pero sobre todo empeñarnos en fortalecer el sistema público de salud y sus condiciones de funcionamiento, a esto apelamos con la consigna: la CUS es una estafa, lo público es de todos.
Respecto del rol del Estado:
Esta política que se plantea como una estrategia requiere al Estado en un rol de “comparador” de esas prestaciones que puedan ejecutar tanto el sector público como el privado. Asistimos entonces al deslizamiento de la lógica de derecho a la lógica del mercado, no ya de la salud, sino de la enfermedad. Aparece el Estado no como Prestador de Servicios, sino confinado a un rol financiador y administrador del sistema; concretamente transfiriendo fondos públicos a los mercados privados de la salud/enfermedad (dijo el presidente, “El país va a crecer por lo que haga el sector privado, no el Estado”). Un claro modo de entender al Estado que se aleja de su función de garante de derechos y se avanza en ofrecerlo como facilitador de mercados.
Sabemos que la financiación adecuada es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar equidad, acceso, eficacia y calidad a los servicios de salud. Es decir puede haber más presupuesto o menos pero las preguntas cruciales son: ¿Quién administra? ¿Qué modelo de salud se financia? Con esta propuesta nada de la prevención y promoción de la salud es contemplable o mejor dicho esto es lo primero ajustable.(IDEP Salud ATE, 2016)
El Estado se consolida como comprador de servicios y no como prestador de salud, ofertando engañosamente a la población atenderse tanto en lo público como en lo privado, jugando al engaño que implica el ideal de cierto ascenso social alimentando un imaginario de acceso acorde a la ley del mercado “usted podrá elegir”, pero ofertando una canasta básica de prestaciones.
Para esto se constituyó la AGNET, otra de las herramientas de consolidación de esta política. Proyecto de ley presentado por el ejecutivo en julio 2016, que tiene como finalidad evitar litigiosidad (acuerdo CGT) y definir la canasta básica. Lo que no entre estará a cargo de los usuarios.
Cronificación de la precarización para la privatización
Todo esto, por supuesto es posible, en el contexto del despliegue de los dispositivos de comunicación y propaganda puestos al servicio de lograr el deterioro intencionado del Estado, de lo público y de sus trabajadores. El deterioro intencionado del Sistema Público, la crisis de infraestructura, el desfinanciamiento, las distintas formas de precarización laboral, el vaciamiento de programas, la falta de insumos, son las formas por las que se busca desacreditar lo público como paso previo a su privatización.
La lógica del aseguramiento pretende aparecer como una respuesta a la exclusión social en salud. Estamos frente a una avanzada de las políticas desreguladoras del Estado, al modelo privatizador de la salud que nada tiene que ver con un Estado garante del Derecho a la Salud. La pretensión del achicamiento del Estado la entendemos no solo como cierre de hospitales públicos, trabajadores que sobran, sino también como el cese de la responsabilidad integradora y preventiva es decir un estado que se desarticula y se desmonta como garante de Derechos, descuidando condiciones de trabajo y asistencia dignas.
Nuestra posición es de defensa de lo público, lo público como instancia garante de Derechos.
IDEP SALUD MENTAL – ATE ARGENTINA
Bibliografía:
-Tiburi Marcia, Como conversar con un fascista. Reflexiones sobre lo cotidiano autoritario brasilero. Ed Record. Rio de Janeiro, 2016.
-Migueles Luis. Exposición Seminario “Una mirada internacional, Latinoamericana y Argentina sobre la CUS” Rosario, Junio 2017. Texto inédito.
-Borini Mario; Migueles Luis, Cuadernos para trabajadores de la Salud- Financiamiento de la salud poblacional en la Argentina-Fasiculo 2, IDEP SALUD, 2013-ATE Argentina.
-Báscolo, compliador, «Seguro de Salud- IMPLEMENTACIÓN DEL SEGURO DE SALUD EN LA PROVINCIA DE SANTA FE Ed. Lazarte 2004
– IDEP SALUD-ATE Argentina. CUS: Golpe al derecho a la salud, universal a la estabilidad de los trabajadores. Boletín campaña #NO a la CUS. Argentina, 2016.
-IDEP SALUD-ATE Argentina. Elementos Clave del Decreto de Necesidad y Urgencia 908/2016 que establece la CUS en Argentina – Documento Movimiento por el Derecho a la Salud – Argentina, 2017 https://www.facebook.com/elmovimientoporelderechoalasalud/
-Almeida V.;Chidichimo M.; Coll L.; Orpinell F.; Pochettino C.; Valdano L. “Desafios de la política de Salud Mental sustitutiva a lo manicomial: que abrir para cerrar. Cerrar el manicomio no esachicar el Estado”- Cadernos do CEAS- Revista Critica de Humanidades, Salvador de Bahia, Brasil 2017.
-Celina Pochettino, “Desafios actuales ante el avance desarticulador y privatizador de la salud pública. El engño de la CUS”-Politicas en Salud- Apuestas desde el enfoque de derechos Clinica, Etica y Politica- Precongreso 2017, Ed. Colegio de Psicólogos Mayo 2018.
