Trabajadores de los Equipos Interdisciplinarios de las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, dependientes de la Dirección Nacional de Salud Mental, denuncian que no cobran sus salarios hace meses y que el ajuste impuesto por el Gobierno Nacional pone en peligro la continuidad de los servicios que brindan a la comunidad y atenta contra la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Hay 7.000 contratos que dependen de los convenios con las universidades amenazados por un Decreto.
A pesar de la Reunión sostenida el 31 de mayo entre el Equipo IDEP y referentes provinciales con el Director Nacional de Salud Mental, que tomó nota de la situación formalmente, y de las denuncias que vienen sosteniendo tanto ATE NACIONAL como las ATEs provinciales en los territorios, Nery Salasar (Chaco), Oscar Muntes (Entre Ríos), César Fariña (Misiones), la situación sigue sin ningún tipo de respuesta.
Para peor, se agrava con un anuncio de despidos que habilitaría el Boletín Oficial del 6/7/2018, con el Decreto 632/2018. Concretamente anuncia el fin a los convenios de asistencia técnica con las universidades, modo de contratación en la que se encuentran 7 mil agentes y especialmente sostienen desde 2011 los equipos de salud mental territorial en Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Misiones
Se trata de un claro ajuste en la salud, en este caso atenta directamente contra la implementación de la ley Nacional 26.657. Al respecto, los trabajadores expresaron que «Todos estos meses hemos sostenido la atención en el interior de la provincia sin una respuesta clara de nuestra situación contractual, pero estamos en un grave riesgo de no poder seguir brindando la asistencia por esta desidia que sufrimos de parte de la Nación. Estamos incluidos en el Decreto de finalización de los Convenios con Universidades.»
Además, manifestaron que «Los equipos atendemos a una población estimada de 200.000 habitantes sólo en Chaco (elevando planillas epidemiológicas a la Dirección Nacional). Desde 2011 venimos tejiendo y consolidando redes de trabajo que se ven en peligro de extinción luego de ocho años en territorio del interior de nuestro país. Necesitamos cobrar nuestros salarios y tener una definición de como se continuará el año siguiente, con que modalidad de Contrato se seguirá trabajando.»
Desde 2016 hasta la fecha la situación de los trabajadores de los Equipos Interdisciplinarios del Programa Nacional de Salud Mental y Adicciones de las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, se ha ido agravando. Estos trabajadores dependen de La Dirección Nacional de Salud Mental, surgieron a partir de la Sanción de Ley 26.657 y fueron capacitados por Nación.
Estos equipos comprometidos con la comunidad sostienen sus tareas desde 2011, desde entonces trabajan distribuidos estratégicamente en el interior de las provincias, en su mayoría en los CIC así como también en hospitales o centros de salud. A finales de 2015 sin razón alguna que lo amerite han sufrido bajas y quedaron desmantelados varios equipos.
Pérdida de puestos de trabajo, falta de pagos y desmantelamiento de equipos en Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos
CHACO CONTABA CON 79 AGENTES HASTA DICIEMBRE DE 2015 LUEGO DE LA ASUNCION DEL NUEVO GOBIERNO NACIONAL SE DIERON DE BAJA 37 AGENTES, QUEDANDO 42. AL DIA DE HOY HAN RENUNCIADO 10 AGENTES POR NO PODER SOSTENER LA ATENCION SIN COBRAR VARIOS MESES, AL DIA DE HOY NOS DEBEN SUELDOS DEL AÑO PASADO Y SIGUEN CON EVASIVAS.
LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES Y MISIONES SIGUEN LA MISMA SUERTE, EN MISIONES QUEDAN 29 AGENTES DE 80. EN CORRIENTES QUEDAN 11.
EN ENTRE RIOS DE LOS 33 CARGOS QUEDAN 24.
En Entre Ríos, los trabajadores denuncian que se van perdiendo puestos de trabajo “Y los que quedan, quedan resisitiendo y asistiendo a sus comunidades.” Estos equipos a pesar de informar mensualmente su trabajo a la DNSMyA, han sufrido bajas arbitrarias y otras propias de las lamentables condiciones de trabajo. En la actualidad están sin Convenio, sin cobrar, sin seguro.
En el mismo sentido, se han cobrado honorarios sin fecha concreta como si fuera una dádiva o regalo, sin firmar contrato y fueron tercerizados a través de la UNER. Al día de la fecha no han percibido el salario del mes de febrero de 2018, se lo han salteado, y pagaron marzo en el mes de junio. Y desde ese momento no hubo ningún pago más.
«Nos han dejado sin referente administrativo y técnico, hemos reclamado vía Mail, por teléfono, por notas varias, sin obtener más respuesta que es el recorrido de los expedientes lo que demora los pagos y mil excusas absurdas. Hasta el día de hoy en el que el encargado del área de Facturación de Nación, Xavier Sánchez, ha reconocido e informado telefónicamente que no se trata de problemas administrativos como nos vienen diciendo todo este año, sino que la falta de pago a los meses ya facturados responde a una Decisión Política», explicó una de las trabajadoras.
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La revista de Salud mental de IDEP Salud
