Delegados de ATE Conicet elaboraron un informe que cuestiona el lugar y el rumbo del desarrollo científico
La semilla de la discordia – Para graficar esta situación, se denuncian los intereses detrás del reciente anuncio del gobierno nacional acerca de un nuevo desarrollo tecnológico argentino: una semilla transgénica que permitiría obtener cosechas en condiciones de sequía, que serviría para paliar hambrunas o como elemento que limite los riesgos de factores climáticos de pequeños productores.
Sin embargo, se preguntan si su creación fue orientada para los fines que se difunden ya que “hasta el momento la mayoría de los desarrollos biotecnológicos aplicados a la producción agropecuaria en nuestro país sólo han servido para incrementar la riqueza del sector privado”. Y esta sospecha toma volumen cuando este nuevo desarrollo tecnológico está vinculado a las corporaciones de los agronegocios como Bioceres, empresa asociada la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET en desarrollos de biotecnología, parte del grupo Grobocopatel, con conocidos intereses oligopólicos.
En el informe elaborado por ATE CONICET, se pone bajo la lupa este nuevo anuncio y señalan que en realidad “lo que se pretende es la expansión de las fronteras agrícolas a ámbitos hoy poco relevantes desde un punto de vista economicista. La mencionada ampliación de la fronteras agrícolas, lejos de combatir el hambre y la desocupación, como van de la mano de explotaciones a gran escala, con uso intensivo de agroquímicos y capital, terminan incrementando el nivel de migración interna desde zonas rurales hacia urbanas por la falta de trabajo y la expulsión (violenta en la mayoría de los casos) de la residencia original de pobladores. También modifica ecosistemas al eliminar bosques nativos y cultivos autóctonos y reemplazarlos por cultivos con o sin rotación; al matar directa e indirectamente especies por el uso de los agroquímicos (en general, sin siquiera respetar las condiciones que la ley establece)”.
Además de las consecuencias en el plano social, “el uso de estas tecnologías conlleva una mayor dependencia económica del país dado que, en su gran mayoría, los agroquímicos son importados o se pagan royalties por ellos; se debe adaptar tecnología nacional a este tipo de funcionamiento (siembra directa) que limita la matriz tecnológica, y cuya producción es utilizada principalmente para la venta sin procesamiento (como semilla) o con bajo nivel de procesamiento (aceites, harinas) a las metrópolis (Europa, Estados Unidos, China)” señala el documento.
Estos argumentos se fundamentan con sendos estudios demostrando que el modelo de desarrollo basado en los agronegocios “solo genera riquezas para unos pocos, incrementa la brecha entre ricos y pobres, genera dependencia tecnológica, aumenta la contaminación con productos de toxicidad crónica, y anula las posibilidades de alcanzar una verdadera soberanía alimentaria”.
