IDEP SALUD, ATE ARGENTINA agosto 2016
El pasado 26 de Julio con motivo del lanzamiento del flamante Plan Nacional de Acción contra la Violencia elaborado por el Concejo Nacional de las Mujeres, el Presidente Macri manifestó su preocupación por el tema de la violencia de género apelando al compromiso personal y desde la educación para erradicarla. Sin embargo, las políticas públicas implementadas por este gobierno tienden a una mayor precarización laboral y de ajuste que no favorece la construcción de autonomía personal, generando una gran incertidumbre en materia de derechos de las mujeres.
Consultado por la prensa mexicana acerca del caso Belén, el Presidente Macri demostró su desconocimiento y se refirió al caso como un tema delicado y que lo “hace reflexionar” frase que concluyó con su defensa por la vida y su postura en contra de la legalización del aborto. Las declaraciones del Presidente tienen un correlato con la gestión de su Gobierno y lo que viene ocurriendo en materia de derechos sexuales y reproductivos de la población. La actual cartera sanitaria nacional se ha empeñado en dejar sin efecto las políticas de salud sexual y reproductiva, entre otras políticas de salud comunitaria que han significado una ampliación de los derechos a gran parte de lxs argentinxs. En su lugar, se dieron paso a las políticas de ajuste y de achicamiento de los programas y de sus planteles. Tal es el caso del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (PNSSyPR) que en enero de este año cesaron los contratos de 20 trabajadores y que gracias a la organización de lxs trabajadorxs en un plan de lucha fueron reincorporados en su mayoría, aunque ya no como parte del mismo Programa sino que debieron ser redistribuidos en otros programas del Ministerio.
