Frente a las declaraciones de Diego Bossio, titular del Anses, en reunión con la CSJN
Los tiempos son otros, pero la matriz no cambió, los jubilados siguen siendo víctimas, de aquellas políticas neoliberales aplicadas en la era menemista.
El Poder Ejecutivo Nacional viene utilizando los fondos del ANSES para otros destinos ajenos al previsional, en lugar de aplicarlos al pago de prestaciones que garanticen un beneficio definido y para cumplir con la deuda que mantiene con los jubilados por la no aplicación de los fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esto confirma lo que venimos denunciando, que aún eliminadas las AFJP, la lógica de la utilización de los recursos no ha cambiado, sin darle el papel primordial al régimen previsional y sus jubilados.
El Director Ejecutivo de la ANSeS, Diego Bossio, había expresado ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “que el Estado no puede hacer frente a los fallos judiciales porque el organismo entraría en déficit…”.
Estos fallos, vienen a dar respuestas a reclamos que se ajustan al derecho de los trabajadores jubilados. A la vez que los fondos del sistema de jubilaciones y pensiones que administra el Director Bossio, se sustentan principalmente en los aportes de trabajadores y empleadores.
Luego de la eliminación de las AFJP, se constituyó un Fondo de Garantía con los recursos incautados a las AFJP, denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que a su vez se acrecienta con el resultado de las inversiones realizadas y los eventuales excedentes que registre el balance de ingresos y gastos del Sistema jubilatorio.
Solo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad totalizaba, a mitad de este año, 215.135 millones de pesos. Por lo cual, el Director del ANSeS es quien debe dar explicaciones de porqué el Gobierno Nacional ha priorizado destinar los fondos de los jubilados hacia otros fines como el pago de deuda pública, infraestructura y el sostenimiento de negocios del sector privado.
Es allí, donde el ANSeS termina financiando al Tesoro Nacional y no al revés, como suele decirse. Un organismo al que han diversificado tanto en sus funciones que ve peligrar su fin primario, la atención a la población adulta mayor.
Este gobierno mantiene una política de Estado que apunta al reconocimiento de los derechos socialescomo derechos precarios, mínimos y condicionales, una política de “jubilados pobres”, evidenciada en el achatamiento de la pirámide de las prestaciones, donde en 1992, sólo el 25 % de los trabajadores jubilados cobraban la mínima, mientras hoy es el 75 % de los jubilados se encuentran en esa posición.
Si es una decisión de este Gobierno por un lado la de sostener jubilaciones mínimas, la aplicación de una fórmula de movilidad que sostiene una estructura de haberes hacia la baja, al tiempo que garantiza excedente para financiar la política económica del gobierno nacional, postergando la recomposición de los haberes jubilatorios mediante el incumplimiento de los fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como han sido los casos Sánchez y Badaro.
Y por otro lado, seguir sosteniendo las políticas del menemismo que benefician a los empresarios a través de la no restitución de las contribuciones patronales para las grandes firmas al nivel de 1993, lo que aportaría un mayor financiamiento.
Diputada Graciela Iturraspe
