Queremos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean reconocidos como derechos básicos de todas las personas. Para eso, es necesario garantizar el acceso universal a los servicios públicos de salud y educación que los sostienen.

Nuestro lema, así como nuestro trabajo de años es integral: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Esto implica realizar modificaciones en los sistemas de Educación, Salud y Justicia, y también, por supuesto, profundos cambios culturales.

Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.

La defensa del derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social, que busca asegurar el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos.

Trabajar por el derecho al aborto en razón de justicia social, es reconocer que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza y la desigualdad social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad, excluidas también de otros bienes culturales y materiales.

La ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de la mujer y a la falta de información. No queremos ni una sola muerta más por abortos clandestino.

Queremos ampliar la democracia, garantizando este derecho a las afectadas por una sociedad patriarcal que limita, vulnera y subordina al 52% de la población. Una democracia verdadera debe atender nuestra salud, proteger nuestra vida y habilitar nuestras decisiones frente al dilema de un embarazo no deseado.

Nos inspira la necesidad de un estado laico: las directivas de las iglesias no deben ser colocadas por encima del derecho a la libre decisión de las personas, incluso cuando esas decisiones se vinculan a la sexualidad o reproducción humana.

Proponemos una ley que autorice, y no que obligue.

Además de la legalización y despenalización del aborto exigimos:

La inmediata la reglamentación de la atención humanizada del post-aborto, y la atención en los servicios públicos de salud a mujeres y niñas que deciden abortar en los casos en que peligra su vida y su salud o ante situaciones de violación, que el artículo 86 del Código Penal Nacional ya exime de pena.

La aplicación efectiva en todo el país de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Cumplimiento del Compromiso para la Disminución de la Mortalidad Materna y el Protocolo de Asistencia Humanitaria del Post-aborto.

Consideramos un avance el anteproyecto de Reforma del Código Penal, elaborado por la Comisión de Juristas convocada por el Ministerio de Justicia. Proponemos ampliar la participación en el debate e incidir en su discusión, para lograr que se incorporen nuestras propuestas y respeten nuestros derechos. Invitamos a opinar sobre la reforma del Código Penal en la consulta popular abierta en la web del Ministerio de Justicia, en apoyo de su tratamiento en el Congreso Nacional. Afirmamos un paradigma de ciudadanía que ya no puede darse el lujo de discriminar a las mujeres por su especificidad de género. Tomamos la despenalización propuesta por este anteproyecto como base para avanzar hacia los objetivos más ampliosexpresados en el lema de la campaña.

Ver el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por la Campaña