El gobierno de Javier Milei destruye la salud colectiva y desmorona el derecho a la salud establecido en la Constitución Nacional en pos de la mercantilización del sistema. El despojo de los medicamentos a los jubilados y enfermos oncológicos, la intención de desmontar los beneficios para las personas con discapacidad, son solamente algunas de las medidas impulsadas para establecer una salud a la medida de las empresas privadas y el individualismo salvaje.
En el siguiente artículo el médico Medardo Ávila Vázquez* advierte la catástrofe que significa el gobierno de Milei para la salud pública.
La Argentina posee una estructura de salud pública con más de 150 años de desarrollo, antes solo había hospitales de caridad como el Hospital San Roque. La salud pública se sustenta en el principio de que es una construcción colectiva y el Estado desempeña un rol esencial en garantizar el acceso y la calidad de los cuidados de salud. A lo largo de los años, se fue construyendo un sistema de salud fuerte que, si bien presentaba muchas deficiencias, posibilitó que durante la pandemia del COVID los resultados de exceso de mortalidad fueran menores del promedio mundial y de países como Italia, Inglaterra, o Bélgica.
Existe un ordenamiento legal que deriva principalmente del artículo 42 de la Constitución Nacional, que determina como obligación del Estado “La protección a su salud”, y del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, al que Argentina adhiere desde 1986, que establece (artículo 12) el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental enumerando los constituyentes del derecho a la salud que el Estado debe garantizar.
-1º: Desfinanciar y debilitar programas de los que depende la salud y la vida de miles de personas en forma directa o indirecta al eliminar el sostén financiero de programas en provincias y municipios. Algunos ejemplos son:
-Cambiar radicalmente la política en Discapacidad con el retiro masivo de subsidios para los cuidados de las personas con discapacidad y devaluar las prestaciones del sector llevando que cientos de miles de personas pierdan sus tratamientos de atención y rehabilitación.
-Retirar la cobertura de tratamientos para miles de pacientes oncológicos y de enfermedades llamadas “raras” que no tienen otra cobertura por carecer de ella o porque su OOSS o su Prepaga le rechaza el tratamiento por oneroso.
-Retiro de provisión de tratamientos inmunosupresores a pacientes trasplantados insolventes del Programa de Seguimiento Postrasplante y debilitamiento de todos los programas del INCUCAI.
-Abandono de la provisión de medicamentos e insumos a los programas de control de TBC (con mayor impacto en poblaciones de pacientes originarios), de Hepatitis B y C y VIH.
-Cierre de programas de fortalecimiento de la Atención Primaria como “Médicos Comunitarios” y minimización de planes vinculados a la APS como provisión de medicamentos e insumos (minimización del Remediar).
-Cierre del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y despido de sus 700 agentes, que había logrado logró disminuir en un 50% el embarazo adolescente en 12 provincias del país en 6 años de trabajo (lo creo la gestión de Macri).
-Congelamiento del Plan Nacional de Salud Mental, recientemente creado (septiembre 2023) y regreso a concepciones arcaicas que desconocen los derechos de los pacientes como la autorización de internaciones involuntarias y la creación de nuevos manicomios.
-2º: Destrucción de las estructuras construidas históricamente en salud pública a través del desmantelamiento de equipos técnicos centrales y de hospitales, como el Bonaparte (Salud Mental), el Sommer (lepra), Garraham (Hospital de niños de referencia nacional). Solo en enero de 2025 despidieron 1400 miembros de esos equipos, del PAMI y del Instituto Nacional de Cáncer, entre otros; muchos otros profesionales renuncian por los bajos salarios. Estas medidas implicaron la reducción de hasta un 40% de la planta de personal en áreas esenciales como VIH, Hepatitis, Lepra, ITS, Tuberculosis y Vacunas, además de otras áreas como Zoonosis, Vectores, Medicamentos, Salud Bucodental y Epidemiología. Se eliminó la Producción Pública de Medicamentos, largamente anhelado por las empresas farmacéuticas. La disolución de Direcciones, Coordinaciones y Programas pone en grave riesgo la atención de la salud de la población, la efectividad de programas indispensables y la capacidad del Estado de realizar Promoción y Vigilancia en salud ccolectiva.
Paralelamente liberaron los precios de los medicamentos cuyo aumento fue muy superior a los otros precios del mercado, a pesar de que en Argentina los precios de los medicamentos en dólares son entre 3 y 5 veces mayores a los internacionales. Por ejemplo: Diclofenac 75, se vende aquí por $20.455, mientras en España se vende a 2,50 euros, equivalente a unos $3.750.
Promueven iniciativas de privatización de la salud pública como en la Provincia de Jujuy (momentáneamente frenada por la lucha popular) o realizando cobro directo por prestaciones antes gratuitas (consultas y estudio complementarios) como está ocurriendo en cientos de municipios en todo el país, no solo en Carlos Paz, o en Mendiolaza o en San José de la Dormida, hay decenas de municipios con cobro directo por la atención.
Entre las principales consecuencias de estas políticas se encuentra el debilitamiento de la estrategia de Atención Primaria de Salud en todo el país por el abandono de la Nación al sostén de programas sanitarios de estados provinciales y municipales que al no poder soportarlos los cierran indefectiblemente.
Se verifica un considerable aumento del gasto de bolsillo en salud, que representaba el 18% del gasto total en salud en Argentina antes del gobierno de Milei, pero algunas estimaciones calculan que puede haber aumentado un 50% en este año de “sanitarismo” libertario.
También existe un abandono parcial o total de tratamientos por parte de beneficiarios del PAMI, del programa de pacientes oncológicos (DADSE), con HIV, con TBC y enfermedades especiales; situación que se confirma con los 60 pacientes que fallecieron en 8 meses al no recibir sus tratamientos oncológicos por el retiro del Estado detectados por ALAPA y FREPOSA y en el aumento notable del exceso de mortalidad en la Provincia de Córdoba durante 2024 (única en publicar los datos) a expensas de la población mayor de 65 años, básicamente los jubilados.
Los reclamos de restitución de derechos judiciales realizados por amparos colectivos y otros recursos legales han tenido respuesta insuficiente hasta ahora, el gobierno apeló todas las demandas e incluso hizo desaparecer organismos demandados para no dar respuestas. En Córdoba la venal justicia del poder ni siquiera respondió los amparos.
La situación sanitaria se vuelve cada vez más crítica y los retrocesos no serán de fácil ni rápida recomposición. Pero a la resistencia de los trabajadores de salud y de los usuarios habituales del sistema se le suma que cien organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, decidieron la convocatoria a una Jornada Federal en defensa de la vida y la salud pública para el 27 de febrero. La idea es salir a las calles en todo el país para ponerle freno a la política de motosierra que está generando una crisis sin precedentes en la salud pública. Luchamos por la vida, por la salud de todos. –
* Dr. Medardo Ávila Vázquez. Coordinador de Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Fuente: EnRedacción
