La Central repudia y rechaza el fallo patriarcal y plagado de irregularidades del Tribunal Oral Penal 1 de Eldorado, que condenó a María Ovando a 20 años de prisión, a Marcos Laurindo a 18 años, y a Lucas Ferreira a 12.
La CTA Autónoma Nacional, al igual que la CTAA Misiones, viene acompañando a María junto a otras organizaciones sociales y todo el movimiento de mujeres desde el año 2011. Asimismo, la CTA Autónoma Nacional, hizo llegar esta semana al Tribunal Oral N°1 de Eldorado un amicus curiae pidiendo la absolución de María Ovando.
La justicia penal -tanto la Fiscal como el juez de instrucción- se negaron a investigar la hipótesis planteada por la defensa. Por lo que el fallo del Tribunal convalida el trabajo deficiente y plagado de fallas realizado por la Fiscalía, así como el hostigamiento judicial al que la Justicia de Familia sometió a María Ovando en el breve tiempo en que recuperó la guarda de sus hijas y su nieta.
María Ovando fue sistemáticamente victimizada por el poder judicial misionero desde 2011, cuando la acusaron y encarcelaron por la muerte por inanición de una de sus pequeñas hijas. La falta de perspectiva de género, la ineficiencia en las investigaciones y el fuerte sesgo discriminatorio pudo verse en ese intento del Estado de deslindar las responsabilidades que tenía para garantizar derechos en esa situación de extrema pobreza. A pesar de la gran repercusión pública que tuvo este caso y que aportó a la liberación de María, el Estado continuó sin brindar el apoyo socioeconómico que la familia requería.
Desde la CTAA seguiremos acompañando a María y al equipo de abogadas que se encargará de la apelación. Exigimos la inmediata revisión de la causa en un tribunal superior, un análisis de las pruebas con perspectiva de género y de clase y la absolución inmediata de MARÍA.
Fuente: ACTA Agencia de Noticias de la CTA Autónoma
La CTA Autónoma presentó dos amicus curiae pidiendo la absolución de María Ovando y los jóvenes Laurindo y Ferreira.
La CTA Capital y la CTA A Autónoma Nacional pidieron también el cese de la persecución y hostigamiento judicial. Advierten que una vez más se la está juzgando por no cumplir las funciones estereotipadas de la “buena madre”. En relación a los jóvenes detenidos remarcan que no existen pruebas que puedan sostener su culpabilidad. Este miércoles habrá concentración por la absolución en Eldorado, Posadas e Iguazú.
Ricardo Peidro, Claudia Baigorria y Hugo Cachorro Godoy, Secretario General y Adjuntxs de la CTA Autónoma Nacional, hicieron llegar al Tribunal Oral N1 de Eldorado un amicus curiae pidiendo la absolución de María Ovando y los jóvenes Marcos Laurindo y Lucas Ferreira.
Para la Central “la imputación a María Ovando es similar al juicio del año 2012, se le atribuye lo que se denomina en dogmática penal tipos de omisión” y destaca que en “en el caso de María no se describe cuándo y cómo omitió su deber de custodia a la niña, lo que implica un grave daño o violación al ejercicio de la defensa en razón que María no puede responder cuándo y cómo no ejerció la acción debida”.
La presentación repasa la historia reciente de criminalización de María Ovando, victimizada por el poder judicial misionero desde 2011, cuando la encarcelan por la muerte de una de sus pequeñas hijas. La falta de perspectiva de género, la ineficiencia en las investigaciones y el fuerte sesgo discriminatorio pudo verse en ese intento del Estado de deslindar las responsabilidades que tenía para garantizar derechos y cargar sobre esa mujer en situación de extrema pobreza y vulnerada la carga de la sobrevivencia de sus hijes. Lo mismo puede verse ahora remarca la central.
“María Ovando sigue siendo juzgada no por delitos tipificados en el Código Penal sino por sus aptitudes femeninas y condiciones maternales… La culpabilizan porque no ha cumplido el mandato de maternar heroicamente y no haber salvado sola a su hija como toda buena madre debe hacerlo. .. Hoy la juzgan por lo mismo, por no haber ejercido heroicamente el cuidado de sus hijas, por no haberse dado cuenta de que ellas pudieran ser víctimas de abuso y no haberlo impedido. En Misiones los índices de abusos intrafamiliares a menores son de los más altos del país, se criminaliza siempre a los supuestos culpables. En el caso Ovando, también a ella por “mala madre”, por no haber impedido lo que no sabía que pasaba”, advierten.
La CTA Autónoma además es parte de la defensa técnica de María Ovando, la Dra Roxana Rivas abogada de la Central y de ATE integra el Equipo Misionero de DD HH, Justicia y Género y junto al Dr. Eduardo Paredes ya la defendieron en el 2011 y vuelven a hacerlo, esta vez sumando al Dr. José Luis Fuentes. La visibilización y militancia del caso también es parte de la agenda que se viene impulsando desde hace varios años.
Los fundamentos jurídicos
En el amicus presentado por la CTA A Nacional, cuyos argumentos son similares al presentado por la CTA A Capital, se remarca en las falencias que tuvo la investigación del abuso sexual a las niñas del que se pretende culpabilizar a María –por omisión- y a los jóvenes Laurindo y Ferreira.
Aporta un análisis de la imputación y las inconsistencias de la misma que solo puede explicarse en el sesgo criminalizante y la elección premeditada de victimizar a María y a los adolescentes que fueron encarcelados de manera arbitraria hace más de 5 años.
En relación a la Cámara Gesell, donde aparecen los nombres de los jóvenes, destacan que los dichos de la niñas “no tienen ninguna apoyatura en datos objetivos y –menos aún- se ha seguido rigurosamente el método (Undeutch) para alcanzar las conclusiones”, algo que se marcó con claridad en los alegatos tanto de la defensa de María como en los planteos del Dr. Rodrigo Torres Muruat defensor de los jóvenes.
La Central también apunta sobre la falta de investigación rigurosa para llegar a la verdad de los hechos. “No se examinó ninguna hipótesis alternativa, no se observó que –una de las niñas- ya había sido utilizada contra María en el primer juicio, en tal contexto hay una violación gravísima al ejercicio de la defensa de María, se utilizó a la niña nuevamente para criminalizar a María”.
“Con estos antecedentes, entonces, venimos a expresar opinión sobre alguno de los aspectos aquí debatidos, esperando sea tomada en consideración por los señores Jueces y contribuya a la mejor resolución del tema. En particular, solicitaremos que se absuelva a María Ramona Ovando por los delitos que se le acusan art. 119 párrafos 2do, 3ro. y 4to inc. b), art 45 y 55 del Código Penal”, expresan.
Concentración por la Absolución.
La CTA Autónoma de Misiones es parte de la convocatoria que organizaciones feministas, centrales sindicales, y referentes de la provincia realizan para mañana en Posadas, Eldorado y Puerto Iguazú. A partir de las 8 comenzaran a reunirse en frente al Tribunal Penal de Eldorado, en la Plaza 9 de Julio de Posadas y en la Plaza San Martín de Puerto Iguazú.
Ovando condenada: la Justicia misionera lo hizo de nuevo
En Eldorado, el Tribunal Oral Penal condenó a María Ovando, Lucas Ferreira y Marcos Laurindo. La causa, considerada una revancha contra la mujer por haberse atrevido a demandar al juez y al fiscal que la detuvieron en 2012 injustificadamente, vuelve a poner al accionar judicial de Misiones en la mira.
Por Alicia Rivas | Ante la estupefacción de quienes la acompañaban y quienes pedían por su absolución en todo el país, el Tribunal Oral Penal 1 de Eldorado acaba de condenar a María Ovando a 20 años de prisión, a Marcos Laurindo a 18 años, y a Lucas Ferreira a 12, en un fallo que desde el movimiento de mujeres llaman “de la vergüenza”.
En 2012, María Ovando había sido absuelta por el mismo tribunal en un juicio oral al que llegó presa, acusada de negligencia en la causa por la muerte por desnutrición de su pequeña hija Carolina. Su niña murió en sus brazos cuando intentaba llegar a un hospital de la zona.
María vivía en la extrema pobreza y un ámbito violento. Fue madre a los 14 años y a los 37 ya había parido doce hijos.
Su absolución, entonces, se dio en el marco de una gran movilización del movimiento de mujeres y una repercusión mediática en todo el país con la presencia en la ciudad misionera de activistas de diversas organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos.
En esta ocasión, llegó acusada de un delito de omisión por no haber impedido el abuso sexual hacia una de sus hijas y una de sus nietas, al igual que Ferreira y Laurindo. Hechos sobre los cuales la investigación fiscal no pudo precisar el tiempo, el modo, ni el lugar en que habrían ocurrido.
Como en la causa anterior, el prejuicio, los conceptos patriarcales, la mirada moralizante y el sesgo en la evaluación de las pruebas se hicieron presentes en el trabajo acusatorio de la Fiscalía, cuyo representante en el juicio, el fiscal Federico Rodríguez, fue el mismo que actuó en el debate de 2012. Esta vez, además, su actuación estuvo acompañada por expresiones públicas de misoginia y desprecio hacia María Ovando.
Un pedido de absolución masivo
En una situación distinta a la de 2012, con la posibilidad de acompañamiento físico limitada por las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en vigencia, María igual no estuvo sola, como tampoco Laurindo y Ferreira.
La campaña por su absolución, encabezada por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, reunió en pocos días más de 16 mil firmas, entre las que se cuentan las de Nora Cortiñas, Rita Segato, Melisa Melcer, Dora Barrancos, Claudia Baigorria, Silvia León, Ofelia Fernández, Ileana Arduino, Jazmin Stuart, Ana Maria Gorosito Kramer, Hilda Presman, Daniela Castro, Fremdina Bianco, Gabriela Saidón, Marisa Herrera, Vilma Ripoll, Perla Prigoshin, Cecilia Solá, Lucrecia Greco, María Teresa Bosio, Alicia Genolet, Gisela Spasiuk.
Por otro lado, varias organizaciones acompañaron la defensa en su pedido de absolución: Actrices Argentinas, la Red de docentes por el Derecho al Aborto Regional Misiones, el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros, el Paro Internacional de Mujeres y el Colectivo Nosotras Proponemos. Otras se presentaron en el caso como amicus curiae, sugiriendo al Tribunal criterios que podrían ayudar a brindar una sentencia en el caso con perspectiva de derechos. Es el caso del MP La Dignidad, la CTA Autónoma Nacional y la CTA Autónoma Buenos Aires y la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina.
Asimismo, el Parlamento del Mercosur aprobó un proyecto de comunicación en el que solicitan al Tribunal que el caso sea juzgado con perspectiva de género y la absolución de María Ovando. Una de sus integrantes, Cecilia Britto, presentó un pedido de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso.
También el flamante Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un informe al Tribunal sobre la necesidad de juzgar en casos como éste con perspectiva de género y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la y los acusados.
Luego del fallo que consideraron “ilegal”, desde las organizaciones feministas y de derechos humanos planean presentar un habeas corpus y redoblar los esfuerzos para que los tres recuperen su libertad.
Una causa emblemática
Luego del juicio de 2012, el “caso Ovando” se constituyó en un objeto de estudio frecuente entre tesistas, catedráticos y cursos de jurisprudencia. Es también una referencia obligada en informes de organizaciones ligadas a la defensa de derechos y al estudio de cuestiones jurídicas como un caso emblemático en el cual la estigmatización hacia las mujeres pobres resulta en criminalización y punición cuando -por sus condiciones de vulnerabilidad extrema- no pueden cumplir acabadamente con los mandatos patriarcales sobre el ejercicio de la maternidad y son sindicadas como “malas madres”.
Esta segunda causa penal contra María fue un espejo de la primera, en la cual no se determinaron las conductas que debería haber prevenido pero se la responsabilizó por no hacerlo.
Asimismo, en el debate oral se probó lo que desde el inicio de la causa había estado planteando la defensa: la posibilidad de que las niñas hubieran sido abusadas en el seno de la familia que las tiene actualmente en guarda, y que las tuvo a su cargo en el tiempo en que su madre había estado en prisión. La Justicia de familia no ejerció ni en aquella oportunidad ni en ésta ningún tipo de control o seguimiento de lo que ocurría en ese ámbito, en el cual fueron puestas las niñas por decisión de la jueza Margarita Potschka.
La Justicia penal, tanto la fiscal como el juez de instrucción, se negaron a investigar la hipótesis planteada por la defensa. Para sorpresa de los acusados, la sospecha de que los abusos hacia las niñas ocurrieron en el ámbito de la familia guardadora se vio confirmada durante el juicio oral, cuando la propia Euvarta Godoy, denunciante en el caso, reveló la denuncia que había hecho contra su yerno Digno Monges Armoa por abuso sexual hacia la nieta de María Ovando.
Un hecho, dos causas
Monges Armoa fue condenado por abuso sexual simple contra la niña, y el juez que intervino en el proceso es el mismo que hizo la instrucción en la causa contra Ovando, Ferreira y Laurindo. También son los mismos los miembros del Tribunal y de la Fiscalía que intervinieron en el juicio.
Ambas causas, cuyas denuncias iniciales se hicieron con pocos días de diferencia, nunca fueron acumuladas, por lo que se trataron sin que se investigase a fondo la posibilidad de que se estuvieran juzgando los mismos hechos. De esa manera, hace más de cinco años Ovando es señalada y estigmatizada como una mala madre que omitió evitar los abusos sexuales contra su hija y su nieta, y a Laurindo y Ferreira están en prisión en base a una acusación vaga e inexacta.
La Justicia misionera, cuyo accionar quedó severamente cuestionado por la misma Corte Suprema de Justicia en el fallo que absolvió a Cecilia Rojas y Cristina Vázquez en diciembre pasado por su deficiente evaluación de las pruebas y por apartarse de aplicar la duda a favor de las acusadas, volvió a mostrar su lado más oscuro.
Fuente: Canal Abierto
