Resumen
Durante la crisis global desatada por la pandemia del COVID-19, las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico ocupan un lugar crucial dentro de la respuesta por el papel central que juegan en el cuidado de niñas y niños, personas enfermas y dependientes, y el mantenimiento de los hogares, incluyendo la prevención del contagio del virus. Sin embargo, y a pesar de la enorme contribución que su trabajo significa en la vida de muchas personas, también son uno de los principales colectivos afectados por la crisis. Esto se debe, entre otras razones, a la situación de precariedad en el empleo que presenta este sector, caracterizado por bajos salarios y falta de prestaciones sociales para su supervivencia y el sostenimiento de sus familias ante situaciones de despidos o frente a la reducción de sus ingresos. Este documento ilustra la situación de especial vulnerabilidad que atraviesan las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe, poniendo en relieve los impactos de la actual crisis provocada por el COVID-19. A su vez, describe las medidas impulsadas por los actores sociales e instituciones en países de la región, y visibiliza cuanto falta aún para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras domésticas.
Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones para el diseño de acciones que mitiguen el impacto de la crisis sanitaria, económica y social para las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe
Más del 77,5% de las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico lo hacen en condiciones de informalidad11. A nivel subregional, los datos de 2018 para el Caribe marcan una informalidad muy alta en varios países (superior al 90%)12, que se reproduce también en Centroamérica (97,6%), y le siguen los países andinos (81,9%) y el Cono Sur (63%). Entre los países de la región con mayores niveles de formalización del empleo se encuentra Uruguay con cerca del 70% de afiliación a sistemas de pensiones. Por el contrario, entre los países con cobertura más baja (inferior al 10%) se encuentran Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. 13 En cuanto al peso de las personas migrantes dentro del sector de trabajo doméstico, las estimaciones de la OIT 11 Ibid 12 Información disponible para Haití (99%), Rep. Dominicana (96,5%), Jamaica (92%) y Guyana (94,9%) en base a los informes “Overview of the informal economy” proporcionados por OIT en referencia a los resultados de las Encuestas Labor Force Survey de 2016 y 2017. 13 OIT (2018) Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe. (Panorama Laboral Temático, 4). 14 OIT (2016) Políticas de formalización del trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe. Ginebra. 15 CEPAL (2017) Panorama Social 2016, con datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica. Honduras, Nicaragua y Panamá. señalan que un 17,2% de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4% de ellas mujeres14. Por otro lado, según cálculos de la CEPAL con datos de la ronda censal 2010 para ocho países15, un 63% de las personas que se desempeñaban a la fecha en el empleo doméstico eran afrodescendientes. En muchos casos, a la discriminación que sufren estas personas por el trabajo que realizan se le agrega la discriminación por su condición de migrantes, o su característica racial y étnica. En síntesis, la población afrodescendiente e indígena se encuentra sobrrepresentada en el trabajo doméstico, reafirmando el carácter clasista y racista de un trabajo no debidamente regulado, controlado ni remunerado en el que queda mucho camino por recorrer para garantizar los derechos de las trabajadoras.
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