por Mario Borini para Armar la Trama
Mario tiene un extenso recorrido como hombre sensitivo, profesional, pensador… fue Director del Boletín de Comunidades Aborígenes 1983-1992, es Médico, Metodólogo, Sanitarista, Auditor, Escritor de poesías y canciones, fue también Director de un Programa de Salud Rural en Salta 1970-1972, Profesor Titular Salud Pública UBA 2003-2008, Investigador Principal de la Salud de Veteranos de Malvinas 2005-2007… Agradecemos todo el aporte que realiza desde hace años para ATE Socio Sanitario y le damos la bienvenida a nuestro nuevo espacio de Editoriales para Armar la Trama
TRASPLANTES: cómo establecer una justicia distributiva?
El sistema de salud no es redistributivo, lo sabemos. Aunque debiera serlo porque forma parte de la política social que el liberalismo promete como correctivo de los desvíos concentradores de la economía
Y los trasplantes no hacen excepción: son mucho más numerosos en las 5 jurisdicciones industrializadas en relación a su población (34 trasplantados por millón de habitantes/año), que en las 19 restantes (22 trasplantados por millón de hab. /año). O sea, las industrializadas (Buenos, Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Capital Federal) tienen un 54% más de trasplantes que las no industrializadas en relación a sus respectivas poblaciones. Esto se observa en el conjunto de los órganos, pero también en cada órgano sólido vital incluido en la Memoria´2009 del INCUCAI. Esta inequidad es más grave si se considera que en las no industrializadas la expectativa de vida al nacer es unos 4 años menor, dado que el trasplante de órganos vitales es la última trinchera disponible cuando todos los demás tratamientos no pueden extender esa expectativa
Sin embargo las industrializadas aportan órganos en una proporción mucho mayor (13 y 9 por millón de habitantes, respectivamente). De esta manera hay inequidad en el sistema pero no se puede imputar a la distribución de órganos en función de la jurisdicción donde se obtienen, sino a una inequidad más básica: la concentración de servicios más complejos en las provincias más ricas, sin respetar criterios de regionalización equitativos.
La distribución de órganos es también objetable desde otra perspectiva: los órganos vitales proceden en un 80,3% de establecimientos del sector público, que se utilizan mayoritariamente en el sector privado desde el momento en que éste realiza el 75% de los trasplantes. Notablemente, algunos establecimientos privados que se destacan por su gran actividad trasplantológica casi no generan donantes en 2009, como por ejemplo el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires (1 donante), el Hospital Italiano de Mendoza (1 donante) y la Fundación Favaloro (0 donante), lo que en cada caso requeriría un examen pormenorizado para conocer los motivos de su baja participación en dicha generación
Desde el punto de vista de la economía, se observa que los organismos estatales y paraestatales financian el 85% de los trasplantes pero los establecimientos estatales realizan solamente el 25% de ellos. De manera que hay una transferencia notable de fondos públicos a la actividad médica comercial
Pero ambos fenómenos, o sea la concentración de la actividad trasplantológica en la población de jurisdicciones industrializadas y el financiamiento público de la medicina comercial, no difieren de lo que sucede con la salud en general, dada la retirada del Estado como efector que ya lleva más de 5 décadas. De manera que esta concentración de la atención de la salud y esta transferencia, operan ambas en contra de una redistribución a las jurisdicciones más necesitadas y a las poblaciones de menor expectativa de vida, de manera que se cumple en trasplantes la regla general de un sistema inequitativo en la atención y en su financiamiento
Así, el objetivo de una justicia distributiva en salud requiere un desarrollo del Estado que recupere su primacía como planificador de la política social en salud, efector, fuente de información, regulador y árbitro del sector. Estas acciones resultan particularmente necesarias en trasplantes por ser la única práctica de salud que depende de donantes heroicos. O sea, la pendiente negativa del Estado en salud tracciona la voluntad de donantes y sus familias a una inequidad que conspira contra el carácter intrínsecamente altruista que justificaría plenamente semejante heroísmo. Complementariamente: no será esta manipulación encubierta de la voluntad social uno de los factores que desde la misma política pública opera simbólicamente en contra de la donación de órganos que el INCUCAI pregona equívocamente como solidaria?
Sin embargo, pensar en una política activa desde el INCUCAI en defensa de la equidad parece exagerado, desde que, pese a que la Constitución nacional asegura la cobertura pública en salud de toda la población, el Programa Nacional de Seguimiento Postrasplante sito en la Memoria´2009 de dicho Instituto alude a “trasplantados sin cobertura formal de salud en todo el ámbito nacional” (p. 399). Figura no sólo inexistente jurídicamente sino demostrativa de una concepción excluyente, desconocedora de que el Estado está obligado en Argentina a una cobertura universal sin restricción alguna. Y esto nada menos que desde una publicación oficial.
Dr. Mario Borini, 2012
