Por Darío Aranda | MU accedió a 10 convenios entre la Facultad de Agronomía y empresas como Monsanto que demuestran cómo influyen en la formación y se apropian de los conocimientos.
Monsanto, Syngenta, Bayer, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y semillera Don Mario son algunas de las empresas del agronegocio que tienen convenios con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba). Las compañías impulsan un modelo con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias, pero en la Facultad eso no amerita debate ni cuestionamientos. Desde la Ley de Educación Superior, sancionada durante el menemismo, la educación pública quedó permeable al sector privado. En Agronomía de la UBA se celebra, se impulsa y se justifica.
Club de amigos
“Es la cuna del agronegocio. Ahí te forman para el modelo sojero y encima otras universidades toman ese modelo”, explicó años atrás en una ronda de mate Fernando Frank, ingeniero agrónomo e integrante de la organización Campesinos del Valle de Conlara, San Luis. Se refría a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).
Fundada en 1904, aún hoy es visible en la Fauba una placa recordatoria del primer rector, Pedro Arata, por parte de la Liga Patriótica Argentina, grupo fascista que reprimió a obreros en las primeras décadas del Siglo XX. “Patria y orden”, precisa la placa, fechada en 1922.
Las carreras de grado son Agronomía, Ciencias Ambientales, Economía y administración agrarias, Gestión de agroalimentos, Planificación y Diseño de paisajes. La Facultad tiene un perfil vinculado al modelo sojero, con cátedras que son un llamado al agro empresario (Mercados Agropecuarios, Comercio Interno y Externo, Cereales) y la muy publicitada maestría en “agronegocios”.
También cuenta con una “foro laboral” donde las grandes compañías buscan a sus próximos empleados. “Tu CV se ve”, es el eslogan. Algunas de las empresas que auspician son Dow, Basf, Nidera, Cargill, Bayer, Rizobacter y la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde concluyen más de 60 compañías semilleras, incluidas todas las internacionales).
La Fauba también cuenta con la “Fundación Facultad de Agronomía”, que tiene entre sus objetivos “coadyuvar económicamente para que la misión de la Facultad pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia, promoviendo y difundiendo la enseñanza, investigación y extensión de las ciencias agrarias”. Entre los financiadores figuran Monsanto, Grupo Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta, Don Mario y Adecoagro, entre otros.
Las pruebas
En el sitio de internet de la Fauba se podía observar un listado con medio centenar de convenios con las más diversas empresas. Al solicitarlos de manera formal, nformaron que se trata de documentos “confidenciales” y, acto seguido, el listado dejó de estar visible en la página de la Facultad.
MU accedió a diez de esos convenios “confidenciales”. Todos los contratos tienen cláusula de confidencialidad. Donde la facultad pública no puede revelar los datos sin el permiso de las empresas.
Expediente 1: Acuerdo de cooperación con Monsanto Argentina, para “evaluar la susceptibilidad de variedades de soja”
“Acuerdo de cooperación. Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y Monsanto Argentina”. Expediente 82565/2014. La cláusula primera señala que el objetivo es “evaluar la susceptibilidad de variedades de soja”. Por la Facultad estuvo a cargo Pablo Grijalba.
“La Fauba autoriza expresamente a Monsanto a utilizar los resultados del proyecto de investigación en las distintas publicaciones que Monsanto efectúe, sean éstas de carácter científico o técnico y se trate de materiales de difusión que tengan o no fines publicitarios”, precisa el punto 3.4. del contrato. Y tiene directa relación con la forma de validación que usan las empresas, que se escudan en los “sellos” de universidades públicas por tener mayor legitimidad (y lavar su mala imagen).
La cláusula cuarta señala que “la información y los resultados, parciales o definitivos, serán propiedad de Monsanto”. El “aporte” que hizo la empresa fue de 26.400 pesos y el contrato duró cinco meses.
Al tratarse de una de las empresas más cuestionados del mundo, en la cláusula décima contiene una cuota de sarcasmo: “Las partes actuarán de forma tal de satisfacer los más altos estándares éticos aplicables al negocio”.
Por la Facultad firmó el decano Rodolfo Golluscio. Por Monsanto Santiago Mazzini y Alberto Peper.
Expediente 2: Capacitación de Bayer por temas de “alta dirección en agronegocios y alimentos”.
2. El expediente 20694/2015 es con la alemana Bayer (en la actualidad, en proceso de fusión con Monsanto). Fue por “capacitación”, a cargo de Sebastián Senesi, director de la maestría de agronegocios de la Facultad, negador de las consecuencias del agronegocio. Su CV señala vínculos con Monsanto, Rizobacter, Los Grobo, Bioceres, Agrofina y Aapresid, entre otros.
La división agro de Bayer (Cropscience) pagó 530.000 pesos por temas de “alta dirección en agronegocios y alimentos”, destinado a “empleados, técnicos y empresarios”. Se trató de ocho módulos de diez horas de clase cada uno, que se dictaron en la sede misma de Bayer.
La cláusula quinta señala que los empleados de Bayer acceden “al certificado de postgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos, emitidos por la Fauba”.
El contrato precisa una duración de doce meses. El punto 11 del convenio explicita el perfil más mercantil de la universidad pública: “La Facultad tendrá en todo momento la plena y exclusiva responsabilidad por la conducción de su negocio, actuando como empresa independiente, por su cuenta y riesgo. La Facultad deja expresamente establecido que la actividad que desarrollará constituye una de las actividades normales y específicas de su giro empresario”.
Expediente 3: Convenio con Bayer para realizar un segundo programa “de capacitación ejecutiva”
Sebastián Senesi estuvo a cargo de otro convenio con Bayer (21103/2014), por 400.000 pesos para “realizar un programa de capacitación ejecutiva en alta dirección en el área de agronegocios y alimentos”. La duración fue de doce meses y los honorarios fueron por 100 horas de clase, viáticos de profesores y la coordinación del programa de agronegocios.
Expediente 4: Convenio con la semillera Don Mario para el “mejoramiento genético de soja y trigo”
Don Mario es una de las mayores semilleras de capitales nacionales, con trabajo junto a las grandes compañías internacionales. Firmó con la Fauba el convenio 62505/2013, para el mejoramiento genético de soja y trigo. Por la facultad estuvo a cargo la cátedra de bioquímica, y la persona designada fue Eduardo Pagano (un impulsor del agro transgénico). El acuerdo fue por tres años. La empresa pagó 282.000 pesos.
Expediente 5: Convenio con Bayer para elaborar dos programas informáticos “de decisión química para trigo y cebada”
El convenio 71101/2013 es con Bayer, e involucró por la Facultad a Marcelo Carmona para elaborar dos programas informáticos “de decisión química para trigo y cebada”. El convenio fue por 18 meses y por un monto de 157.950 pesos.
Convenio 6: Convenio con Monsanto para ensayos en soja “bajo condiciones de campo en diferentes latitudes”
Monsanto y la Fauba también firmaron el convenio 79554/2014 para ensayos en soja “bajo condiciones de campo en diferentes latitudes”. La responsable por la facultad fue Adriana Kantolic (cátedra de cultivos industriales y actual vicedecana electa). La duración fue de ocho meses y el monto total de 108.000 pesos. “La Facultad ofrecerá a Monsanto la posibilidad de llevar a cabo una jornada conjunta de análisis y discusión de los resultados del proyecto con el objetivo de identificar y evaluar posibles aplicaciones de los mismos en las estrategias comerciales de Monsanto”, específica la cláusula tercera.
Expediente 7: Convenio con Syngenta para evaluar la adaptabilidad de variedades de maíz
El expediente 12478/2015 es con Syngenta y estuvo a cargo de la cátedra de Cerealicultura. Fue por tres años y su objetivo fue evaluar la adaptabilidad de variedades de maíz.
Expediente 8: Convenio entre la Asociación Semilleros Argentinos “marco de cooperación académica”
El convenio 86862/2015 es con la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), donde dominan las grandes empresas transgénicas internacionales. Se trató de un “convenio marco de cooperación académica” por tres años, que sirvió de base para acuerdos específicos. Firmó por ASA su presidente, Alfredo Paseyro, un conocido empresario impulsor del agronegocio. La cláusula dos establece que “las actividades académicas a desarrollar abordarán preferentemente el promover y facilitar el intercambio de conocimientos a través de la capacitación de los alumnos en temas referentes al mejoramiento genético y a la aplicación de la biotecnología”. También destaca que ASA apoyará simposios, congresos y talleres donde la Facultad promueva la biotecnología.
Expediente 9: Convenio con la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja sobre “el sistema de agronegocios de la Soja en la Argentina”
También figura un convenio con la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja (Acsoja), lleva el número 39366/2014. Se trata de un estudio que analizó “el sistema de agronegocios de la soja en la Argentina, su cadena y prospectiva al año 2020”.
Expediente 10: Programa de Becas con Monsanto
Con Monsanto también se firmó el convenio 228939/2012 para un “programa de becas” de posgrado de hasta 1000 dólares mensuales. Por un total de 168.000 dólares.
Voces desde adentro
Una docena de docentes expresan críticas desde hace años al perfil pro agronegocio de la Fauba. Pero, ante la consulta periodística, ninguno quiso hablar públicamente. Las respuestas fueron similares: la Fauba está volcada al modelo de agricultura industrial desde siempre, pero la última gestión no es la peor. O, dicho de otro modo, cuestionar públicamente a la gestión es beneficiar a otros peores. El trillado “hacer el juego a la derecha”.
El decano de la Facultad, Rodolfo Golluscio, no respondió las consultas de MU (aunque las preguntas fueron enviadas incluso por escrito y se había comprometido a contestar).
Carlos Carballo, coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) argumentó que la Fauba “tiene muchos convenios, de todo tipo, con organismos públicos, empresas de los agronegocios y también organizaciones sociales”. Consideró que los convenios con compañías “no son determinantes de la orientación en la formación y en las actividades de investigación-extensión”.
Javier Souza Casadinho, docente de la cátedra de extensión y sociología rural, cuestionó la relación universidad-sector privado: “Si bien la firma de convenios de la Facultad con empresas se ajusta al marco legal y posibilitó continuar realizando investigación durante coyunturas económicas en las cuales primaba el desfinanciamiento educativo, constituye una estrategia cuestionable y muy controvertida, ya que se utilizan recursos públicos para la consecuente producción de bienes y servicios al servicio de las empresas privadas”.
Souza Casadinho, que también es coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), destacó que también existen líneas de investigación y proyectos de extensión junto con “personas con discapacidad, productores familiares y personas privadas de su libertad”. Sin embargo, consideró que la Facultad de Agronomía y la Universidad de Buenos Aires “deberían brindar más recursos y realizar más acciones de investigación y extensión frente problemáticas como el uso y efecto de los plaguicidas, y prácticas agroecológicas. La Facultad se financia con fondos públicos aportados por los ciudadanos y a ellos y sus necesidades debemos atender”.
El centro de estudiantes está controlado desde hace años por LAI (Línea de Agronomía Independiente), agrupación de la derecha agraria. En el otro extremo, ideológico y de votos, está Abriendo Caminos, del Partido Obrero. Ante la consulta de MU, respondieron con un escrito. “Rechazamos los convenios con las empresas contaminantes y la orientación privatista que desarrollan las autoridades, las cuales representan intereses completamente antagónicos a un modelo productivo que plantee la utilización de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la población y que se desarrolle cuidando el ambiente y la salud”.
Afirmaron que los convenios “son la forma en que se materializan los compromisos con las empresas y en un marco de ajuste es una herramienta para acallar las voces críticas ya que priman las cátedras que investigan y aplican desarrollos en favor del agronegocio. Por ende los convenios y el ajuste van de la mano”. La agrupación Abriendo Caminos también denunció que la Fauba mantiene convenios con la Compañía Tierras Sud Argentina (Benetton) y la UBA con Gendarmería Nacional.
Fernando Frank es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar y parte de la organización Campesinos del Valle de Conlara (San Luis). Fue quién arrojó a MU la primera señal sobre el perfil de la Fauba. No tiene dudas de que Agronomía de la UBA es una “productora de cuadros del agronegocio”.
“La Fauba irradia muchas cosas. Irradia en libros, programas, temas de investigación, priorización de problemas. Irradia incluso hacia otros países vecinos: los agronegocios en el Cono Sur son hegemónicos en muchos territorios, y Argentina y Brasil son los principales productores de agrónomos reproductores de esa hegemonía”, afirmó Frank.
Cuestionó el modelo dominante: “Lo hegemónico, la reproducción del sistema, hace que de la Fauba egresen todos los años más y más agrónomos que van a cada provincia a impulsar un modelo que desmonta, aplica los paquetes de siembra directa, agrotóxicos, transgénicos y los monocultivos”.
También remarcó que las facultades tienen muchas contradicciones dentro, con agrupaciones estudiantiles independientes y críticas, profesores e investigadores contrahegemónicos, y las cátedras libres que muestran otro modelo. Consideró imprescindible que haya cientos de agrónomos para el desarrollo rural agroecológico,con enfoque de soberanía alimentaria e independiente de las transnacionales.
Menemismo y Banco Mundial
La vinculación universidad-empresas tiene su referencia inicial en Estados Unidos, acentuada luego de la Segunda Guerra Mundial, y comenzó su mayor avance en América Latina a partir de la década del 80. En 1994, el Banco Mundial emitió políticas de educación superior para los “países en desarrollo”. En Argentina tuvo su mayor expresión durante el menemismo, con la Ley de Educación Superior (LES), que incluyó financiamiento del Banco Mundial.
La LES amplió las posibilidades de fuentes de financiamiento con empresas y el perfil mercantilista. Ventas de servicios, subsidios, convenios de colaboración y cobro de aranceles fueron instalándose con cada vez mayor frecuencia en la educación pública de Argentina. Los eufemismos utilizados fueron (y son) “recursos adicionales” o “recursos propios”.
Amplios sectores naturalizan en la actualidad el financiamiento privado en las universidades públicas. Pero también académicos críticos y agrupaciones estudiantiles cuestionan que la educación esté influenciada (cuando no al servicio) del mercado.
La LES fue sostenida por los sucesivos gobiernos. Incluso el Ministerio de Ciencia de la Nación profundizó la política de estado al fomentar la “vinculación” de investigadores y compañías, y llama a construir “incubadoras de empresas” desde la universidad pública. Entre sus pilares de política científica y educativa sobresale la biotecnología, la misma que sostiene e impulsa la Facultad de Agronomía.
