El primer aborto no punible que se iba a realizar ayer en el hospital público Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires a una mujer de 32 años, víctima de la trata de personas, fue suspendido por una jueza luego de una presentación de un grupo religioso.
Legisladores porteños opositores y también el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, culparon al jefe de gobierno, Mauricio Macri, de «la actitud irresponsable» de haber hablado de este tema días atrás y así «provocar la interposición de esta acción judicial que ahora le impide a la mujer el ejercicio de sus derechos y vuelve a victimizarla», según resumió la diputada Gabriela Cerruti.
Horas antes de que se practique el aborto, la jueza Myriam Rustan de Estrada decretó su «suspensión» esgrimiendo que «no es justo procurar el paliativo de una de las víctimas (la madre) suprimiendo la vida de la otra». Añadió que «no es posible reparar un daño generando otro mayor e irreversible».
El pedido lo había formulado la Asociación Pro Familia, de confesión católica, a través de su apoderado Pedro Andereggen, con una nutrida historia militante. En 2009 Andereggen impidió la boda entre Alex Freyre y José Di Bello, el primer matrimonio entre varones en Latinoamérica, quienes al final se casaron en Tierra del Fuego.
Voz ministerial. El ministro del gabinete kirchnerista Manzur acusó a la jueza de Estrada de haber desoído a la Corte Suprema de Justicia y consideró que Macri «debe hacerse cargo» de la situación.
«No se está cumpliendo con la acordada de la Corte Suprema; hay una jueza nacional que se ha sublevado contra el mandato de la Corte Suprema», manifestó Manzur.
La Corte Suprema determinó el 13 de marzo último que cuando una mujer es violada «no puede ni debe verse obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible». Votaron a favor los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni.
Sin embargo, la jueza ayer consideró que la violación en este caso es una «circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa, que aluden a una mujer víctima de trata de personas».
«Si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá hacerlo en cuanto nazca mediante la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de la faz de la tierra», dijo Rustan de Estrada.
Por la tarde, mientras todo esto sucedía, el gobierno porteño anticipó que apelará el fallo que frenó la realización del aborto. Voceros de la administración macrista dijeron que el caso pasó por todas las instancias legales y se ajusta al cumplimiento de lo establecido por la Corte Suprema en el fallo de marzo.
Sin embargo, también aclararon que Macri mantendrá el veto a la ley sobre abortos no punibles aprobada por la Legislatura porteña el viernes 28 de septiembre. Entre otras cosas, objetan que dicha normativa se opone al principio de patria potestad, al autorizar a menores de edad, a partir de los 14 años, a realizarse un aborto sin autorización de sus padres.
Nota relacionada
Macri vetó la Ley de Aborto no Punible aprobada por la Legislatura
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, resolvió ayer vetar la Ley de aborto no punible que había sancionado la Legislatura, luego de haber anunciado que la semana próxima se realizará la primera intervención en la Ciudad, pero sobre la base de una resolución ministerial.
A través de un comunicado, Macri confirmó que dejará sin efecto la ley de aborto no punible, que la Legislatura porteña aprobó en la madrugada del viernes 28 de septiembre último en una reñida votación y en medio de una fuerte polémica.
Macri consideró que la ley «excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 13 de marzo último» y remarcó que de esta forma queda vigente la resolución 1252 del Ministerio de Salud porteño.
Este protocolo, criticado por la oposición de la Ciudad, fue publicado el 6 de septiembre último en el Boletín Oficial con la firma del ex ministro Jorge Lemus y estableció el procedimiento aplicable para la asistencia sanitaria de prácticas de aborto no punibles en el ámbito porteño.
Tal como había anunciado Noticias Argentinas en los últimos días, Macri evaluaba vetar de manera parcial o completa la norma, una vez que le fuera remitida desde la Legislatura, pero finalmente se inclinó por la primera opción.
Ayer una declaración de mandatario había alentado a la confusión al anunciar que el martes próximo se realizará «el primer aborto legal en la ciudad de Buenos Aires» en el caso de «una mujer de 32 años que pasó por todas las instancias legales».
En verdad lo dijo el jueves por la noche, durante una cena organizada por Consenso Republicano.
En esa ocasión le preguntaron por el tema y contestó «soy el jefe de los vetos», pero acto seguido anunció la intervención que se realizará en el Hospital Ramos Mejía a una mujer que fue víctima de la trata de personas.
Polémica.
La interrupción del embarazo será en cumplimiento de la resolución N°1252, según confirmó también el Ministerio de Salud, presidido desde hace algunas semanas por Graciela Reybaud, sobre la base de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
En los últimos días se había registrado un fuerte debate público por la posibilidad de que Macri vete el protocolo que aprobó la Legislatura por 30 votos a 29.
Si bien el jefe de Gobierno evitó dar los fundamentos del veto tienen que ver con que la Ley establece que una menor pueda requerir por sus propios medios la aplicación de un aborto, entre otras cuestiones que generaron polémica en la Legislatura.
La resolución.
La resolución 1252 reglamenta el fallo de la Corte pero al mismo tiempo es más restrictiva, lo cual generó cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad.
Entre otras diferencias, la resolución establece que debe intervenir un equipo interdisciplinario para los abortos, algo que no recomendaba la Corte, mientras que imponía un límite de 12 semanas de embarazo para brindar el servicio en los casos permitidos, cuando el máximo tribunal no estableció plazos.
Solicitada.
En el diario Tiempo Argentino se publicó una solicitada con más de mil firmas pertenecientes a distintos partidos políticos, movimientos sociales, referentes de la cultura y del espectáculo, periodistas de renombre y académicos, tanto kirchneristas como de sectores de la oposición al Gobierno nacional, para pedirle que no lo vetara.
Entre las firmas figuran las de Víctor Hugo Morales, Jorge Lanata, Ricardo Forster, Beatriz Sarlo, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós, los tres senadores por la Ciudad (María Eugenia Estenssoro, Samuel Cabanchick y Daniel Filmus), entre otros.
Fuentes: La Capital.com.ar | La Arena
