Por Gabriela Calotti
“El pueblo no quiere a Monsanto. Es hora de que el municipio se haga cargo del deseo del pueblo y llame a consulta popular el 27 de octubre”, afirmó en su página de la red social Facebook la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, tras una nueva protesta contra la instalación en la localidad cordobesa de Islas Malvinas de una planta del gigante agroquímico, biotecnológico y agrotóxico estadounidense destinada a la producción de semillas de maíz transgénicas conocidas también como OGM (Organismos Genéticamente Modificados).
Los 13.000 habitantes de Islas Malvinas viven a 14 km de la capital provincial pero a tan sólo 10 km del barrio Ituzaingó, protagonista en 2012 del primer juicio en el país por fumigaciones con agrotóxicos. En un histórico fallo el tribunal prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y a menos de 1.500 si las fumigaciones son aéreas.
Al cabo de más de una década de denuncias impulsadas por las Madres de Ituzaingó, un barrio rodeado por campos de soja, la oleaginosa adorada en Argentina, la justicia cordobesa se pronunció sobre dos agroquímicos, el endosulfán (de Bayer) y el glifosato (de Monsanto), sentando así un precedente para decenas de denuncias en todo el país.
Monsanto, creada en 1901 en Estados Unidos, está presente en unos 50 países como líder mundial de semillas transgénicas de maíz, soja y algodón, y también por sus devastadores herbicidas que van desde el “agente naranja” utilizado durante la guerra de Vietnam hasta el Roundup, un glifosato de amplio espectro considerado peligroso para el medio ambiente por los europeos, por ejemplo, pero ampliamente utilizado en nuestro país.
“De cinco mil habitantes, 200 tienen cáncer en Ituzaingó. Todas las familias tienen un enfermo”, afirma el periodista Darío Aranda en un estudio del Grupo de Reflexión Rural (GRR), una organización ecologista que denuncia el modelo agroindustrial y agroexportador imperante en Argentina.
“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó durante el juicio de Ituzaingó el fiscal de Instrucción Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”.
Sin embargo, los acusados, dos productores agropecuarios y un aviador fueron simplemente condenados a tres años de prisión no efectiva y a cumplir tareas sociales –en el caso del piloto y un productor- mientras que el otro productor fue absuelto por falta de pruebas.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida fue creada en 2012 tras el anuncio público de Monsanto, el gobierno nacional y el gobierno de Córdoba de una inversión de 1.800 millones de pesos en el país, cuya mayor parte irá a la planta de Islas Malvinas donde la multinacional prevé producir 60.000 toneladas de semillas de maíz transgénico por año,según datos de la propia compañía.
Monsanto necesita cada vez más tierras cultivables: esta enorme inversión hace suponer que aumentará la producción de maíz y la superficie destinada a ese cereal que en todo el país ocupa 3,6 millones de hectáreas, cinco veces menos que la superficie destinada a la soja transgénica que asciende a 17 millones de hectáreas, según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.
En la temporada 2011/2012 la producción de maíz en el país fue de 21 millones de toneladas mientras que la de soja fue casi el doble, es decir 40 millones, según esa cartera.
Paralelamente a la planta prevista en Islas Malvinas, Monsanto respalda una nueva Ley de Semillas que patentará la propiedad de las mismas, obligando a los productores a comprar semillas cada año, alertaron organizaciones campesinas, indígenas y ambientales.
En ese contexto, la Asamblea presentó el año pasado un recurso de amparo contra el municipio de Islas Malvinas que avala el proyecto de Monsanto, que prevé inaugurar la planta en 2014.
Al mismo tiempo, aprovechando la coyuntura electoral, los discursos sobre las virtudes de la democracia y de la participación ciudadana, la Asamblea reclama una consulta popular como posibilitan las leyes vigentes.
“Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular y de alcance general”, establece el artículo 19 de la Ley nacional de Ambiente 25.675.
Esa misma ley afirma en su artículo 11 que “toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degrada el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución”.
En su reclamo para que se convoque a una consulta popular en Islas Malvinas en coincidencia con las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida se basa en un informe socio-ambiental solicitado por la justicia local, y en una encuesta efectuada meses atrás por el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y la Queen Mary University de Londres.
El informe efectuado a pedido de la jueza de Conciliación Graciela Escudero de Fernández indica que “de los datos obtenidos en las entrevistas a las instituciones y de las encuestas de opinión a los vecinos se puede inferir (…) que buena parte de la población no está de acuerdo con el accionar municipal (…) y que más de la mitad opina que la radicación de Monsanto podría influir de manera negativa en su vida personal y de sus familias”.
Según el estudio de opinión efectuado por el CONICET y las tres universidades mencionadas, el 58,21% de los habitantes de Islas Malvinas rechazan la instalación de Monsanto en esa localidad.
El 87% de los vecinos apoya una consulta popular o referéndum para dirimir la cuestión, de acuerdo con esa encuesta.
“Esta planta será de similares características y funciones a la planta que Monsanto tiene en la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires”, afirma Monsanto en su página internet.
“De esta manera, Argentina tendrá dos de las plantas de producción de semillas de maíz más grandes del mundo”, se vanagloria Monsanto, que en su haber tiene un largo historial de graves perjuicios y daños al medioambiente y a la salud en el mundo entero, sin que ellos impidan su avance de la mano de los gobiernos de turno.
El millonario plan de inversiones que Monsanto anunció en Nueva York en junio de 2012, saludado por las autoridades argentinas, contempla igualmente la apertura de dos estaciones experimentales para investigación y desarrollo en maíz y soja en Córdoba y en Tucumán.
“Una planta para el acondicionamiento de semillas -como la planificada por Monsanto para Malvinas Argentinas- no puede disociarse de los campos que las sembrarían, ni del uso asociado de plaguicidas y sus efectos. Siendo Monsanto una de las empresas líderes en el mantenimiento del modelo extractivo, es inevitable predecir que una mayor presencia de la corporación agravaría regionalmente los efectos indeseados, esto es, expansión de la superficie cultivada, destrucción de ambientes nativos y sobre todo, más enfermedades y muertes por exposición a bajas dosis de plaguicidas”, aseguró en un informe el biólogo Raúl Montenegro, docente universitario en Córdoba y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
En cambio, el intendente radical de Islas Malvinas hace una lectura de corto alcance, si se permite la ironía, para una multinacional que suele registrar beneficios netos anuales superiores a los 1.600 millones de dólares.
“Yo tengo un relevamiento propio que hago con la gente. Hoy tengo 10 currículos en mi escritorio de personas que qieren entrar a trabajar en Monsanto”, respondía días atrás el intentende de Islas Malvinas, Daniel Arzani, interrogado por el diario cordobés La Voz, en referencia a los 400 puestos de tabajo que creará la planta.
Defensor del desarrollo rural local y del rescate de la cultura campesina, el GRR advierte que “la deforestación, el aumento del uso de plaguicidas, la destrucción de los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, pequeños agricultores y campesinos, la concentración de la tierra, el trabajo esclavo, el éxodo rural y el aumento de la pobreza en el campo son los efectos ya demostrados de manera abundante de las consecuencias de un modelo agroindustrial de monocultivos transgénico”.
Desde hace años el GRR reclama “producir y conservar nuestra propia semilla, redescubriendo nuestra herencia genética perdida, prohibiendo la producción, introducción, manipulación, tránsito y/o cultivo de Organismos Modificados Genéticamente (OGM/Transgénicos) y crear las bases para otro modelo agrario en el país.»
En todo caso, el artículo 41 de la Constitución nacional está de su lado al afirmar que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. (…) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
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