El gobierno de Jujuy dio marcha atrás con el proyecto neoliberal de arancelar las prestaciones de salud en hospitales públicos y puestos de salud ante el fuerte rechazo popular que generó la medida y, finalmente, vetó la ley. Además, en un comunicado, tuvo que admitir que la norma no era clara, justa ni estuvo bien explicada a la ciudadanía.
La resistencia a la medida fue expresada por el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública, un amplio arco social, que exigió y celebró el vetó total de la ley ya que “La salud pública es un deber indelegable de los estados y un derecho inalienable de la población”. En el mismo comunicado manifestaron que la salud pública debe ser “oportuna, gratuita y de calidad siempre.”
La defensa de la salud pública
La lucha popular contra la medida tuvo alcance nacional e internacional, llegó al Congreso de la Nación y contó con más de 1000 firmas de apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil, Colegios Profesionales, Organizaciones de la Salud, Sindicatos, Organismos de DDHH, Federaciones, Organizaciones Políticas, Organizaciones Sociales, Iglesias (Evangélicas y católica), Unidades Académicas, ciudadanos/as usuarios del Sistema Público de Salud, Docentes, Trabajadores de la Salud y referentes del ámbito público, provincial, nacional e internacional quienes expresaron su rechazo a la medida, considerada discriminatoria, excluyente y contraria al derecho a la salud.
IDEP Salud ATE Argentina, la Coordinación Nacional de Salud de ATE, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores participaron en el colectivo social que resistió la iniciativa.
La ley vetada es un caballo de Troya del neoliberalismo contra la salud pública que intenta imponer un seguro de salud y el arancelamiento de las prestaciones, como primer paso hacia la privatización de la atención de sectores sociales que no cuentan con ningún tipo de cobertura sanitaria. Es un proyecto calcado de la Cobertura Universal de Salud (CUS) que impulsó el macrismo durante su gobierno en la nación y que también fue rechazada mediante la organización y lucha popular.
DOCUMENTO EXPLICATIVO “NO A LA CUS” publicado por IDEP SALUD ATE ARGENTINA: picar acá
Jujuy de pie: la salud es un derecho humano
La Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) declaró sobre la LEY 6453 que establece el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) a partir de la cual se determina el pago de un arancel obligatorio para recibir atención básica en los hospitales públicos y puestos de salud, que el acceso a una Salud Pública Oportuna y de Calidad es un DERECHO HUMANO. E indicó que la ley encubre la privatización de la salud y que el SEPROSA es un engaño.
El Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública de Jujuy se conformó luego que la Legislatura de la provincia aprobara de manera exprés e inconsulta la Ley 6453 que establece el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) a partir de la cual se determina el pago de un arancel obligatorio para recibir atención básica en los hospitales públicos y puestos de salud.
EL SEPROSA se enmarca en el “Plan Estratégico de Salud” que el Ministro de Salud Gustavo Bouhid comenzó a implementar en la provincia en el año 2017 durante la Gestión de Gerardo Morales. Dicho plan privatizador, que hoy continua el actual Gobernador Carlos Sadir, implicó en una primera etapa la desestructuración del sistema sanitario público, el desmantelamiento de la atención primaria de la salud, la tercerización de servicios con empresas privadas, la precarización y los bajos salarios de los y las trabajadoras del sector, profundizando la crisis de recursos humanos en esta área, para luego avanzar con el arancelamiento de la salud pública.
Recetas del Banco Mundial: neoliberalismo para países pobres
El “Plan Estratégico de Salud” proclamado por el Ministro Bouhid se encuadra en las “recetas” del Banco Mundial que en el documento “Invertir en Salud” (año 1993) desplaza la estrategia de atención primaria de la salud por el sistema de seguros para los “países en desarrollo”. En este marco la primera avanzada contra el derecho a la salud fue el Decreto 582 de Carlos Menem con el arancelamiento de la salud y los Hospitales de Autogestión. En 2016 Mauricio Macri aprueba la llamada Cobertura Universal de Salud (“Programa CUS”) para todo el país, a través del DNU N° 908, y comienza a aplicarse en Mendoza y en Jujuy introduciendo así el sistema de seguros en salud pública.
El SEPROSA, aprobado por un sector del PJ dirigido por el Diputado y empresario de la salud Rubén Rivarola y la mayoría de los Diputados de la UCR, es presentado engañosamente como un sistema solidario, lejos de esto es una trampa que esconde la privatización del sistema público de salud.
La extorsión a los más necesitados
Sin importar los altos índices de pobreza (55,7% de la ciudadanía se encuentra bajo la línea de la pobreza), cualquier persona que quiera atenderse en un puesto de salud o en un hospital deberá realizar el pago de un seguro mensual que oscila entre los 40 y 50 mil pesos, de manera obligatoria (ya que se convierte en requisito para realizar trámites en el ámbito público). Al tener carácter recaudatorio, este dinero y el servicio lo administrará el ISJ (Instituto de Seguros de Jujuy) que por cada atención médica cobra un coseguro y el cual brinda actualmente un servicio muy deficiente.
Entre otros, los principales beneficiados del SEPROSA son los dueños de la salud privada en Jujuy, el Ministro de Salud Gustavo Bouhid (dueño de la principal empresa de diagnóstico por imágenes de la provincia), Rubén Rivarola (Diputado provincial y dueño de las dos clínicas privadas más grandes de Jujuy) y Manuel Quintar (actual Diputado Nacional por La Libertad Avanza, dueño de otra importante clínica privada).
Por último, la aprobación de este seguro en Jujuy, que tuvo el antecedente del seguro para extranjeros, se contrapone al Derecho Universal a la Salud garantizado por los artículos 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional por lo que resulta inconstitucional.
En el actual contexto Nacional, con el avance de políticas de desregulación de los servicios del Estado llevadas a delante por el gobierno de Javier Milei, entendemos que lo que hoy sucede en Jujuy es una nueva muestra de lo que está sucediendo, de lo que están dispuestos a hacer y que profundizaran los recortes a los derechos de la población.
