La Comisión por la Memoria de la pcia. de BsAs presentó un Habeas Corpus Colectivo ante el Tribunal de Casación Provincial, a favor de todas las personas privadas de su libertad en los hospitales Neuropsiquiátricos de la Provincia, en virtud de las graves condiciones de encierro que padecen en dichos hospitales monovalentes.
«Sé que tengo cáncer. Lo que quiero decir antes de morir es que odio a los psiquiatras. En el hospital de Rodez yo vivía bajo el terror de una frase: «El señor Artaud no come hoy, pasa al electroshock». Sé que existen torturas más abominables. Pienso en Van Gogh, en Nerval, en todos los demás. Lo que es atroz es que en pleno siglo XX un médico se pueda apoderar de un hombre y con el pretexto de que está loco o débil hacer con él lo que le plazca. Yo padecí cincuenta electroshocks, es decir, cincuenta estados de coma. Durante mucho tiempo fui amnésico. Había olvidado incluso a mis amigos: Marthe Robert, Henri Thomas, Adamov; ya no reconocía ni a Jean Louis Barrault. Aquí en Ivry sólo el doctor Delmas me hizo bien; lamentablemente murió…» Antonin Arteaud – Poeta – 1896/1948
(Agencia – CPM) La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó un Habeas Corpus Colectivo ante el Tribunal de Casación Provincial, a favor de todas las personas privadas de su libertad en los hospitales Neuropsiquiátricos de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de las graves condiciones de encierro que padecen en dichos hospitales monovalentes.
Durante su investigación el Comité Contra la Tortura de la CPM recorrió durante los últimos 2 años los neuropsiquiátricos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y constató diversas situaciones que implican una violación a los derechos esenciales de las más de 3500 personas que estuvieron en ese lapso allí alojadas. Entre los hechos que dan origen a la acción, se denuncia más de un centenar de personas fallecidas en los últimos 3 años presumiblemente por negligencia, la existencia celdas de contención y aislamiento en condiciones infrahumanas, el claro incumplimiento de la ley de salud mental (26.657) y la ley de derechos del paciente (26.529), y el pésimo estado general de infraestructura y tratamiento.
se denuncia más de un centenar de personas fallecidas en los últimos 3 años presumiblemente por negligencia
Después de más de dos años de inspeccionar estas instituciones el equipo del Comité contra la Tortura busca probar ante la justicia que las personas allí alojadas son sometidas a tratos y condiciones de internación “que deterioran y/o determinan la discapacidad/afección que padecen”.
En el Habeas Corpus colectivo que presentaron se retoma la situación de los hospitales monovalentes de la provincia: el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de Melchor Romero, el Hospital Estévez que aloja mujeres y Open Doors. Los 3 dependen del Ministerio de salud y lo que busca la denuncia es impulsar a que se adecuen las condiciones para que se hagan efectivos los principios que establece la ley de salud mental y solicita que se realicen pericias en las que se analice el abordaje a la salud que debería existir.
Un proceso de aprendizaje
El Comité contra la Tortura de la CPM es el mecanismo de monitoreo y control de instituciones de encierro que desarrolla inspecciones sistemáticas en cárceles, institutos de menores y comisarías de la provincia desde el año 2003. “A partir de la sanción de la ley de salud mental en 2010, – que aún no fue reglamentada- se abre un lugar para organismos de derechos humanos en el órgano de revisión; nosotros no lo constituimos, pero creemos que es una espacio importante. En el Comité lo que había era un trabajo en las cárceles, que incluía las que alojan personas con problemáticas de salud mental, y se empezó a desarrollar un equipo específico de salud mental para las unidades. También aparece la idea de ir a los hospitales psiquiátricos, por denuncias que llegaban de casos particulares. Ahí los comenzamos a ver como lugares de encierro, lugares donde teníamos la necesidad y además la obligación de controlar”, relata Natalia Rocchetti, trabajadora social e integrante del equipo del Comité contra la Tortura, que trabaja específicamente la línea de salud mental.
la CPM recorrió durante los últimos 2 años los 3 neuropsiquiátricos dependientes del Ministerio de Salud
Eso implicó para el organismo un desafío y un nuevo camino a recorrer. Si bien esas primeras ideas de intervenir en hospitales se empezaron a gestar en 2011 la primera inspección se realizó casi un año después, en el año 2012. “Fue un proceso largo que implicó toda una discusión hacia adentro. Porque teníamos una gran experiencia en las cárceles, donde hay un actor enfrente con el cual negociar, pelear y denunciar que es el servicio penitenciario, pero acá cambió el actor de discusión que es el Ministerio de Salud”, describen desde el comité. “También al ser hospitales, están integrados por equipos profesionales que muchas veces son colegas, uno podría estar trabajando en esos lugares, entonces implica posicionarse en otro lugar”, agrega Rocchetti.
Las muertes
Entre los hechos que dan origen a la acción, se denuncia que 133 personas han fallecido en el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn durante los años 2012, 2013 y 2014 (65 en 2012, 59 en 2013 y 9 durante los meses de enero y febrero de 2014), presumiblemente por negligencia, abandono y/o mal tratamiento. A esto se suman las graves condiciones de detención constatadas, como la falta de personal adecuado en cantidad y calidad y la precaria atención de la salud.
El dato surgió de las inspecciones realizadas y de una denuncia ante el CCT: “informalmente nos plantean: ojo que se están muriendo muchas personas”. Entonces, el equipo dedicado a salud mental articuló con quienes trabajan las muertes en el encierro en el organismo y comenzaron a pedir información. “En 3 meses ya nos habían mandado todos los listados. En el equipo con eso nos quedamos asombrados, hay una gran naturalización de esas muertes porque sino no te dan el dato fácilmente. Nos pareció llamativo además que en un hospital, si bien es neuropsiquiátrico, debería haber un abordaje de la salud integral, física, y encontramos más de 130 muertes. Había cuestiones raras: personas jóvenes, algunas decían por intervención policial, otras decían por desnutrición… al analizar las causas con la médica del equipo nos explicaba que había cuestiones que no podían ser causales de muerte. Por ejemplo, una asepsia generalizada, que es una infección general, bueno, antes tuvo que haber pautas, síntomas”, explica Rocchetti.
hay una gran naturalización de esas muertes
En este sentido en la presentación realizada por la CPM se solicitó una investigación judicial que analice detalladamente cada uno de los decesos y determine las responsabilidades de los funcionarios públicos. Desde el organismo destacan que el número de fallecidos con el que se encontraron es casi igual a la cantidad de fallecidos en las 54 unidades penitenciarias en todo un año, “y esto se produce en un solo hospital, que es eso: un hospital. Si bien en las personas con problemáticas de salud mental hay mayor probabilidad de una muerte más temprana, no podemos dejar de asociarlo a las condiciones en las que viven y a enfermedades no tratadas”, aclara Rocchetti.
Las condiciones materiales y la “contención”
Una de las cuestiones que el organismo subraya entre las más preocupantes es la existencia de celdas de contención y aislamiento, donde a las personas en situaciones de crisis se les realiza contención mecánica atándolas a una cama. Habitualmente dichos espacios tienen una superficie de 3 mts2, no cuentan con ventana, ni baño y las puertas son ciegas con una mínima abertura, las camas tienen argollas de sujeción, y no cuentan con colchones ignífugos a la vez que carecen de sábanas. “Estas habitaciones, se encuentran en un estado de abandono absoluto, en total falta de higiene, al carecer de baño, las personas se ven obligadas a hacer sus necesidades en el piso o sobre el colchón. Las ventanas están tapiadas con chapas que tornan el lugar en un sitio oscuro y sombrío”, describieron desde el equipo de inspecciones.
Se relevaron también condiciones de alojamiento generales que violentan derechos esenciales, como internos que debían dormir en el piso por falta de camas; baños tapados y faltos de higiene, con olores nauseabundos; la ausencia de piletas que implica que se deben lavar utensilios en el baño, y en algunos hospitales no alcanzan los utensilios para todos por lo que los pacientes deben comer con sus manos. Asimismo se registraron situaciones de déficit alimentario por reducción de raciones para las personas alojadas.
“Vimos a los hospitales atravesados muy fuertemente por cuestiones presupuestarias. Muchas enfermeras entrevistadas decían que tienen que distribuir medio jabón por persona al mes, por ejemplo; o que no tienen shampoo entonces los bañaban con detergente, o que no hay pañales. Entonces es muy difícil pensar en un abordaje emancipatorio de la salud cuando ni siquiera tenés lo básico cubierto, que es comer y estar higienizado”, señala Rocchetti.
La ley que no se aplica
El habeas corpus colectivo denuncia centralmente el incumplimiento de la ley de salud mental (26.657) y la ley de derechos del paciente (26.529), ya que no se trabaja sobre las causas psicosociales del padecimiento mental. Así, se describe un abordaje de la salud parcial, con el tratamiento hegemonizado por el discurso psiquiátrico biológico, donde atención de pacientes no se da de forma continua o con el seguimiento adecuado, no se observan estrategias interdisciplinarias de intervención y no se realizan trabajos en red con otras instituciones relacionadas con salud, ni con instituciones presentes en la comunidad. Tampoco se generan desde los hospitales actividades terapéuticas, recreativas y laborales acordes con el tratamiento de salud indicado para cada persona, son muy pocos aquellos que logran acceder a algunas de esas tareas. Además, la administración de medicamentos no responde a criterios sanitarios, sino que se utilizan como tratamiento exclusivo. También se constató la falta de un abordaje sobre el contenido del discurso de los pacientes, sumado a la ausencia de una reevaluación de los cócteles farmacológicos que no impliquen más que el aumento de las dosis o su disminución.
lo que se pide es el cumplimiento de la ley y que el estado se haga responsable de las personas bajo su tutela
Se registró también la falta de actividades físicas y rehabilitación médica clínica, agravando los padecimientos existentes y generando nuevos padecimientos. La vida cotidiana consiste en un transcurrir ocioso y dominado por la desatención y el descuido, de lo que se desprende la certeza de que no se trabaja con las personas para su mejora e inclusión social.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria señalaron que la modalidad de abordaje de la salud de las personas con padecimientos mentales y discapacidades asociadas alojadas en estos espacios de encierro no puede impedir ni anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades fundamentales; ya sea por la falta o deficiente atención a la salud, ni por la utilización de elementos de sujeción y aislamiento, lo que constituye en una práctica de tortura, ni por otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Tampoco por tratamientos y/o procedimientos aplicados sin un debido seguimiento y control no sólo por parte del personal médico, psicológico y psiquiátrico, sino también por parte de los órganos judiciales competentes.
Entonces lo que se pide es que el estado se haga responsable. Dentro del equipo del CCT relatan que uno de los debates más fuertes fue pensar muy bien qué pedir y cómo. “Porque todas las cárceles están en malas condiciones pero a las personas podés trasladarlas a otras unidades por lo menos cerca de las familias. Los hospitales monovalentes son pocos en la provincia y no hay instituciones intermedias, entonces que la persona salga del hospital implica la calle, es como de la reclusión a la expulsión. Entonces las personas no pueden estar ahí en esas condiciones, pero también sabemos que no hay dispositivos acordes para que las puedan estar en un hospital de día o casa de medio camino o de externación”, explicaron sus referentes.
“Para nosotros es un gran logro haber llegado a presentar este habeas corpus, porque toma a estas personas como privadas de libertad y nos permite dar el salto también hacia personas que están totalmente abandonadas y bajo la esfera del estado”, evalúa Rocchetti. Desde el CCT hacen hincapié en que el objetivo es que se empiezan a generar instancias de discusión, de debate, de mesas de diálogo. “sabemos que va a ser muy a largo plazo. Lo que nos preocupa es que sabemos que en lo individual podemos acompañar algunos procesos, pero la apuesta debe ser más colectiva en estos espacios porque si intervenimos por una persona que está hace 40 años internada en algún punto ya es tarde. Porque nadie ha trabajado con esa persona instancias de rehabilitación, de lazos con el afuera y esa persona seguramente ya no tiene lazos extra-muros, nos sabe manejar la plata, no conoce ninguna institución, no tiene referentes. Con lo cual desde un organismo de control lo que podemos hacer es denunciar esa situación, y decir ¿qué está pasando a nivel provincial con la ley de salud mental? Si bien sabemos que eso sólo no implica que las prácticas sean diferentes, pero sí permitiría que se creen dispositivos, que se destine presupuesto” concluyen.
Fuente: Andar – CPM
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