La ANMAT aprobó la producción de Misoprostol, el medicamento para interrumpir el embarazo, producido por el laboratorio público LIF y a partir de ahora podrá ser distribuido a efectores sanitarios de todo el país. IDEPSalud consultó a las especialistas Patricia Rivadulla y Marisa Matía quienes coinciden en la trascendencia de esta resolución y destacan el rol del movimiento feminista en la conquista de nuevos derechos.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el Misoprostol producido por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe mediante la disposición 2021-1030. De esta manera, el LIF es el único laboratorio público del país que está en condiciones de proveer a todas las provincias de Argentina con este medicamento declarado esencial por la Organización Mundial de la Salud.
Patricia Rivadulla, del área Medicamentos de IDEPSalud, titular de la carrera de Farmacia de la Universidad Nacional de La Plata y especialista en producción pública de medicamentos, destacó “que es muy importante que la producción pública de medicamentos tome productos estratégicos para fortalecer políticas estratégicas, en este caso, un medicamento que garantiza el derecho a la decisión de continuar o no un embarazo.” Además, explicó que “el Misoprostol estaba disfrazado en una formulación con Diclofenac, que tenía indicación para dolores articulares como un protector gástrico, tanto es así, que estaba oculto el Misoprostol para el uso que realmente se le daba.”
El Misoprostol es un medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos multilaterales como el método más seguro para abortar, incluso de manera ambulatoria durante el primer trimestre de gestación. Desde 2005, la OMS lo incluye en su lista de medicamentos esenciales, es decir, que debe estar disponible en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio accesible.
“La aparición del Misoprostol con la indicación para el uso que realmente tiene, es sin duda un logro del movimiento feminista –resaltó Rivadulla-, este movimiento es un actor político que consigue muchos logros, entre ellos, la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), pero además tiene particularidades transversales que lo hacen un movimiento único y multimensional, porque no es solamente el tema de la salud sexual reproductiva, que es un emergente por la cantidad de muertes que había, sino que abarca múltiples dimensiones del rol de la mujer en una sociedad que está cambiando por la articulación de este movimiento como actor social y político.”
El Misoprostol forma parte de una cartera de 40 productos que fabrica el LIF para distribuir en los efectores públicos de salud y se utiliza para la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13 de gestación. En el LIF de Santa Fe ya se produjeron 300.000 comprimidos y próximamente se sumará un cuarto lote con otras 100.000 unidades.
Este medicamento que se utiliza para la interrupción del embarazo se produce comercialmente en dos laboratorios: Domínguez, cuyo precio de mercado es $6.200, y Beta, cuyo producto, el Oxaprost, cuesta 10.900 pesos, lo que hace que el acceso al medicamento sea inaccesible para gran parte de la sociedad. En este sentido, Rivadulla asegura que “es muy importante que la producción pública intervenga en este mercado porque siempre que interviene la producción pública el precio de venta al público se acomoda y va a ser muy inferior. El precio que tienen estos medicamentos en el mercado comercial restringe el acceso a la efectivización del derecho y la producción estatal equilibra esta situación para garantizar la accesibilidad al mismo.”
Marisa Matía, que es especialista en Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos, docente en la Universidad de la Plata y feminista, expresó que “La producción pública de medicamentos, en este caso con el Misoprostol, también marca un hito histórico, porque hasta ahora la comercialización dependía solamente de un laboratorio privado y este paso tan importante permite no solo producir a un costo mucho menor, entre un tercio y la mitad del valor que hoy tiene en el mercado, sino también en cuanto a la soberanía que representa la producción pública de medicamentos. Es un hecho histórico también en término de derechos porque esto viene a garantizar el acceso a la IVE y con una fuerte rectoría del Estado.”
“Desde las organizaciones de mujeres –continuó Matía- también consideramos que tan importante como la aprobación de la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es garantizar desde el Estado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y ese acceso debe ser con calidad de atención y con un rol fuerte por parte del Estado, no solamente debemos garantizar que haya servicios accesibles para las mujeres y personas con capacidad de gestar de acceder a la IVE sino que cuente con los insumos necesarios y uno de los más importantes tiene que ver con el acceso al medicamento.”
En cuanto a la situación de la comercialización de Misoprostol, Marisa Matía manifestó que “Sabemos que la producción del Misoprostol en la cantidad necesaria no le mueve el amperímetro a ningún laboratorio entonces también tiene que ver con un compromiso de la producción pública. El del LIF no era el único proyecto de producción de Misoprostol, en 2012 también en la provincia de Buenos Aires se había iniciado un proyecto de producción pública de Misoprostol casi en paralelo con el proyecto del LIF –se había establecido una alianza estratégica para avanzar en la producción pública-, y luego, por una decisión política, no se continúa en Buenos Aires pero sí se avanzó en la provincia de Santa Fe, con estos resultados que tenemos ahora. Ya desde el año pasado el LIF proveía a los efectores de la provincia de Santa Fe, pero a partir de ahora, con la aprobación por parte de la ANMAT se va a comenzar con el tránsito federal y va a poder proveer a efectores de todas las jurisdicciones. Creo que todo tiene que ver con la decisión política de llevarlo adelante, por eso traje el ejemplo de la provincia de Buenos Aires donde no hubo la decisión política de continuar con ese protocolo de producción pública.”
Otro aspecto que desarrolló Matía tiene que ver con la importancia del rol de los equipos de salud y resaltó que “La aprobación de la IVE lleva también tranquilidad a los equipos de salud porque los que tienen que garantizar este derecho son los equipos de salud y así como la práctica del aborto se encontraba en la clandestinidad, el trabajo de los equipos de salud de alguna manera también estaba en la clandestinidad, en el sentido que hasta la aprobación de la ley los equipos de salud, al igual que las personas gestantes, se encontraban solos en la garantía de este derecho. Por eso destaco la importancia del rol del Estado, de un Estado que acompaña y que provee los insumos y también lo que tiene que ver luego con la salud sexual y reproductiva en general como el acceso a la anticoncepción.”
En el mismo sentido, Matía indicó la trascendencia de la militancia feminista porque “hay mucha militancia antiderechos no solo en la sociedad civil sino también en las asociaciones de profesionales de la salud: hoy hay situaciones difíciles como muchos colegios médicos que no acompañan y también muchos intentos judiciales de interferir en contra de la garantía de estos derechos.” Ante estos embates que pretenden el retroceso en la conquista de derechos, Matía sostiene que “ante estas amenazas, el movimiento de mujeres tiene mucha conciencia de que esta lucha es permanente. El movimiento feminista viene a aportar esta vigilancia constante para no retroceder y seguir avanzando en estas garantías. Yo creo que la masiva presencia de las mujeres en las calles luchando por sus derechos fue importantísima para avanzar en la conquista de derechos y también tuvo mucha influencia en la modificación de los votos de senadores y senadoras, comparando los debates del 2018 y la instancia en la que se aprobó la ley. Yo creo que esto no tiene vuelta atrás porque es un avance para toda la sociedad: ya está instalado en la sociedad este debate y la conquista de este derecho. También quiero destacar el rol y el compromiso de los profesionales de salud aunque tenemos que seguir trabajando mucho ante los intentos que tienen algunos colegios de profesionales para constituirse como objetores de conciencia.”
Rubén Fernández, IDEPSalud.
