«El Estado es el que puede seguir la cadena de valor y plantear valores que tengan que ver más con el costo que con el valor de mercado», argumentó Patricia Rivadulla, coordinadora del Observatorio de Medicamentos de IDEP Salud, docente de la Cátedra de Salud Comunitaria y Farmacia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Plata.
El precio de los medicamentos «no tiene vinculación con los costos de producción, sino con lo que el sistema de seguridad social puede pagar» por ellos, afirmó Patricia Rivadulla, especialista en Producción Pública de Medicamentos, quien además dijo que el Estado «es el que puede seguir la cadena de valor y plantear valores que tengan que ver más con el costo que con el valor de mercado».
La especialista, docente de la Cátedra de Salud Comunitaria y Farmacia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Plata, se preguntó en diálogo con Télam «si es posible seguir tomando a los medicamentos como un bien de mercado» y ,entre otros aspectos, advirtió sobre el hecho de que los remedios utilizados para el tratamiento de enfermedades prevalentes y crónicas «aumentaron en los que va del año por encima del índice de inflación».
«Es posible sostener este margen de ganancias por parte de los laboratorios?, ¿es posible seguir en el tiempo con este nivel de incidencia de los medicamentos en nuestra economía? Los laboratorios privados pueden tener cautiva a la seguridad social con los precios que plantean? «, interrogó Rivadulla.
«Uno de los instrumentos para garantizar la salud son los medicamentos, de allí que los remedios pasen a tener un rol tan importante, al punto tal que en la actualidad insumen cerca del 30 por ciento de los presupuestos destinados a salud», señaló la especialista.
La idea del medicamento como un bien social surge con fuerza durante la gestión de Ramón Carillo como ministro de Salud del primer Gobierno de Juan Domingo Perón, y desde ese momento se empieza a pensar a la salud como un derecho y no como un privilegio.
También el ex ministro de Salud Arturo Oñativia, impulsó durante el Gobierno del radical Arturo Illia (1963-66), la Ley de Medicamentos que le daba a los remedios un carácter de bien social al servicio de la salud pública, una norma que fue derogada por presión de los laboratorios durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía.
Finalmente, en junio de 2011, se aprobó la Ley de Producción Pública de Medicamentos, que declaró de interés nacional la producción pública de remedios, vacunas y productos médicos, y estableció que deben ser entendidos como «bienes sociales» y no como productos meramente comerciales.
La producción incluyó a los laboratorios del Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las Fuerzas Armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal.
Posteriormente, en 2015, se creó la Red Nacional de Laboratorios Públicos Productores de Medicamentos que logró reunir a veintiún laboratorios estatales, con el objetivo de promover la investigación y la producción de medicamentos a menor costo que los que se elaboran en laboratorios privados.
Télam: ¿Cómo es el circuito de producción y de comercialización de los medicamentos?
Patricia Rivadulla: Los medicamentos, como un bien, hay que pensarlos en dos momentos: uno en el que se produce el bien y que está atravesado por la producción en serie y donde juegan un rol las patentes, los derechos, los gastos de materia prima y de logística, es decir un producto comercial.
Pero cuando los medicamentos entran en el sistema de salud, este producto comercial se transforma en un bien que tiene una demanda inelástica, es decir que las personas no tienen opción de consumirlo o no como otros bienes de mercado porque el medicamento es lo que define, a veces, la diferencia entre la vida y la muerte. En esta instancia pasa a ser un bien social porque de él depende la vida de las personas.
En esta dicotomía entre bien de mercado y bien social es donde la intervención del Estado se transforma en actor rector para que este bien llegue a las personas que lo necesitan .
Solamente el Estado es el que puede transformar un bien de mercado en un bien social, porque es el que puede intervenir en las estructuras de la cadena de valor hacia las necesidades de la población, siempre pensando en la equidad .
T: ¿Cómo describirías el sistema vigente en la Argentina?
PR: En el país está en vigencia un sistema mixto, con una parte pública y otra privada. Esto determina que para una parte de la población los medicamentos son adquiridos y distribuidos por el Estado y para otra parte de la población pasan a un plano más privado, donde la seguridad social y los seguros de salud tienen un rol preponderante en los accesos.
Y esto determina el precio que se le pone al medicamento, que es justamente el que en términos generales puede pagar la seguridad social. Entonces, el precio de los medicamentos no tienen vinculación con el costo sino con lo que el sistema de seguridad social puede pagar.
«Los laboratorios tratan de influenciar a la prescripción sobre los médicos y sobre el sistema de atención privada.
Esto que parece un eje no determinante es una de las principales causas que hacen a la controversia en el tema del medicamento porque la seguridad social está condicionada por los laboratorios en la medida que están interpuestos en las estructuras entre el paciente y las obras sociales o prepagas.
Los laboratorios tratan de influenciar a la prescripción sobre los médicos y sobre el sistema de atención privada, que después determina la prescripción en el sector público.
T: ¿Y qué papel juegan las innovaciones médicas que producen los laboratorios?
PR: Muchas de las innovaciones, por ejemplo en oncología, no son innovaciones que garanticen una calidad de vida mucho mejor o una mayor posibilidad de sobrevida.
Se organizan estructuras de pacientes con recursos de amparo que ponen a la seguridad social entre la espada y la pared para la prescripción de estas nuevas moléculas que no siempre son lo que prometen ni están tan probadas en el mundo.
La seguridad social, en otras partes del mundo, es la que determina hasta que valor va a pagar una medicación y es la seguridad social la que regula el precio. Acá, como la industria farmacéutica está interpuesta dentro de la seguridad social, su rol está muy distorsionado. Los precios finalmente se acomodan a lo que puede pagar nuestro mercado.
T: Frente a este panorama, ¿cuál es la alternativa?
PR: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 430 moléculas esenciales (que son los principios activos que sirven para el tratamiento de las patologías) se puede atender la mayoría de las patologías de enfermedades prevalentes y crónicas de la población mundial.
Si la seguridad social de nuestro país pudiera regular estas 430 moléculas y determinar los precios de la distintas formas farmacéuticas ya tendríamos un gran avance sobre el tema.
Muchas de las otras moléculas tienen que ver con otra cuestión que está planteada desde la industria farmacéutica y hacen a la «medicalización de la vida» que plantea estándares de normalidad que hacen que sean medicalizables valores que no son tan críticos, como por ejemplo en colesterol e hipertensión, donde se determina como normal un valor bajo y entonces todo lo que este por encima tiene que ser medicado. Es como buscar patologías donde no las hay.
Una de las estrategias que siempre se planteó es el tema de la producción pública de estas 430 moléculas que pueden garantizar el tratamiento de las enfermedades prevalentes y crónicas.
La producción pública ha servido siempre para nivelar esta estructura de costos y ver realmente las diferencia entre los costos y el valor de mercado que tiene el medicamento dentro de la Argentina. El Estado organizado puede seguir la cadena de valor y plantear valores que tengan que ver más con el costo que con el precio que puede pagar el mercado nuestro.
Fuente: Télam
Por José Monzón.
