Lejos quedó aquel interrogante que durante tanto tiempo militamos como horizonte: ¿Qué abrir para cerrar el manicomio en 2020? Sin duda, ese año y los meses venideros nos encontraron en una situación crítica y excepcional. En un contexto donde cualquier problemática sanitaria que no fuera Covid-19 fue prácticamente desfinanciada e invisibilizada. Por eso, aún estamos evaluando las consecuencias que esta crisis sanitaria nos dejó en nuestros cuerpos, en nuestra salud mental, en nuestros territorios y en nuestros vínculos.
Creemos necesario retomar y rehabitar esas luchas. En este camino, desde IDEP Salud dialogamos con Ángel Barraco psicólogo, trabajador de la salud y luchador por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 para conocer cuál fue el impacto de la pandemia sobre la aplicación efectiva de la Ley, la situación previa y los nuevos desafíos para lograr estos objetivos.
¿Cuál fue el impacto de la pandemia sobre la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 ?
Para poder dimensionar el impacto o efectos de la pandemia del coronavirus sobre la aplicación efectiva de la ley, no podemos dejar de lado el estado de situación previo que comprende desde la sanción de la norma en el año 2010, hasta el surgimiento de la pandemia. Este lapso, implicó el pasaje de dos gobiernos nacionales (de diferente signo ideológico), pero que a resumidas cuentas, no cumplieron con desarrollar como política de Estado los lineamientos establecidos en la ley y que como sabemos, apuntan a un trascendental cambio de paradigma en la atención de la salud mental. Esto es, pasar de un modelo manicomial (aún vigente y subordinado a la psiquiatría asilar y hegemónica), a otro de plenos derechos, que considera al sujeto que padece, en toda su dimensión y complejidad y por lo cual el abordaje de las problemáticas de salud mental debe contemplarse desde una mirada e intervención interdisciplinaria e intersectorial, clínica y social. Vale aclarar que este nuevo paradigma no solo apunta a la superación de la lógica manicomial, sino que también al desarrollo de un sistema de atención integral, imprescindible para la atención del amplio espectro de padecimientos que se expresan en la población (su inexistencia quedó gravemente expuesta con el desarrollo de la pandemia del Covid-19).
Tras 11 años de promulgación de la ley, salvo la creación de algunos organismos de control y asesoramiento, no se desarrolló la puesta en funcionamiento de nuevos efectores, servicios y dispositivos, indispensables para SUSTITUIR los retrógrados hospitales neuropsiquiátricos y colonias públicas, como así también las clínicas psiquiátricas privadas del país, que en conjunto albergan a miles de personas internadas en condiciones indignas. Se establece muy claramente que las internaciones voluntarias e involuntarias, deberán llevarse a cabo en los hospitales generales.
Vale recordar que el proceso de desinstitucionalización previsto y de acuerdo a la reglamentación de la ley, observaba como fecha límite de cumplimiento el año 2020, bajo el rol rector y de control de la Dirección Nacional de Salud Mental. Pasaron diversidad de gestiones políticas en dicha Dirección y ninguna avanzó con los lineamientos establecidos, mediante acciones concretas y la elemental asignación presupuestaria indicada por ley.
A esta constante inacción gubernamental, debe sumarse como factor preponderante en el impedimento para la implementación de la ley, el accionar de un sector corporativo médico-psiquiátrico, con fuerte incidencia en los gobiernos y enrolado en la defensa de sus intereses profesionales y mercantilistas (cabe señalar su evidente relación con la poderosa industria farmacéutica y las clínicas psiquiátricas privadas), que prevalecen por encima de los intereses colectivos.
Cumplir con la plena implementación de la ley, es una responsabilidad compartida tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, mediante la aplicación de políticas de Estado y los correspondientes recursos humanos y presupuestarios.
Una vez hecha la introducción sobre la situación pre-pandémica, pasemos a analizar particularmente las incidencias o impacto de la pandemia (en estos momentos a dos años de su irrupción) sobre la aplicación de la Ley 26.657, coincidente con la asunción de un nuevo gobierno, que con su triunfo electoral despertaba particularmente en un gran sector del campo de la salud mental, expectativas superadoras respecto del saliente y devastador gobierno de Cambiemos.
Si bien es cierto que apenas instalado el actual gobierno, surge inesperadamente la aplicación del ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) y se concentran las acciones de salud tras ese objetivo en los primeros meses de la pandemia, surge un dato revelador respecto de la Salud Mental: el gobierno nacional convoca un comité asesor que sólo considera los efectos del coronavirus sobre la salud biológica, desconsiderando los indiscutibles efectos que el virus y el aislamiento pudieran afectar a la salud mental. Luego de reclamos y denuncias respecto de la mirada parcial sobre los efectos en la población, el gobierno convoca a expertas/os del campo de la salud mental, con otra sorpresiva decisión, no es convocado como era de esperar, el máximo referente del área nacional (un psiquiatra de la universidad privada Isalud) a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental.
Fueron pasando los meses y las acciones esperadas para atender la emergencia y demandas de la población respecto de los efectos de la pandemia sobre la salud mental, no tuvieron desarrollo efectivo en lo público y en lo privado, con el necesario despliegue de servicios y dispositivos adecuados a los protocolos establecidos. Vale no pasar por alto, que el sector privado rechazó a estar subordinado a una coordinación de la política sanitaria desde la autoridad nacional, tal como correspondía y se manifestó públicamente. En este marco, la salud mental quedó fuera de la consideración de las empresas prepagas respecto de los evidentes efectos en la población. Llamativamente la autoridad sanitaria no se ocupó en desarrollar un estudio epidemiológico, que diera cuenta de los padecimientos. Sin estadísticas reales y ciertas, a grandes rasgos las manifestaciones referenciadas por profesionales y algunas facultades, daban cuenta de un aumento de las depresiones, estrés, ansiedad, agudización de trastornos mentales, intentos suicidas, violencia vincular y de género y la gran problemática desatendida: los consumos problemáticos de sustancias legales e ilegales, entre otros cuadros.
Con este panorama, la lógica marcaba que las acciones esperadas para la plena implementación de la ley por parte del gobierno actual, siguieran la tendencia de los años previos a la pandemia, esto es, el incumplimiento gubernamental por un lado y por otro, el afianzamiento del accionar corporativo médico-psiquiátrico, en cuanto a sus intereses y dominio en el sector público y más aún en el sector privado, que ofician como fundamento a la hasta ahora prevaleciente oposición y bloqueo a la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM).
Sugestivamente, lo que sí aumentó durante la pandemia fue la venta de los psicofármacos, en particular de antidepresivos y ansiolíticos. Según el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos el consumo aumentó un 28 % durante el primer año de la pandemia (en el 2020 las farmacéuticas despacharon 168 millones de unidades de psicofármacos). También en el 2021, se mantuvo la tendencia alcista en un porcentaje por arriba del 20 % respecto del año anterior. En la pandemia, el consumo de psicofármacos creció 4 veces más que el de los medicamentos en general. Queda claro que los criterios biologizantes de la psiquiatría dominante, se amparan en el criterio manicomial de la atención, en el cual prevalecen dos soportes: la cama de internación (por ello la defensa de los manicomios y las clínicas privadas) y el suministro de psicofármacos (evidente vínculo económico con los laboratorios), así desconociendo el criterio establecido por la ley y el nuevo Código Civil, respecto de la atención interdisciplinaria integral para las personas con padecimientos mentales.
Prácticamente en todo el país, el poder médico hegemónico (representado por cúpulas gremiales burocráticas) margina y menoscaba a las diferentes disciplinas “no médicas”, llegando a situaciones como en la Ciudad Autónoma de Bs As, en la cual las autoridades de gobierno de “Juntos por el Cambio”, en complicidad con asociaciones profesionales y gremiales, absurdamente excluyeron a los trabajadores de Enfermería de la carrera profesional de salud, afectando sus salarios y derechos adquiridos. La pandemia y el efecto desmovilizador ayudaron a neutralizar la protesta por dicha injusticia.
Otro de los efectos surgidos durante la pandemia, es el supuesto avance en algunos territorios de políticas de desinstitucionalización, que intentan “venderse” como progresistas y fieles a la ley 26.657, cuando en realidad, la contradicen en la letra y espíritu. Este “malentendido”, parte de confundir el proceso de sustitución por el de adecuación para las estructuras manicomiales. La norma no establece tener instituciones psiquiátricas más higiénicas y modernizadas para una mejor habitabilidad, sino que taxativamente expresa que las mismas deben de dejar de existir, a partir del pleno desarrollo de efectores, servicios y dispositivos clínicos y sociales en la comunidad. Por lo tanto, transformar y mejorar las instituciones en el mismo predio, no es lo que plantea la ley. El proceso de reinserción social de las personas internadas, implica justamente que se reubiquen en sus comunidades, con sus familias (en el caso que sea factible) y vínculos. No sólo se trata de brindar una vivienda, sino que devolver una historia personal y de recuperar una vida de relaciones.
Recientemente salió un llamado a licitación para construir 175 viviendas, dentro del predio del hospital neuropsiquiátrico de Melchor Romero (Pcia Bs As), con un costo de $ 1.800 millones. Esto ya nos fue alertado por Michel Foucault, Franco Basaglia y otros referentes antimanicomiales, respecto de la política de “maquillar” hospitales monovalentes o convertirlos en hospitales generales y en sus predios proceder a la creación de barrios y “guetos”, que resultarán fácilmente distinguibles para continuar con la segregación y discriminación social de las personas con padecimientos mentales. La ley establece claramente en su artículo 27° y su reglamentación, “la desconcentración gradual de los recursos materiales, humanos y de insumos y fármacos, hasta la redistribución total de los mismos en la red de servicios con base en la comunidad…”. Resulta llamativo sobre la falta de presupuesto para hacer lo que hay que hacer para salud mental (dotar de camas de internación en hospitales generales, guardias interdisciplinarias, dispositivos sociales, equipos de SM en Atención Primaria de Salud -APS-, emprendimientos sociales, cooperativas de trabajo, casas de medio camino, dispositivos de atención domiciliaria y tantos otros), pero sí aparecen recursos multimillonarios para obras, que como en este caso, no es la solución aconsejada…
Por ello, el efecto más significativo observado en la pandemia y de impacto para la instrumentación de la ley, es sin duda la política presupuestaria del gobierno. Como sabemos, el presupuesto es considerado una “ley de leyes”, en tanto debe reflejar la inversión y recursos fiscales que definen el proyecto político-económico-social gubernamental. Da cuenta de la orientación política de un gobierno o Estado.
La Ley, establece en el artículo 32°, que en un plazo no mayor a tres años de la sanción de la ley (2010-2013) el Poder Ejecutivo Nacional debía incrementar en el Presupuesto un incremento de las partidas para Salud Mental, hasta alcanzar un mínimo del 10 % sobre el presupuesto total de Salud. Como dato elocuente para estos años de la pandemia, tenemos que las asignaciones presupuestarias fueron: para el año 2020 del 1,85 % de un total ejecutado de $335.215 millones. Para el año 2021, el índice asignado fue del 1,47 % y el correspondiente al presente año 2022, le tocó en suerte el 1,35 % aproximadamente. Este presupuesto se deriva exclusivamente para el sostén de cuatro instituciones: el Ministerio de Salud (un Programa de Salud Mental), 2 hospitales monovalentes de jurisdicción nacional, la “Colonia Montes de Oca” y el “Hospital Nacional en Red Especializado en SM y Adicciones Lic. Laura Bonaparte”. El restante es la SEDRONAR – Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Merecería un análisis particularizado, la más que grave situación de la atención de los consumos problemáticos, en cuanto a la política oficial, orientada a destinar grandes recursos a instituciones privadas (que funcionan como “comunidades terapéuticas”) con dudosos resultados clínicos-terapéuticos-sociales y la exclusión de la atención de los jóvenes provenientes de sectores de bajos recursos.
Con estos datos, queda cabalmente expuesto que año tras año y desde diferentes gobiernos, no hay decisión política para asignar un presupuesto real (y obligatorio) para llevar adelante la implementación de la ley. Sin presupuesto cabal y cómo se asigna, no hay posibilidades de desplegar los indispensables recursos materiales y humanos que se requieren para el cambio de paradigma propuesto y declamado. La aplicación de la ley, al pensar de Giorgio Agamben, está en un verdadero “estado de excepción”, vigente pero incumplida.
A la luz de lo expuesto, la reflexión política que se impone, es que los efectos de la pandemia sobre la aplicación de la Ley 26.657, ha profundizado la tendencia verificada desde el momento de la sanción de la norma, esto es, un constante incumplimiento gubernamental (lamentablemente silenciado por un partidismo acrítico) y el “éxito” de los sectores corporativos para frenar su plena implementación y dominar el área de gestión. Vale recordar que desde el inicio de gestión del actual gobierno, han pasado por la Dirección Nacional de Salud Mental, un psiquiatra y una psiquiatra, “renunciados” y sin logros significativos. La preocupante noticia en estos momentos, proviene de las autoridades ministeriales de salud, que han designado para el cargo de la DNSM, a una psiquiatra que pertenece a la comisión directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), entidad que lideró una fuerte resistencia para evitar la sanción de la ley y que luego de fracasar en su intento, continuó sistemáticamente con sus ataques a la misma, esgrimiendo falaces argumentos. Sin dudas, representa los intereses de la psiquiatría hegemónica, medicalizadora y empresarial.
Queda claro, que sistemáticamente no se convoca para ocupar la máxima autoridad en Salud Mental nacional, a profesionales y trabajadores que por historia y trayectoria han tenido y tienen, un firme compromiso con la ley y con la salud pública.
Frente a estos retrocesos, que no hacen más que agravar el sostén y la reivindicación de un modelo de salud-salud mental universal, público y gratuito, emerge la necesidad de superar poderes gubernamentales y corporativos que impunemente no disimulan los intereses y privilegios que defienden. Para que la Ley 26.657 tenga posibilidades de una efectiva implementación, en momentos en que la salud mental asimila el rostro de la pobreza, se requiere de la conformación de un movimiento social que acompañe la lucha política de todos quienes nos identificamos con una salud mental sin exclusiones y plenos derechos. En el marco de un capitalismo devastador, vale recordar la frase adjudicada al filósofo italiano Antonio Gramsci: “Una sociedad entra en crisis cuando lo viejo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer”, Lic. Angel Barraco.
Por Aliné Santana, IDEP Salud ATE Argentina
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Gracias Ángel Barraco,
Claramente expuesta la posición que siempre defendiste y ahora sembras, actualizada, en otros jóvenes que han reconocido tu trayectoria, esa que supe y sé acompañar.
La tan mentada subjetividad individualista neoliberal se ha fortalecido con las políticas aislacionistas en la ‘guerra’ biológicista contra el virus conjugadas localmente con repetidas y gubernamentales claudicaciones peronistas que siguen llevando a la derrota, desarmando y desensibilizando.
Peronismo ahora crecientemente deschavado en su entrega al gran capital, visibilizandose aún mas su especialidad cooptadora e inmovilizante de tantos compañeros luchadores, de movilizados en desmovilizadores de la necesaria participación colectiva para enfrentar a los corporativismos aludidos por vos.
Gracias a vos sabemos mucho mas ahora de los enemigos fácticos exteriores y subjetivos interiorizados (´dominio extranjero exterior ´y ´dominio extrajero interior´, ´Nuevas Aportaciones al Psicoanálisis , Freud) que tenemos que enfrentar, resistir y vencer – ahora sí- desde otras profundidades , sin negar la derrota, lo sufrido y resistido en cuerpo/alma singular y colectiva y que si somos consecuentes nos empuja a no quedarnos en el consuelo y avanzar en mas profundos entendimientos sensibles del deprimete estado impuesto por el triunfo neoliberal en todo el mundo.
El desafío, entiendo, es percibir a y empoderarnos con aliados que ritmen y reverberen con nuestras potencias sensibles, imaginarias y colectivas, esas que surgen desde profundas y comunes rebeldías reprimidas, esas que sí son la verdadera excepcion al hegemónico dominio disociador del Capital . Esas pulsionalidades son y serán la fuente para nuestra meta , la implementacion de la Ley de Salud Mental 26657, esa denostada y ninguneada ley contrahegemonica y contrapoder al Capital.
Contra el Capital heredero del persecutorio Mito Cristiano fetichizado en Mercancías y acumuladando la sangre y el tiempo de los productores como abstracto y frio Capital ….análogo a su preparatorio antecesor ´espiritual´, el Mito que de(s)preció, enfrió y fetichizó los cuerpos eróticos y sensibles agigantando el terror objetivo exterior interiorizadolo como espectralidad aterradorora en cada uno de nosotros . Cristiano capitalismo productor de seres humanos disociados, ‘castrados’ de la siempreviva materialidad ensoñada sensible, singular y genérica, que nos hace humanos resistentes desde nuestras pulsionalidades alegres ( León Rozitchner, 2011. Espinoza 16…!) .
¡Mira vos lo que enfrentamos con nuestra Ley…… y lo que se debe liberar para su triunfo!
Te abrazo y en vos Ángel abracemos especialmente a nuestras compañeras del Movimiento en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, las que con sus vidas y luchas hicieron posible las leyes 448 y 26657 y en los que hoy sin claudicar insisten en su implementación .
HLVS