Los medicamentos de PAMI tienen remedio | por Mario Borini

Mario Borini, ex Titular de Auditoría de PAMI

El PAMI padece una corrupción estructural, porque forma parte de casi todas sus gestiones, aun algunas que los medios consideran habitualmente a salvo. Excede a sus 17 Interventores y 6 Directores en sus 46 años de existencia, aunque la mayoría de éstos en realidad oficiaban de Interventores al no funcionar con un Directorio ni haber sido elegidos de acuerdo a la Ley Nacional 19032 de Creación del Instituto y de sus modificatorias.

Las autoridades se suceden cada 2 años en promedio. Y los medios de difusión se hacen eco de desvíos de la gestión anterior. Sin que se produzca ningún cambio de fondo, Los desvíos que trascienden son mucho menores que los ocultos, pero bien conocidos por los afilados y por los trabajadores de PAMI que por temor suelen guardar silencio hasta su jubilación.

Entre las irregularidades de contratación luce la de provisión de medicamentos, donde sigue vigente el convenio firmado en 1997 con la industria farmacéutica por el luego procesado y condenado Víctor Alderete.

El convenio adolece de muchas y graves falencias:

La contraparte del Instituto es el grupo conformado por las Cámaras de Medicamentos, CAEME, CILFA y COOPERALA, en vez de los laboratorios, droguerías, distribuidoras y farmacias, de manera que PAMI, el mayor comprador de medicamentos en Argentina, genera el oligomonopolio que le vende el insumo más caro. Un contrasentido desde el vamos
La Industria farmacéutica es oligomonopólica en Argentina, algo contrario al declarado libre mercado: 20 entre 300 laboratorios facturan el 80% del gasto en medicamentos, 4 entre 450 droguerías concentran el 70% del mercado y 4 distribuidoras realizan el 99% de las ventas. Algo que explica fácilmente por qué aumenta el precio de los medicamentos por encima de la inflación general
Esas Cámaras nuclean y eligen a los Laboratorios más afines (o que no quiere decir los mejores) para proveer medicamentos a los Jubilados y Pensionados
Las Cámaras conforman el Vademécum de PAMI en base a específicos por su nombre de fantasía, en vez de medicamentos genéricos como obliga la Ley Nacional 25649 desde 2002. Hay aquí un incumplimiento de funcionario público desde esa fecha por parte de las máximas autoridades del PAMI hasta ahora, que involucra a sus respectivos Ministros de Salud de la Nación, un asunto digno de ser investigado por una Fiscalía
Se otorgan descuentos del 50-80 y 100% a los afiliados, sin racionalidad científica que justifique estas diferencias, dado que si son necesarios hay que cubrirlos al 100%, sobre todo en consideración al todavía penoso haber mínimo jubilatorio. Por otra parte, desde la misma industria reconocen que el pago del 50% por parte de PAMI en la franja de descuento donde el afiliado aporta otro tanto, es de suficiente utilidad para los laboratorios comerciales, razón de más para liberar del pago a los afiliados
PAMI desmanteló sus áreas de control de medicamentos, de manera que no tiene estadísticas propias del consumo real del producto que es su gasto más alto
El precio del convenio es político, o sea, sin un cálculo técnico válido que lo avale
La base del cálculo es el consumo histórico, cuando debiera ser la necesidad de los afiliados en función de su situación de salud
El gasto en medicamentos por parte de Argentina es de un 30% en relación al gasto total en salud, o sea, una vez y media más que esa proporción en países de la Región y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que incluye a Chile y México en un conjunto de 35 países mayormente europeos
Pese a que el país tiene 39 Laboratorios Públicos distribuidos en 17 Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, PAMI no los contrata, de manera que renuncia a precios mucho más bajos. La única excepción es la del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, porque produce factores exclusivos contra las fallas de coagulación
Dada la incapacidad de control de PAMI, el convenio descansa en que la Industria sea la que “controle procesos tendientes a contraer gastos que se salen de madre”, tal como reza el último acuerdo, de manera que la Comisión de Seguimiento del convenio está subordinada a datos de consumo que le provee su contraparte, la Industria
Si se suman los medicamentos por excepción que se autorizan por fuera del convenio, el gasto total del rubro llega a un tercio del gasto total de PAMI que para 2017 está presupuestado en $120 mil millones
Con la Ley de Genéricos, la Industria es la que obtiene un importante ahorro, ya que los afiliados eligen desembolsar menos dinero con los genéricos que les ofrece el farmacéutico en vez de utilizar la receta con descuento del Vademécum PAMI, o comprar genéricos en kioscos que hoy expenden sin receta el 13% de medicamentos que se consumen en Argentina, ahorros que se suman a los medicamentos prescriptos que los afiliados no retiran
El convenio no es administrado por PAMI, sino por la ACE-PAMI, una Agrupación con sede en Buenos Aires para la Administración del Sistema de Provisión y Dispensa de Medicamentos a afiliados del PAMI. El problema es que la ACE es compartida por PAMI con la Industria a la que debiera controlar

El nuevo Director Ejecutivo de PAMI, Sergio Cassinotti, rescindió el convenio que había sido renovado en febrero de 2017por el anterior Director, Carlos Regazzoni, para quien “durante 10 años se montó una estructura de robo sistemático al PAMI. El PAMI no fue una isla durante la Argentina de Lázaro Báez”, inculpando así a las gestiones de Graciela Ocaña y Luciano Di Césare (diario Los Andes, Mendoza, 4-5-2017).

Finalmente, Cassinotti firmó el pasado 28 de junio un “puente financiero” con las mismas Cámaras, prorrogando el convenio por 3 meses con un ahorro potencial de $300 millones mensuales, pero garantizando que pagará a la Industria la diferencia que exista en el consumo. Quién informará el consumo? Nada menos que la Industria, sin poder de control del dato por parte de PAMI.

Está claro que las condiciones estructurales del convenio permanecen en pie. Y pese al sobreprecio histórico del convenio, PAMI acumula una deuda de $4.500 millones por año con la Industria, dato que ésta usó para forzar la prórroga y que forma parte del déficit de $11.000 millones anuales de la Obra Social.

Cassinotti no representa el modelo de funcionario coherente con el sector público y la seguridad social, porque dirigió la empresa de medicina prepaga ACCORD durante 11 años, entre 2002-2013, o sea, hasta hace poco más de 3 años.

Por otra parte, ¿cómo puede ser un ex Director Ejecutivo de la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas (CADDE), cargo que asumió Cassinotti desde su creación en 2014, el funcionario adecuado para poner en caja el afán comercial de las Cámaras de la Industria Farmacéutica? Esta opinión tiene más asidero cuando es compartida por la Asociación de Profesionales del IOMA (APIOMA), quienes advierten en un comunicado Cassinotti no investigó la corrupción y amparó los manejos discrecionales de esa Obra Social de la Provincia de Buenos Aires (el cargo que dejó para venir a PAMI) dando “continuidad a contratos millonarios con la industria farmacéutica”. El mismo y gran problema que ahora tendría que solucionar en PAMI, como si no tuviera un conflicto de intereses.

PAMI ha sido una institución señera en programas de atención para los mayores, que ha remediado carencias graves del sistema de salud y trascendido las fronteras del país. La cuestión es, si en un balance estratégico desfavorable frente a los particularismos de adentro y de afuera de la institución, tiene hoy la autonomía política suficiente para cambiar la historia a favor de la salud de todos

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