Por Jenny Lujan, de la Asamblea de Famatina y Chilecito.
La criminalización de la pobreza y la protesta social se profundiza y avanza sobre quienes defienden la soberaníanacional en los territorios objeto de despojo entregados al saqueo de latifundistas.Existe un plan sistemático y sistematizado para crear miedo, disciplinamiento einhibición de la ciudadanía en la defensa de los derechos de protección demedio ambiente, de los bienes comunes, del agua, la tierra.
En un plenario de asambleas riojanasrealizado el pasado 13 de abril nos juntamos para analizar esta cuestión, cadaasamblea daba un panorama sobre el avance de la criminalización en cadaterritorio. En una vista a Andalgala mientras participamos de la marcha de lossábados en la misma fecha, los compañeros nos contaban sobre el tema.
Esta profundización se da con un reciclamiento de estrategias que conforman terrorismo de estado:
Instalan un clima de Violencia simbólica y material: Los gobiernos de las provincias zonificadas como mineras han creadoun organismo nacional denominado OFEMI donde los gobernadores se pasan recetasde cómo lograr la licenica social para instalar y profundizar la mienria y parecen decididos a consolidar unimplacable régimen de autoritarismo e intolerancia represiva en la materia, generalizando e intensificando la violencia. Los gobiernos provinciales y nacional y susaliados desde las estructuras del poder fáctico (las corporaciones mineras ylas fracciones de la burguesía local subordinadas, la jerarquía eclesiástica yla dirigencia ‘intelectual’ institucionalizada y los dueños locales del podermediático), les cabe la responsabilidad originaria sobre esta escalada deviolencia manifiesta que se viene instalando como ‘rutina’ en la cotidianeidadde la vida de los habitantes de estas tierras. Hay una decisión política desostener a toda costa el ‘modelo minero’. Y esto intensifica la conflictividadestructural. la porfiada insistencia de los gobiernos en avalar la mineríatransnacional a gran escala, conduce, tarde o temprano, a los mismos escenariosde represión manifiesta, violación sistemática de derechos humanos, secuestroliteral de las aspiraciones democráticas y de los más elementales componentesdel Estado de Derecho. El extractivismo neocolonial parece decidido a extremar,como política, la depredación de derechos. Hay un peligroso cambio en lasestrategias y tácticas de la política represiva en pos de aplastar laresistencia social a la minería transnacional, el gobierno provincial ha venidodesarrollando un proceso de intensificación y diversificación de la violenciaque ha terminado desembocando en la conformación de un nuevo régimen represivo.Ante las primeras manifestaciones de protesta, el gobierno provincial fueensayando distintas medidas, entre propagandísticas, disuasorias y lisa yllanamente represivas, que terminaron de plasmarse en lo que ahora asoma comoun nuevo régimen gubernamental minero
Primero. Se instala en las provincias unpacto gubernamental-corporativo que completa y perfecciona el proceso decolonización del aparato estatal por parte de los intereses minero-corporativos.El gobierno procura un pacto con las transnacionales mineras por el que elasume la tarea sucia de garantizar a toda costa la viabilidad de lasexplotaciones a cambio de casi nada: unos pocos puestos de trabajo, un lábil compromiso empresarial de incrementar suscompras ‘locales’, más la promesa de ‘responsabilidad social empresaria’ de suscostos operativos en tanto instalan una economía de enclave por tanto ir contralas empresas mineras, es ir contra los intereses mismos del ‘Estadoprovincial’. Tal como se viene perfilando ya de hace tiempo en la retóricagubernamental, la minería se instituyen como ‘oficialidad’; una ‘política deEstado’ que se pretende y se presume por encima de todo cuestionamiento de laciudadanía, al margen mismo de la voluntad popular.
Segundo: instalan un aparato de propagandaminera. Otro elemento fundamental a través del cual el gobierno avanza en laconformación de un régimen minero que se apropia monopólicamente del espaciosemiótico de lo público e instala el dela ‘minería’ como rasgo y símbolo central de la ‘identidad’. Utilizan para estorecursos del pueblo para comparar medios, periodistas haciendo campañascomunicacionales a favor mientras desprestigian a los llamados por ellos“ambientalistas”; convocan a voces del saber científico “autorizadas”intentando darle una impronta de cientificismo al saqueo y el despojo; utilizanla escuela pública y la educación sistematizada para bajar la propaganda enforma de capacitaciones a docentes con altos puntajes y grandes beneficios paraasistir, con libros y manuales hechos por las mineras.
Con la decidida colaboración estratégica delas empresas ‘periodísticas’ Instala una base de violencia simbólica en todoproceso comunicacional que suprime cualquier posibilidad de diálogo. Ante lapropaganda, no hay lugar para la argumentación. Un modus operandi y la lógica de la propaganda como comunicación políticaque ejerce violencia simbólica instalando un escenario semiótico radicalmenteautocrático e intolerante que constituye la antesala legitimatoria de todapráctica represiva posterior.
Las empresas periodísticas locales vienendisparando indiscriminadamente su artillería pesada con municiones de guerracontra la resistencia socioambiental a la minería transnacional, en nuestraprovincia, en la región y en el país engeneral. De modo cada vez más desfachatado vienen manipulando y tergiversandorecurrentemente los hechos, fabricando con sus versiones una ‘realidad’ aimagen y semejanza de sus intereses y posiciones ideológicas.
Creyéndose o sabiéndose virtualmenteimpunes (¿cómo refutar masivamente sus aseveraciones?), estos mercaderes de la‘información pública’ vienen apelando inescrupulosa y sistemáticamente a lasfalacias argumentales más burdas y a la directa distorsión y falseamiento delos hechos, a tal punto que exceden ya lo grotesco. Con su activa y deliberadaintervención vienen contribuyendo notablemente a la instalación y legitimaciónde un clima societal de autoritarismo, represión e intolerancia política que nosólo socava las condiciones básicas de un ‘estado democrático’, sino ya lasgarantías y derechos elementales de un ‘estado de derecho’. La vinculación delos principales medios comerciales con la política represiva del Estado excedeya el nivel de la complicidad y pasa a constituirse en un agente promotor clavede tales políticas. La alianza económica e ideológica que conforma la comuniónde intereses entre el Estado, las corporaciones mineras y sus súbditos, y losgrandes medios locales conforma la estructura institucional operativa del nuevorégimen minero instalado como gobierno de facto que ejerce el poder sobrenuestro territorio y nuestra población. Bajo este inédito régimen neocolonialno hay lugar ya para el ejercicio de derechos, ni para la Ley, ni para la Verdad.
Tercero: se instala y fortalece unaconnivencia de poderes,todos unidos en la represión y la criminalización. El recurso a la violenciaque ha hecho este gobierno como forma de imponer la identidad minera, porsupuesto, no se restringe al campo de lo simbólico. Ha avanzado abierta ymanifiestamente en la diversificación de las estrategias de la violenciarepresiva y material de los hechos y las armas.
En este campo ha avanzado a fuerza deensayo y error. Ellos han aprendido de nosotros, Primero han recurrido al usoburdo y tosco de la represión brutal y manifiesta tal los casos de la represiónlos violentos desalojos de los bloqueos selectivos en las rutas. Actuación dejueces provinciales en rutas nacionales, aplicación de la flamante leyanti-terrorista contra los manifestantes, represión, persecución y detención.Esto tuco un costo político para el gobierno que se define como un “gobiernoque no reprime la protesta social”.
Desde el poder judicial, la presidenta del máximo tribunal de justiciade la provincia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva , disparó “la únicasolución para los ambientalistas es la Cárcel” (Diario ElAncasti, 1° de junio de 2012). En realidad, las declaracionesde Sesto de Leiva anticiparon la convicción y disposición de las propiasautoridades de la Justiciapara actuar e intervenir al margen de la ley si fuera necesario para impedirque las protestas obstaculicen las operaciones de las mineras violando losprincipios más elementales de un Estado de Derecho.
En el ‘pacífico’ desalojo de Cerro Negro, se cometieron atropellosgravísimos. La propia Justicia y las instituciones del Estado actuaron almargen de la Ley. Lafiscal provincial de Tinogasta (Silvia Álvarez) extendiendo ilegalmente suinjerencia en jurisdicción federal y sin mediar comisión de delito de alguno;la policía de la provincia procediendo a la literal usurpación y posteriordeportación de un colectivo que trasladaba a 54 personas cuyo único ‘delito’fue venir a solidarizarse con la medida de protesta decidida por las asambleasde Catamarca y de todo el país en el Acampe de Cerro Negro; interviniendo conla más absoluta arbitrariedad y abuso de poder, golpeando y amenazando a losque procuraron resistir semejante atropello y actuando aún como ‘fuerzas deseguridad’ en territorio jurisdiccional de otras provincias (La Rioja y Córdoba); más, laactuación ilegal de policías ‘de civil’ que engrosaron las filas de los‘manifestantes pro-mineros’. Y por si todo esto fuera poco, la detención ilegalciudadanos. Efectivamente, como en tiempos de la dictadura, en Cerro Negro seprocedió a la privación ilegítima de la libertad de personas, al secuestro y ladetención arbitraria de ciudadanos, sin la previa eventual comisión de delitos;agentes y oficiales de justicia actuaron violando la propia normatividadconstitucional, avasallaron competencias jurisdiccionales e incluso la divisiónfuncional de poderes. Se violentaron fundamentos básicos del Estado de Derecho.Todo, con el único fin de impedir el bloqueo temporal de los insumos a MineraAlumbrera.
Así, el poder minero no se contenta conhaber colonizado el aparato administrativo del Estado, sino que ahora inclusoarremete contra la propia institucionalidad formal violando flagrantemente losprincipios más elementales del ordenamiento constitucional. Como en otrosterritorios de América Latina, el régimen minero se muestra manifiestamenteincompatible con el Estado de Derecho y con el respeto de los Derechos Humanos.
Cuarto: los nuevos grupos de tarea y la tercerización de lapolítica represiva. Ante los hechos consumados de la violación del ordenjurídico, desde el Estado se instala un clima de impunidad que se complementacon la ‘tercerización’ y el camuflaje ‘social’ de la política represiva. Desde el gobiernoprovincial y de ciertos gobiernos municipales se recurrió al reclutamiento deuna fuerza de choque dirigida a instigar y amedrentar a los manifestantes en laruta. En Cerro Negro se ha visto el recurso a esta estrategia en su máximaexpresión: la formación de grupos para-estatales, que contaron con todo elrespaldo logístico y político de las autoridades provinciales y policiales paraactuar con total impunidad y enfrentando a fracciones de la población en unbrutal enfrentamiento de pobres contra pobres.
Puro abuso de poder. Usurpación y ejercicio de facto de la fuerzarepresiva del Estado al margen de la propia legalidad que pone en suspenso lasgarantías constitucionales y que deja a la ciudadanía en condiciones deindefensión jurídica. Cabe tomar nota de que, sin exagerar, éste es uno de losrasgos básicos de lo, en la ciencia política, que se conoce como ‘terrorismo deEstado’.
se puede constatar que el gobierno ha venido alimentandoirresponsablemente una creciente escalada de violencia –de la material y lasimbólica, de la manifiesta y la latente; de la institucional y de laextra-oficial- dirigida a arrancar de cuajo todo vestigio de resistencia y/omanifestación popular en contra del ‘modelo minero’, asumido como ‘política deEstado’.
descalificación absoluta a los interlocutores ‘ambientalistas’ y del presupuesto intransigente e innegociable de que la minería sehace ‘sí o sí’. En ese marco, la violencia se encarna como un rasgo estructuralde nuestra sociedad local; una sociedad sometida a un brutal colonialismo histórico que, por supuesto, no esreciente. Pero no hay que perder de vista quiénes son, en realidad, losauténticos productores de esa violencia. Es que violento no es cualquiera, nique se lo proponga. La violencia originaria sólo surge de y desde el lugar delpoder. Los violentos de verdad no son ‘los que quieren’, sino los que puedenserlo; es decir, los que tienen el control sobre los recursos y medios deviolencia; la capacidad objetiva y estructural para ejercerla.
Amedrentamiento, persecución ydescalificación de quienes se manifiestan reclamando a favor de la vida:“Ignorantes”, “desinformados”, “ideologizados”, “irracionales”,“fundamentalistas”, categorías que habitualmente se emplean para aludir asujetos y colectivos que se oponen a actividades extractivas que, como lamegaminería a gran escala.
Persecución laboral con cesantías, sumariosadministrativos, no renovación de contratos, violación del derecho a concentrarhoras en una institución en caso de docentes, afectaciones de empelados alugares geográficos que violan el derecho de mantenerse junto a sus familias,quita de beneficios sociales tales como becas y planes sociales, impedimento deingreso a listados de aspirantes a viviendas, etc.
Cooptación de experto y técnicos: Asistimosactualmente a una nueva estocada del poder minero sobre la ley de presupuestosmínimos de protección de glaciares (Ley 26.639). Esta vez, en el campo deburlar su aplicación. Todas las artimañas son, al parecer, válidas. Hasta la dela cooptación de “expertos”, o “técnicos” que, presentándose bajo el manto dela “objetividad científica”, certifican y sentencian visiones de la realidadmuy a la medida de los intereses corporativos. Dres. como Matthias Jakob yPablo Wainstein, presentados como “prestigiosos científicos intervienen en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadoscriticando la ley de glaciares. Nadie dice que estos “prestigiosos científicos”pertenecen a la consultora canadiense BGC, empresa internacional con sede enVancouver, costa occidental de Canadá, que se ha expandido a América del Sur,Africa, Asia, Europa y Australia y va de la mano de las megaminerasmultinacionales trabajando para la Barrick.
Así asistimos a un ya clásico “recurso” delas industrias extractivas, las que para apropiarse de los territoriossometidos precisan también de una poco disimulada maniobra de apropiaciónepistémica, recurriendo sistemáticamente a la “sabiduría académica de expertos”fuertemente ligados por jugosos contratos a las propias empresas interesadas en“tener” el control de la “verdad” sobre los territorios.
La mercantilización de los bienes comunesde la naturaleza, va de la mano con la mercantilización del “conocimiento”.Para las mineras, la “verdad científica” es, ni más ni menos, una mercancíaestratégica que pueden manipular a su antojo.
Profundización del clientelismo: creandomunicipios paralelos por donde canaliza la asistencia social acompañada de unagrotesca y burda propaganda de actos de gobierno propios de proselitismoelectoral cuando es obligación del gobierno asistir a los pobladores. Uso delos dineros del pueblo para entregar electrodomésticos, fardos de pasto y maíza productores previo acurdo de manifestarse a favor del desarrollo minero en la provincia caso los Llanos riojanos, disciplinado yacallando la protesta
Judicialización de la protesta social: Los gobiernos malversan la representación política de su pueblo y usa lafuerza represiva del Estado contra su propio pueblo alzado en defensa de susfuentes de agua y su suelo. Las judicializaciones hablan a las clarasdel entorno represivo que se ha instalado y que se va profundizando en ungobierno servil, a disposición de los grandes capitales minerostransnacionales, enfrentado contra su propio pueblo. La judicialización decompañeros con aplicación de cauciones caso Famatina 17 compañeros, Andalgalaimputados con pruebas en el facebook, etc. con gran agilidad de las causaspenales cuando se trata de nosotros los pobladores de cada territorio, con elpropósito de disciplinar y silenciar elreclamo de todos los pueblos, ignorándose la opinión y derechos de lospueblos. Todo vale cuando de profundizar el modelo extractivista se trata. Unavez más, el famoso artículo 194 del Código Penal puesto al servicio de lastransnacionales que fagocitan el agua y el suelo, abriendo caminos alextractivismo a costa de la criminalización de su propio pueblo.
La instalación de un clima generalizado de (auto)censura, miedo socialy/o de resignación con auto inhibición de los derechos ciudadanos:
El nivel de expropiación al que comopoblaciones de un territorio-objeto-de-saqueo nos vemos sometido es ya extremo:alcanza ya el más elemental plano de la institucionalidad formal y el de lalegalidad. Lo que debería ser considerado como expresión de virtud cívica,necesaria en un estado democrático, (la activa participación ciudadana en ladefensa de los intereses generales), se lo asimila lisa y llanamente a unafigura delictiva. Hay, de hecho, un avance del derecho penal represivo sobre laórbita de los derechos humanos básicos. Los ciudadanos son considerados y tratados comodelincuentes por el solo hecho de manifestarse, aún haciéndolo pacíficamente yen el más estricto respeto por la legalidad. Venimos asistiendo a laprogresiva configuración e imposiciónde un nuevo régimen gubernamental de facto. Hay una nueva configuraciónde poder que rige en los territorios provinciales, estructurada a partir de laarticulación funcional y operativa de autoridades electas y poderes fácticos,que se impone por encima del ordenamiento jurídico constitucional, disolviendogarantías y derechos básicos, licuando la división de poderes y de competenciasjurisdiccionales, y que se sirvediscrecionalmente de las instituciones y funciones del Estado con la únicafinalidad de viabilizar las operaciones de las grandes empresas mineras queactúan en las Provincias.
Para nosotros, quienes estamos en“territorios mineralizados” esto es TERRORISMO DE ESTADO
El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodosilegítimos por parte de un gobierno orientados a inducir el miedo o terror enla poblacióncivil paraalcanzar sus objetivos .
El terrorismo de Estado adquiere una o varias de las formassiguientes:
Uso de la coacción o persecución ilegítima,el secuestro, desapariciones forzosas,la tortura, el asesinato o ejecuciónextrajudicial.
Creación de organizaciones terroristas clandestinas, apoyo alas mismas.
Instrucción a las fuerzas de seguridad para que actúe de tal manera que cause terroren la población civil.
El terrorismo es el uso sistemático del terror,1 para coaccionar a sociedades ogobiernos.
El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de estado por el hecho de que en éste último caso susautores pertenecen a entidades gubernamentales.
La palabra «terrorismo» tiene fuertes connotaciones políticasy posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definiciónprecisa.
Terror, (del latín terror, terroris) es el sentimiento de miedo en su escala máxima.
Pero sabemos que no ocurre solo en lasprovincias mineras, está ocurriendo hoy en todo el país y en Latinoamérica,Ejemplos en estas últimas semanas:
Lunes, 22 de abril de 2013
Por DaríoAranda- Derechos vulnerados en el Sur
Petroleras, mineras y estancieros avanzansobre pueblos indígenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial ypolítico. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio deDerechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de lavulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347mapuches judicializados por defender el territorio.
Desalojos, presiones inmobiliarias,intereses económicos y ausencia de un programa integral de vivienda en Córdoba
Córdoba, 20 de abril de 2013
Desde el Colectivo de Investigación“El llano en llamas”, denunciamos y repudiamos los procedimientos “irregulares”y el accionar absolutamente impune y violento de la Policía de la Provincia de Córdoba,ordenado, impulsado y amparado por el Poder Judicial, que tuvo lugar endiferentes lugares del territorio provincial en los últimos días.
Detenciones en Corrientes 21 de abril de 2013 12:57
Los pobladores del Iberá sufrieron la detención ilegal y arbitrariapor más 10 horas en la comisaría número 20 de la Ciudad de Corrientes.Oficialmente nunca estuvimos detenidos, pero no nos podíamos ir, oficialmenteno había denuncia alguna, pero hubo compañeros imputados vía Telefónica por elJuez Cochia. De manera preventiva el vehículo de uno los pobladores del iberáquedó secuestrado y su dueño también fue trasladado a la Jefatura Policialy fichado sin informase porqué delito o denuncia.
En el Día de la Tierra criminalizados pordefenderla. Puerto Madryn,21 de Abril de 2013 Foro Ambiental Social de la Patagonia – PuertoMadryn- El lunes 22 será la audiencia de apertura de investigación por laspintadas realizadas en la municipalidad y el concejo deliberante de PuertoMadryn. El poder políticose empeña en criminalizar la protesta actuando de manera violenta para ignorary silenciar nuestras demandas. Ellos quienes liberaron una zona para unaemboscada violenta y agresiva. Fueron Ellos quienes bajaron línea para que nose investiguen los nombres de los integrantes de la UOCRA que nos golpearon el27 de noviembre de 2012.
Jueves, 18 de Abril de 2013 Procesado por»usurpar» su propia tierra, Félix Díaz de la comunidad qom procesadopor la justicia de Formosa, feudo Gildo Insfrán, por ¡usurpación de su propioterritorio!
Mujeres Wichí Golpeadas por patota
Formosa: Mujeres Wichí Golpeadas por patotaparapolicial del Intendente Cristino Mendoza al servicio de los Gobiernosgenocidas nacional argentino y provincial. Territorio del pueblo indígena Wichíde Comunidad Suell Yis de Ingeniero Juárez, Formosa, Argentina, madrugada del 20 de abril de 2013 –
abr 18th, 2013 Por Darío Aranda- Neuquén:violencia permanente contra el Pueblo Mapuche- Observatorio de DDHH de pueblosoriginarios
“Diez personas encapuchadas al estilo de ladictadura cívico-militar portando elementos contundentes y armas blancasamenazaron de muerte a hombres, mujeres y niños que se encontraban en la ruka(casa) comunitaria del Lof Felipin”, denunciaron las comunidades Cayupan,Paineo y Felipin, de Neuquén. Fue la última de una serie de amenazas quecomenzaron en enero pasado, cuando se inició una conflicto territorial con unempresario. Lascomunidades acusaron al gobernador Jorge Sapag y al Poder Judicial neuquino por“no actuar en concordancia con el ordenamiento jurídico” que protege losderechos indígenas.
Esta semana en Salta fue reprimida una comunidad, hay 15Wichís heridos Y los Wichí que lograron escapar al freno de la Gendarmería paradenunciar en Buenos Aires con un Congreso diciéndoles que los apoyaban, cuandono tienen ni garantizada su vida para poder regresar, y mientras tanto las mujeresque mantienen el corte en la Rutanacional 81 en reclamo de agua, luz, acceso a la salud y educación para sucomunidad han sido esta noche golpeadas por una patota parapolicial delIntendente, que son sicarios a sueldo, indocumentados que recluta en lafrontera, tras que intentara desalojarlas la semana pasada la Gendarmería que pareceque ya encontró quien haga el trabajo por ellos.
Jueves, 18 de Abril de 2013 Piden perpetuapara petroleros de Las Heras- 6 trabajadores, son acusados de la muerte del policíaSayago, en base a declaraciones bajotortura, luego de la pueblada del año 2006, en Santa Cruz, en medio de una granlucha unitaria en la que participo todo el pueblo de Las Heras, poniendo enjaque el impuesto a las ganancias sobre el salario y la precarización laboralde las petroleras.
Con lo dicho compartimos nuestra miradasobre los gobiernos progresistas que han profundizado el modelo extractivistaviolando los derechos humanos elementales con el solo propósito de favorecer eldespojo de nuestros bienes comunes.
Paradójicamente, los gobiernos másauténticamente populares y potencialmente revolucionarios de NuestrAmérica, losque llegaron al poder con la sangre y la lucha de las entrañas de nuestropueblo, los que conmocionaron al mundo con sus propuestas del Buen Vivir y laproclamación constitucional de los Derechos de la Madre Tierra, sonhoy, los que más están haciendo a favor de vaciar de contenido, de deslegitimary de desechar estas verdaderas proclamas del Buen Vivir, no la proclamamos como ‘urgencia política en nombre deningún romanticismo ideológico-político, la reclamamos como necesidad en virtuddel más prosaico imperativo de supervivencia… Porque es eso lo que está enjuego… Para las ‘mentes’ educadas’ en la tan civilizada razón científica –esa,adiestrada en el arte de no sentir- esto puede sonar y de hecho así loconsideran, como un ‘discurso catastrofista’… Ciegos de la peor ceguera, loscientíficos modernos han sido educados y formados en el arte de conocer paradominar – no distinguen la experimentación de la tortura (como decía el viejoprofeta germano-chileno Himkelammert)… Entonces afirman, ‘que no haypruebas suficientes’ y mientras tanto, se dan la vuelta y se vuelven a suslaboratorios refinadamente patrocinados por las mismas corporacionesresponsables del gran desquicio en el que estamos inmersos, a seguir jugando‘ser dios’, jugando con la vida y en realidad, rindiendo culto al único diosimperial moderno….
El colonialismo es así violencia geológica;un suelo duro, endurecido, de múltiples capas de injusticias acumuladas. Dedolor y muerte de los expropiados de humanidad. De territorios y cuerposarrasados, violados, desangrados… De poderosos, dichos ‘dueños’ que compran consus billetes la tierra, la vida y la impunidad… Que compran la ‘verdad’, la‘justicia’ y la ‘libertad’… Que privatizan el agua y las simientes… Que quierenprolongar infinitamente la violencia inmemorial.
Saqueo que para el caso del plansistemático de exterminio indígena apunta a los territorios a los que tienederecho una parte de la población, que si logran que no existan más, podránapropiar en su totalidad, y para lo cual el ultimo límite y escollo loconstituyen los luchadores indígenas, puesto que el respeto a la vida y a lasleyes que los reconocen están dibujadas para los que se apropian del poder delEstado justamente con el fin de tener impunidad para violarlas
No podemos dejar de tomar conciencia sobreello; ni podemos permitir que se siga avanzando en este rumbo. Pues lapasividad, la falta de reacción ciudadana, ya sea por temor, por resignación,por ‘cansancio’, ‘comodidad’, o por conveniencia, nos convierte literalmentecómplices del curso de los acontecimientos.
Agradezco al compañero Horacio Machado porcompartir generosamente sus conocimientos y saber decirlos de manera sencilla ysimple pa que lo podamos entender todos.
Fuente: Miguel Mirra – Notas – FB
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