Ramona Medina, comunicadora de La Poderosa que hace algunos días denunciaba falta de agua en la Villa 31, falleció hoy por coronavirus. El caso pone en primer plano la desatención del gobierno porteño y la necesidad de afectar intereses del poder para que la crisis no la sigan pagando siempre los mismos.

Por Carlos Saglul | Cuando la Villa 31 tenía ya más de quinientos casos detectados de coronavirus, se conoció que el gobierno porteño pagó dos millones de dólares para el asesoramiento “en la contratación de recursos humanos para la relocalización de quienes viven en el sector que está debajo de la autopista”. ¿Es necesario agregar que la empresa beneficiaria del contrato venía cobrando otros tantos millones de la administración Larreta por tareas similares? El contexto se complementó con los grandes medios de comunicación elogiando el desempeño del gobierno de Buenos Aires en la pandemia, dirigentes de oficialismo resaltando su coordinación con el gobierno nacional mientras La Poderosa se desgañitaba denunciando la masacre que se venía en las villas. Esta nota se escribe cuando hace minutos se informó de la muerte por coronavirus de la referente y vocera de La Poderosa en el barrio Padre Mujica, ex villa 31, Ramona Medina.

Los barrios y la peste

Mientras Ramona, sin saberlo, anunciaba su propia muerte, los funcionarios decían “en la ciudad las mediciones sobre los contagios nos dan bien. El problema está centrado en los geriátricos y las villas”. No se necesita pagar miles de dólares a ninguna consultora para enterarse que lo primero que se hace en una urbanización no son las azoteas sino el tendido de servicios públicos como el agua. Un derecho humano, por más que ya algunos no lo recuerden

La Villa 31, que no es el único caso, estuvo 11 días sin agua, y todavía hay rincones sin suministro y otros con baja presión. ¿Cómo se supone que la gente evite salir del barrio tan siquiera en busca del vital elemento? Más que selección natural, el coronavirus –para el pobre y villero- puede significar una condena a muerte. Para los neoliberales y la derecha, es natural que sobrevivan “los más fuertes”, es decir los que tienen guita y viven del lado de la grieta que tiene agua, luz y gas a pesar de que a veces no paguen ni los impuestos.

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El tiempo me enseñó

“El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los miserables” canta Tabare Cardozo. “Miserables” les dijo el presidente Alberto Fernández a Paolo Rocca y los dueños de Techint cuando iniciaron la larga cadena de despidos, que aún no termina, y parece respuesta a la prohibición de cesantías del gobierno. Ahora nos enteramos que la multinacional de la familia más millonaria de la Argentina, junto al Grupo Clarín (que se dispone a cerrar la empresa Polka) y McDonald’s, serán auxiliadas por el Estado para pagar los salarios de su personal. El Estado, es un espacio en disputa.

Después del acuerdo entre la CGT y los grupos económicos concentrados, convalidado -no sin disputas internas- por el gobierno, se produjeron cientos de despidos, y rebajas salariales.

No son pocos los que en el oficialismo hacen lo posible para que se olvide en un cajón el denominado impuesto a la riqueza. Se trata de apenas un gesto simbólico que en nada pone remedio a la injusticia impositiva que impone condiciones poco viables para salir de las dos pandemias seguidas que sufrió el país: el gobierno de Mauricio Macri y el COVID -19.

Después de hacer ganancias millonarias esquilmando a los usuarios durante el anterior gobierno, ahora impedidas de imponer nuevos aumentos, las compañías de servicios juegan al gato y el ratón, enviándole boletas con importes impagables a sus usuarios. Aprovechándose que no hacen mediciones, calculan quién sabe cómo, con la impunidad de siempre, cuanto hay que pagarles a la salida de la emergencia. ¿Podemos seguir discutiendo a esta altura de la historia que el agua es un derecho humano y no una mercancía? Las villas no están en Marte, muchas se ubican en el corazón de las ciudades o pegadas a ellas, la peste lo recuerda. La muerte como la enfermedad superan la lucha de clases. Aún en los barrios más cerrados, la mucama, el jardinero, quien recolecta la basura puede venir de un barrio pobre.

La aprobación del impuesto a la riqueza es importante porque si ni siquiera esa mínima contribución puede fijar el Estado, ¿qué capacidad tienen en establecer una justicia impositiva? Tenemos una clase parasitaria que se enriqueció sin trabajar ni invertir, son los que hasta hace meses atrás se repartían las ganancias, las fugaban y después pedían créditos al Estado para seguir la fiesta. Ahora se declaran, insolventes hasta para pagar salarios. Si el Estado no se les impone, no hay salida. Ahora simplemente desgastan al gobierno subiendo el dólar ilegal, despidiendo. Y en caso de no doblegarlo, todos sabemos cómo es lo que viene después, basta mirar alrededor en el continente.

Slavoj Zizek, optimista ve a la pandemia como un golpe fatal al neoloberalismo; Byung Chul Han, supone que redoblara los mecanismos de control de una sociedad cada vez más desigual y represiva. La historia no la escriben en soledad los virus ni los medios de comunicación. La última palabra la tienen las mayorías populares. Vivimos una crisis de magnitud pocas veces vista. Para conquistar una vida digna, primero es necesario sobrevivir.

El ingreso básico universal significa eso. Si en medio de esta verdadera catástrofe, la dirigencia política no logra modificar la estructura impositiva, debería pensar seriamente si es posible seguir sosteniendo un sistema democrático aún en sus expresiones formales en medio de la pandemia permanente que significa la distribución cada vez más regresiva de la riqueza.

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