La provincia de Buenos Aires da el primer paso hacia la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, en consonancia con la larga lucha de los trabajadorxs por la desmanicomialización de la atención de salud mental que garantice los derechos de los usuarios y trabajadorxs del sistema sanitario.
Se realizó la primera reunión la comisión interministerial de salud mental y consumos problemáticos.
A continuación la nota completa publicada en NuevaBA.com
Hacia el fin de los manicomios
La Provincia da el primer paso para la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental
Hoy se reúne la comisión interministerial de salud mental y consumos problemáticos, cuya conformación se anunció el pasado lunes. El primer objetivo tiene que ver con los planes de adecuación de los neuropsiquiátricos para la desmanicomialización que anunció Kicillof.
Por Juan Vera Visotsky
La comisión interministerial de Salud Mental y consumos problemáticos tiene hoy su primera reunión para empezar a garantizar el pleno cumplimiento de la Ley nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que busca poner fin a los manicomios.
La Provincia de Buenos Aires adhirió en 2014 (Ley Provincial 14.580) a esta reglamentación nacional que estableció al año 2020 como fecha límite para sustituir los neuropsiquiátricos por otros dispositivos de atención de corte comunitario. Este proceso se inició en territorio bonaerense el 10 de diciembre del 2020, en el Día de los Derechos Humanos. Casi no hubo avances, mucho menos sustanciales, durante todo el mandato de María Eugenia Vidal.
La Comisión, que estára coordinada por la subsecretaria de Salud mental Julieta Calmels, buscará producir un cambio en el modelo de atención de salud mental, con dos ejes centrales que son centrales en la Ley Nacional: la restitución de derechos y la inclusión social de las personas, proponiendo un cambio de abordaje en la atención de los problemas de salud mental, diseñando políticas de cuidado en el marco de un sistema sanitario con acceso integral e igualitario.
En primer lugar la comisión trabajará los planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos, los cuales tienen componentes distintos en toda la Provincia. “Por un lado están los que son plenamente sanitarios; y por el otro están los que cuentan con componentes que requieren otras estructuras como vivienda, hábitat, cultura, memoria y educación por eso es que la ley indica que se debe armar esta comisión
La Provincia avanza así en un proceso de desmanicomialización, en base a la transformación de los hospitales psiquiátricos en nuevas instituciones sanitarias enmarcadas en la comunidad, para avanzar hacia un modelo sin exclusión ni estigmas en la atención de la salud mental.
El lunes en conferencia de prensa el Gobernador Axel Kicillof expresó: “El esfuerzo realizado incluso durante la pandemia para elaborar y articular las políticas necesarias para que los derechos de quienes sufren estos padecimientos dejen de ser sistemáticamente vulnerados”.
El objetivo concreto del gobierno respecto a este asunto lo declaró el ministro de Salud, Daniel Gollán: “Cuando nuestra gestión termine no habrá más manicomios ni neuropsiquiátricos en la provincia de Buenos Aires”.
DATOS DEL CENSO NACIONAL DE 2019
En 2019 se realizó el primer relevamiento censal de la situación de los neuropsiquiátricos en el país. El relevamiento –que se inscribe dentro de lo establecido en el art. 35 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657–, se realizó durante el año 2018 y 2019 e incluyó a todas las instituciones públicas y privadas con internación monovalente del país. En total se censaron 162 instituciones, 41 de las cuales pertenecen al sector público.
Los principales resultados indicaron que a esa fecha en nuestro país había un total de 12.035 personas internadas por motivos de salud mental y la mitad de ellas se encuentran alojadas en instituciones del sector público. El lapso de internación de los pacientes promedia los 8,2 años, siendo de 12,5 años en el sector público y de 4,2 en el sector privado.
En cuanto a las características de la población internada, la media de edad fue de 50 años y el rango fue de 37 a 63 años, registrándose el mínimo de edad en 7 años y el máximo en 96. Mientras que en lo que respecta a la identidad de género: el 49,1% se identificó como masculino; el 45,4% como femenina; el 0,5% intersexual; el 4,7% figura sin dato y un 0,2 se reconoció como trans femenina y trans masculino.
Otros de los aspectos censados fueron la situación económica y de vivienda de las personas internadas. El 68,8% manifestó tener ingresos, aunque el 72% de estas refirió no administrarlos. En tanto, el 58% de las personas internadas dijeron tener vivienda, pero sólo el 74% de estas refirió poder disponer de la misma.
