El Senado por unanimidad convirtió en Ley, el proyecto que ya contaba con media sanción en Diputados, que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia. Fue impulsada a consecuencia del aberrante caso mediático de Lucio Dupuy, un nene de 5 años que murió en La Pampa, producto de fuertes golpes, abusos y destratos por parte de su madre y su pareja, en primer instancia; y por un encadenado de mal funcionamiento de las personas que llevan adelante los estamentos de la salud, la ley, la educación, y así sucesivamente, en segunda instancia.
Por Antonella Zuccarelo, IDEP Salud ATE Argentina
En qué consiste la norma
El proyecto establece nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de «Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes». Recibió la aprobación del Senado, de Diputados y el aval de la Cámara alta; conformada por 8 artículos donde explica el fundamento, el contenido y los procesos para llevar a cabo los recursos de la prevención y detección de situaciones de violencia.
En primer lugar, tiene como objetivo la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estableciendo las capacitaciones obligatorias “para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. Y, no cumplir con esta instrucción, se considerará una falta grave.
Dichas capacitaciones contarán con un contenido mínimo establecido en la norma:
- Pautas de alarma específicas e inespecíficas de las distintas formas de violencias, maltrato físico, negligencia, descuido o abandono, abuso sexual, abuso de poder, maltrato psicológico, y todo elemento que permita dar cuenta de la afectación de Derechos de niños, niñas y adolescentes.
- El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sus integrantes e implicancias. El principio de corresponsabilidad, deber de comunicar y el derecho a la protección de identidad del denunciante.
- Formas, protocolos, procedimientos y canales para requerir intervención conjunta de instituciones públicas especializadas.
- Derechos de niños, niñas y adolescentes. Normativa internacional, nacional y local de protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.
A su vez, dispone que el Estado deberá realizar campañas de concientización semestrales que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes, y dónde denunciarlo. Que deberán seguir los lineamientos de los contenidos mínimos previstos en las capacitaciones.
Asimismo, establece un protocolo de actuación conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para la conformación de “una nómina de indicadores de riesgo para distintos tipos de maltrato infantil, unificar los criterios de actuación a nivel nacional, realizar pautas de actuación en coordinación con los entes provinciales y estatales de actuación que garanticen la trazabilidad de las denuncias, y establecer mecanismos accesibles y apropiados para garantizar la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente al servicio de justicia”.
Además, prevé la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita.
Otro recurso que dispone, es el deber de comunicar, por parte de los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes. Con la reserva de identidad, que protege a aquellas personas, que con conocimiento de alguna situación de maltrato infantil, realizan la denuncia.
Y en relación con lo anterior mencionado, se encuentra el deber de recepcionar denuncias, por cualquier persona que tenga conocimiento de actos o indicios de violencia que afecten a los niños, niñas y adolescentes, incluso cuando estas no constituyan delitos, podrá denunciar los mismos ante autoridad administrativa o judicial. “El agente público o autoridad judicial que sea requerido, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público. La denuncia no tendrá requisitos formales, y podrá formularse sin patrocinio letrado, exenta de todo gasto o sellado”.
La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También la Secretaría será la encargada de producir los contenidos del Plan Federal de Capacitación, en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).
A modo de reflexión, la norma, las palabras y la obligatoriedad muy lindas quedan, y se festejan los avances y creaciones de estas. Pero nos preguntamos cuál será su real implementación, sí el estado que aprobó esta Ley se hará cargo luego de controlar su implementación y buen funcionamiento, sí pondrá los recursos necesarios para que esto suceda, o si solo quedará en correctas palabras. Porque como ya se viene denunciando de manera recurrente, que las normas están y son muchas, pero su verdadero cumplimiento y aplicación no lo es; como así tampoco la imputabilidad de su no cumplimento.
Una y otra vez, nos vemos ante casos aberrantes de violencia infantil, porque el mal funcionamiento encadenado de un sistema que debería estar al servicio de las infancias como lo establecen los tratados internacionales y todos los organismos mundiales que las protegen, e incluso nuestra Constitución Nacional. NO FUNCIONAN. Lamentablemente la situación de Lucio Dupuy, se hizo visible por el tratamiento mediático que obtuvo, que lo celebramos ya que sino no hubiera sido lo que fue. Pero como Lucio hay infinitas situaciones que quedan en la marginalidad e invisibilización, todos los días desde hace años, con un sistema colapsado, con falta de presupuesto, con falta de personal, con falta de humanidad y compromiso por parte de nuestros representantes. Por eso exigimos el compromiso y la mirada atenta del estado para proteger a las niñeces.
